Una Perspectiva Económica de la Actualidad Colombiana

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  • Presupuesto a la inglesa

    El presupuesto de 1993 debe ser discutido con extremo
    cuidado y revisarse con lupa por parte de toda la ciudadanía con el fin de
    evitar que el producido de la reforma tributaria se dilapide.

    Cada año por esta época comienza en Colombia la discusión
    presupuestal.  El ciudadano común se
    pierde en esta danza de cifras.  Los
    valores mencionados en los medios de comunicación son de tal magnitud  que prácticamente nadie puede comprender la
    verdadera dimensión del presupuesto del gobierno.

    Los grandes fracasos de la gestión pública en Colombia como
    el del sector eléctrico, el Metro de Medellín y la quiebra de ciudades como
    Pasto nos están mostrando que el sistema presupuestal colombiano adolece de
    muchas fallas que tienen que ser corregidas si se quiere que el Estado
    colombiano sea más eficiente.

    La falta de discusión de alternativas presupuestales es una
    de las grandes limitaciones en el presupuesto colombiano. El público nunca
    tiene una opción con la que pueda comparar la propuesta del gobierno.  Cuando se aprobó el Metro de Medellín, no se
    considero una tecnología de transporte de menor costo. Tampoco se consideró la
    posibilidad de realizar un programa de mejoramiento urbano que atacara
    problemas más apremiantes de los estratos más pobres del Valle de Aburrá.

    El poco interés de la ciudadanía en el proceso presupuestal
    ha permitido que los gobernantes de turno nos embarquen en los famosos elefantes
    blancos.  Los Alcaides de Verdad buscan
    inmortalizarse en obras de concreto sin preocuparse de la manera en que se van
    a pagar dichas obras.  Este torrente de
    obras mal concebidas, no solo aumenta de manera alarmante los impuestos sino
    que muchas veces requiere de un endeudamiento creciente.

    Cuando no hay controles efectivos en el proceso
    presupuestal, los grandes errores tienden a reproducirse.  Colombia es, sin lugar a dudas, el país del
    Mundo con más aeropuertos internacionales. 
    En este juego presupuestal los habitantes de Medellín, Barranquilla y
    Cali pueden apoyar la construcción de un aeropuerto internacional de Cúcuta
    porque saben que en el futuro podrán alegar que sus ciudades también merecen
    tener su propio aeropuerto.

    Una idea muy interesante para mejorar el proceso
    presupuestal aparece en el último de la revista The Economist.  En lugar de tener discusiones separadas entre
    el ministro del Tesoro y cada uno de los ministros las discusiones
    presupuestales se van hacer de manera colegiada.  En este esquema ideado por el maquiavélico
    Norman Lamont, cada ministro tiene un incentivo en atacar los malos proyectos
    de sus colegas, por cuanto los ahorros que se hagan pueden ser incorporados en
    su propio presupuesto por quien logre demostrar que ese gasto es
    innecesario.  Si este procedimiento se
    adoptara en Colombia sin lugar a dudas impediría gastos tan innecesarios como
    los famosos aviones Kafir.  Los ministros
    de Salud, Educación, Justicia verían una oportunidad magnífica de aumentar sus
    presupuestos tratando de eliminar las malas inversiones en el Presupuesto de la
    Defensa.  El Ministro de la Defensa por
    su parte tendría que convencer no solo al Ministro de Hacienda y al Director de
    Planeación sino a todo el Gabinete en pleno.

    El presupuesto de 1993 debe ser discutido con extremo
    cuidado y revisarse con lupa por parte de toda la ciudadanía con el fin de
    evitar que el producido de la reforma tributaria se dilapide.  La adición presupuestal de 1.6 billones de
    pesos para pagar burocracia al mes y medio de aprobada la reforma tributaria,
    debe abrirnos los ojos sobre lo que nos espera en el futuro si no hacemos
    reformas importantes en el proceso presupuestal colombiano.

  • Fallas del mercado o fallas del Estado

    El “proceso
    dinámico y flexible de planeación a largo plazo” nos condujo al
    racionamiento de comienzos de los ochentas, seguido por un
    sobredimensionamiento a mediados de la década y al nefasto racionamiento de
    1992.
    Los adeptos a la
    intervención del Estado han argumentado que, contrario a lo que nos enseña la
    teoría económica, el dejar operar libremente a las fuerzas del mercado no lleva
    a una buena asignación de los recursos. Por lo general se invoca la existencia
    de las llamadas fallas del mercado para justificar la intervención del
    gobierno, presumiendo, eso sí, que el gobierno nunca falla y que la
    intervención se va a realizar teniendo en cuenta lo que le conviene a la
    sociedad.
    Un ejemplo del tipo de
    argumento que ordinariamente se da para justificar la intervención del Estado
    se puede encontrar en el último número de Coyuntura Económica, en un artículo
    de Guillermo Perry titulado “Lecciones del racionamiento. La nueva Ley
    eléctrica    “. “Sin embargo, el mercado libre no garantizaría que en
    el futuro se eviten riesgos altos de faltantes de capacidad, y en consecuencia
    de racionamientos agudos o, por el contrario, la aparición de excedentes muy
    grandes de capacidad que representen una asignación ineficiente de recursos en
    la economía y que conduzcan a la quiebra financiera de las empresas públicas o
    privadas que participen en esa actividad. Tampoco garantiza, como ya lo hemos
    señalado atrás, un nivel óptimo de gastos de mantenimiento en las centrales
    térmicas de reserva, ni una operación del sistema que tenga en cuenta los costos
    del racionamiento para toda la economía”.
    La consecuencia según
    el Doctor Perry es muy clara. “Se requiere entonces, una intervención
    estatal enmarcada en un proceso dinámico y flexible de planeación de largo
    plazo. El proceso de planeamiento debe permitir al Estado la determinación
    oportuna de inversiones adicionales a las previstas por los actores
    descentralizados y la fijación de las obligaciones, responsabilidad y derechos
    de aquellos”.
    La lógica de los
    argumentos parece muy sensata en abstracto. La realidad colombiana muestra todo
    lo contrario. El Estado ha mostrado tener muchas más fallas que el mercado. El
    “proceso dinámico y flexible de planeación a largo plazo” nos condujo
    al racionamiento de comienzos de los ochentas, seguido por un sobredimensionamiento
    a mediados de la década y al nefasto racionamiento de 1992. Las empresas
    estatales tampoco garantizaron el nivel óptimo de gastos de mantenimiento en
    las centrales térmicas de reserva ni una operación del sistema que tuviera en
    cuenta los costos de racionamiento para toda la economía.
    Más aún los anuncios
    del gobierno de la última semana nos están mostrando que el Gobierno no ha
    aprendido de los errores del pasado reciente. La interconexión del sector
    eléctrico es una ficción. Los excedentes de la Represa de Betania no se pueden
    aprovechar para aumentar los niveles de embalse en Bogotá y Antioquia sino que
    tienen que ser utilizados en las regiones aledañas.
    La situación de los
    embalses sigue siendo crítica. Las estadísticas que pública ISA sobre el nivel
    de embalses no muestran toda la verdad. El veintiocho por ciento que aparece en
    las estadísticas se refiere al volumen de agua pero no a la capacidad de
    generar energía. Al calcular la capacidad de generación real de los embalses en
    este momento, se nota que apenas estamos por encima del nivel que existía al
    comienzo del racionamiento. A pesar de la eliminación del racionamiento en el
    Huila todavía tenemos un faltante grande. El sufrimiento de todo el país
    durante los últimos cinco meses no ha servido para mejorar el estado crítico de
    los embalses.
    Por el contrario, si en
    Marzo teníamos racionamiento de energía eléctrica, hoy también nos encontramos
    enfrentados a un racionamiento de gas propano. En Bogotá, Colgas tiene atrasos
    que bordean el mes. El fracaso del gobierno debe conducirnos a abandonar el
    tipo de intervención que tanto le gusta al analista de FEDESARROLLO y a adoptar
    soluciones de mercado. Los precios de los energéticos deben subir para
    incentivar realmente el ahorro de energía y para hacer más atractivos
    incrementos en la oferta.

  • El sector estrella

    Dada la importancia del
    programa de vivienda y la coyuntura favorable por la que está pasando el sector
    de la construcción, es necesario redoblar el esfuerzo necesario para romper las
    barreras institucionales que han impedido un verdadero despegue de la nueva
    política de vivienda.
    Dentro del triste
    panorama económico, la construcción de vivienda es, sin duda, el sector de
    mejor desempeño. Las causas de este auge en el sector de la vivienda son
    múltiples. En primer lugar, la baja en las tasas de interés hace muy atractivo
    la inversión en vivienda. Los costos financieros de la construcción de vivienda
    que representan una fracción importante de los costos se han visto reducidos
    por la baja en las tasas de interés. Adicionalmente, la baja en las tasas de
    interés y en la correción monetaria ha conducido a la reducción en el valor de
    las cuotas que tienen que pagar los compradores de vivienda. 
    En segundo lugar,
    cuando la tasa de interés se coloca por debajo de la tasa de inflación se
    vuelve muy atractivo convertir los ahorros en bienes durables como los
    vehículos y las viviendas. En tercer lugar, los recursos que regresaron al país
    como consecuencia de las altas tasas de interés y de las amnistías tributaria y
    cambiaria, encontraron en la vivienda una buena alternativa. Finalmente, ante
    las expectativas de revaluación imperantes durante el último año, la demanda se
    ha desviado hacia los bienes no transables y entre éstos hacia la vivienda.
    Desafortunadamente, el
    auge en la construcción de vivienda se ha concentrado en los rangos medios y
    altos sin haber llegado a los estratos de más bajos ingresos. Los ambiciosos
    proyectos del gobierno para la vivienda de interés social no se han podido
    cumplir como consecuencia de la escasez de planes adecuados y de limitaciones
    institucionales. En efecto, tanto las cajas de compensación, como el Inurbe y
    la Caja Agraria no han podido otorgar los subsidios contemplados en los planes
    del gobierno.
    Las Corporaciones de
    Ahorro y Vivienda, que hasta junio habían venido cumpliendo con las metas de
    colocaciones en vivienda de interés social, comienzan a presentar problemas en
    el cumplimiento de dichas metas lo que hace temer que el revolcón social en el
    campo de la vivienda no se va a poder cumplir.
    Dada la importancia del
    programa de vivienda y la coyuntura favorable por la que está pasando el sector
    de la construcción, es necesario redoblar el esfuerzo necesario para romper las
    barreras institucionales que han impedido un verdadero despegue de la nueva
    política de vivienda.
    La disminución de los
    trámites burocráticos a que se ven enfrentados los constructores es un paso
    importante. Los cambios introducidos en el proceso de aprobación de las
    licencias por el anterior Ministro de Desarrollo son un magnífico ejemplo de lo
    que debe hacerse para disminuir los interminables plazos que aumentan  innecesariamente los costos de construcción
    de la vivienda.
    El gobierno no sólo
    debe disminuir los trámites en las empresas de servicios públicos sino que
    también debe aprovechar el auge de la construcción para hacer un cambio en la
    utilización de los diferentes energéticos. Por ejemplo, si la masificación del
    uso del gas se acelera y se incentiva su uso en las nuevas construcciones, se
    puede en breve tiempo reducir el uso de la energía eléctrica en la cocción de
    alimentos y en el calentamiento de agua, lo cual llevaría a una reducción
    considerable de la demanda de energía eléctrica que contribuiría a una solución
    del problema que afronta el país en este sector.

  • Un Ministerio con mucho Trabajo

    Dentro del campo
    laboral uno de los problemas más difíciles y que es necesario abocar de
    inmediato es el de la Seguridad Social. La triste realidad es que existe un
    desbalance entre los ingresos y los gastos del Seguro.
    El gobierno Gaviria
    comienza a recibir el sol en las espaldas con un país en estado de conmoción
    por los problemas presentados por las reformas en los códigos y con nuevas
    caras en los Mercedes blindados. Sin lugar a dudas, uno de los ministerios
    claves en esta segunda etapa será el de Trabajo.     Luis Fernando Ramírez el nuevo Ministro llega
    con una brillante hoja de servicios para reemplazar al Doctor Francisco Posada
    de la Peña, sin lugar a dudas uno, de los ministros estrella del anterior
    gabinete.
    Dentro del campo
    laboral uno de los problemas más difíciles y que es necesario abocar de inmediato
    es el de la Seguridad Social. La triste realidad es que existe un desbalance
    entre los ingresos y los gastos del Seguro. Los ingresos no están alcanzando a
    cubrir los gastos. Los gastos en salud son superiores a las cotizaciones y los
    pagos por pensiones comienzan a superar los recaudos correspondientes a este
    rubro.
    La dinámica Directora
    del Seguro ha venido abogando, desde hace más de un año, por un aumento en las
    cotizaciones como solución de los problemas financieros de su institución. Con
    el fin de vender la idea del aumento en las cotizaciones, el Seguro ha venido
    publicando una serie de avisos en los que se proclaman las mejoras que se han
    introducido en esta Administración.
    El aumento buscado por
    la Doctora Cecilia López ha encontrado resistencia en el Ministro Hommes, pues
    éste ha considerado que un aumento en las cotizaciones podría interferir la
    discusión y aprobación de la reforma tributaria y además ser un obstáculo en la
    lucha contra la inflación.
    Los problemas
    financieros del seguro se pueden resolver subiendo la cotización, tal como lo
    ha venido sugiriendo la Directora, o a través de reducciones en los gastos o
    bien mediante una combinación de estas dos posibilidades. La reducción de
    gastos resulta bien atractiva pues a pesar de las mejoras que se han realizado
    en el Seguro, todavía existen muchas ineficiencias.
    El sistema de
    información del Seguro Social, sin lugar a dudas, necesita cambios drásticos.
    Mi experiencia con el Seguro me ha mostrado que el sistema de facturación deja
    mucho que desear. He tenido que padecer problemas que tienden a prolongarse
    eternamente. Lograr que me arreglaran un problema de sobrefacturación requirió
    de más de seis meses. Un pago realizado a comienzos del año no ha sido
    registrado. Fuera de haber tenido que pagar dos veces me han cobrado intereses
    de mora que he tenido que cancelar.
    Parece lógico pensar
    que si el Seguro no tiene un control muy bueno sobre sus recaudos, los aumentos
    en las cotizaciones pueden no representar un verdadero aumento en los
    beneficios. Estos aumentos pueden terminar refundidos y acreditados a otros más
    afortunados.
    Me aterra pensar en la
    suerte de los pensionados y de la cantidad de vueltas que deben cumplir para
    poder gozar de su bien ganada pensión. Demostrar que uno realmente ha cotizado
    al Seguro me parece una tarea imposible de cumplir con los sistemas de
    información existentes en el Seguro.
    La solución obvia y que
    ya se ha ensayado en otros países es obligar al Seguro a llevar cuentas
    individuales y a publicar por lo menos dos veces al año el estado de dichas
    cuentas. Los extractos deberían indicar lo cotizado en cada una de las empresas
    en que se ha trabajado para que el usuario pudiera hacer las correcciones con
    tiempo, mucho antes de estar en vísperas de pensión.
    Fuera de mejorar el
    sistema de información es necesario hacer cambios radicales en el Seguro. La
    edad de pensión es hoy en día demasiado baja y en consecuencia el valor
    actuarial de las pensiones es demasiado alto. Las sustituciones pensionales
    implican costos insostenibles que discriminan en contra de familias en las que
    los dos cónyuges trabajan. Finalmente, es necesario dar mayor participación al
    sector privado. Las clases medias y altas tienen que complementar los pagos
    pensionales del Seguro Social con unos ahorros manejados por fondos de
    pensiones privados.
    Le deseamos muchos
    éxitos al Doctor Ramírez en su difícil tarea y ojalá pueda llevar a la práctica
    cambios importantes en el sistema de pensiones de Colombia.

  • Los economistas y el IVA

     Si para el Director de
    Impuestos lo importante es establecer un control sobre el contribuyente, para
    el economista lo importante es saber quien se ve afectado en definitiva por el
    impuesto    .
     Los economistas tienden
    a enfocar el tema tributario desde un punto de vista muy diferente al del
    encargado de recolectar los impuestos. Para el economista lo más importante de
    un tributo es el impacto que causa en la economía y no tanto el monto del
    recaudo; para el alcabalero, por el contrario, es el monto recaudado y lo de
    menos es el efecto que puede tener este impuesto en el comportamiento del
    sufrido contribuyente.
    Si para el Director de
    Impuestos Julio Roberto Piza lo importante es establecer un control sobre el contribuyente, para
    el economista lo importante es saber quien se ve afectado en definitiva por el
    impuesto. Un ejemplo de actualidad puede ilustrar la diferencia de enfoques. El
    Impuesto al Valor Agregado se considera como un impuesto a las ventas y, por lo
    tanto, se supone que el que debe pagarlo es el comprador. Los proveedores de
    bienes y servicios actúan únicamente como unos recaudadores ad-honorem que
    cobran el IVA y que, después de descontar lo que ellos han pagado, deben
    consignar lo recaudado cada dos meses en un Banco.
    Para el economista la
    cosa no es tan sencilla. En algunos casos en los que los consumidores tienen
    alternativas no gravadas, quien finalmente paga es el productor, pues para
    conservar los clientes debe disminuir el precio que cobra. En el caso más
    general, la carga tributaria se divide entre el productor y el consumidor y por
    lo tanto los nuevos tributos no afectan sólo a los consumidores.
    Si analizamos lo
    ocurrido en la discusión de la reforma, en la que los mayores opositores a los
    aumentos del IVA fueron los gremios económicos, es posible concluir que la
    realidad se asemeja bastante al punto de vista de los economistas. Sin embargo,
    este mejor conocimiento del efecto de los impuestos, no se tradujo en una
    oposición a la extensión del IVA a sus servicios profesionales. Fueron mucho
    más hábiles los médicos y odontólogos que lograron mantener sus honorarios por
    fuera del alcance de la nueva reforma tributaria.
    A partir del primero de
    julio los economistas van a tener que sufrir en carne propia la extensión del
    IVA a los servicios profesionales. No solo verán disminuidos los ingresos de
    sus empresas por efecto del nuevo tributo, sino que además tendrán que cargar
    con el peso administrativo del manejo del IVA.
    Este contacto directo
    de los economistas con los burócratas que manejan el IVA, va servir para que se
    pueda apreciar el calvario que tienen que padecer los comerciantes e
    industriales cada dos meses. El impacto en las compañías que entran a recaudar
    el IVA ha sido bastante dramático, pues el Director de Impuestos valiéndose de
    viejos trucos burocráticos está tratando de poner a funcionar la extensión del IVA
    a partir del primero de julio.
    El Gobierno pretende
    que el público tenga una capacidad que envidiaría el mismo Superman, de poder
    leer algo antes de su publicación. Solo un burócrata de tiempo completo, puede
    pensar que un cambio tan importante como la extensión del IVA pueda comenzar a
    ejecutarse al día siguiente de la “publicación” de la Ley.
    El impacto de este
    cambio puede llegar a ser muy grande. Algunos profesionales están pensando en
    este momento en cerrar las firmas y trabajar como profesionales independientes
    pues encuentran que como firma no van a poder competir con otros colegas que
    por actuar como individuos no requieren cobrar el IVA.

    Parodiando a
    Clemenceau, quien dijo que la guerra era un asunto demasiado importante para
    dejarlo en manos de los militares, ahora podríamos decir que los impuestos son
    algo muy serio para dejarlo en manos de los directores de Impuestos. El
    ciudadano tiene que preocuparse mucho más por el curso de la reforma
    tributaria, pues el efecto en su vida es hoy en día muy importante. Los avances
    hechos en el campo de la simplificación en materia tributaria se han venido
    perdiendo en las últimas reformas y cada día es más difícil para el ciudadano
    cumplir con sus obligaciones con el Estado.

  • La inflación sigue alta; los intereses bajos

    Ni el Ministro de
    Hacienda en el 91, ni la Junta Directiva del Banco de la República en el 92,
    han podido controlar la inflación.
    A mitad del año la
    inflación llegó a casi el 18 por ciento. Si se mantuviera el mismo ritmo
    durante el segundo semestre, la inflación podría llegar al 38.7 por ciento al
    final del año. La posibilidad de cumplir este año la tan anhelada meta del 22
    por ciento parece muy remota. 1992 será otro año de frustración en el combate
    de la inflación. Ni el Ministro de Hacienda en el 91, ni la Junta Directiva del
    Banco de la República en el 92, han podido controlarla. 
    Si en el 91 el Ministro
    de Hacienda apeló a todo un arsenal de medidas para manejar el crecimiento de
    los medios de pago, en el 92 se decidió dejar de controlar el crecimiento de
    los medios de pago. concentrándose más bien en el control de las tasas de
    interés. Las Autoridades Monetarias pensaron que al mantener unas tasas de
    interés bajas se reduciría considerablemente la entrada de los capitales
    golondrinas causante del crecimiento desmesurado de los medios de pago en el
    año anterior.
    El control monetario se
    ha descuidado con la peregrina idea de que en una economía abierta no es
    necesario preocuparse por el crecimiento de los medios de pago, pues no existe
    una relación muy estrecha entre el dinero y la inflación. Desafortunadamente,
    la realidad es más compleja de lo que piensan nuestras autoridades monetarias.
    La disminución de las tasas de interés por debajo de las tasas de inflación
    tiene un efecto importante en la reactivación de la inflación. Cuando el valor
    de la tasa de interés que reciben los ahorradores es inferior a la tasa de
    inflación se vuelve buen negocio comprar bienes en lugar de colocar los ahorros
    en el sistema financiero.
    Un ejemplo sencillo
    muestra el efecto perverso que tiene mantener unas tasas de interés por debajo
    del nivel de inflación. Si alguien tiene un excedente de 325 mil pesos puede
    comprarse un segundo televisor o guardar su dinero en una corporación para
    comprarlo un año más tarde. Si lo compra ahora, tendrá el televisor y podrá ver
    los juegos olímpicos, si por el contrario espera un año es muy probable que no
    pueda comprarlo. El televisor valdrá 416 mil pesos mientras que el saldo en la
    corporación será de apenas 390 mil pesos. Es claro que el comprador hará un
    buen negocio, pues además de tener un año de disfrute, tendrá 26 mil pesos más
    que el que le confió sus ahorros al sistema UPAC. El auge de la construcción se
    explica, así mismo, por esta discrepancia entre los retornos diferenciales en
    el sector financiero y en el mercado de los bienes.
    Sin embargo, la protección que dan los bienes
    a los excesos de liquidez no es perfecta. La viudas y jubilados que viven de
    sus  ahorros no pueden protegerse
    comprando televisores o apartamentos. Los que viven de sus rentas necesitan un
    instrumento de alta liquidez y seguridad. Los sonados casos de Furatena, de los
    Picas y de los Pombos, han mostrado que la desintermediación finaciera es un
    juego bastante peligroso que mucha gente, hoy en día, no está dispuesta a
    jugar.
    El gobierno, ahora
    que inicia el segundo tiempo con nueva alineación, tiene que hacer ajustes en
    la política de tasas de interés. Debe convencerse que la tasa de interés no
    puede ser un objetivo final sino que, más bien debe tomarse como una meta
    intermedia en la lucha contra la inflación. Persistir en unos niveles muy bajos
    en la tasa de interés con el fin de eliminar los flujos de capitales, puede ser
    contraproducente si esto aumenta las expectativas inflacionarias.

  • Sigamos el ejemplo de Castro

    El método propuesto por
    la Administración Castro en Bogotá, ha sido utilizado en el Brasil como una
    manera eficiente de hacer el autoracionamiento eléctrico.
    El pasado 19 de junio,
    la Administración distrital anunció que era necesario ahorrar agua. La poca
    intensidad del invierno en los meses de abril y mayo no permitió la
    recuperación de los embalses que sirven a Bogotá. Si en todos los años, se
    decía que en abril aguas mil, en 1992 parece que solamente llegamos a aguas
    quinientas pues apenas cayeron la intensidad de las lluvias llego apenas a la
    mitad de la habitual.
    Esta baja intensidad de
    lluvias dió oportunidad a que el Alcalde Jaime Castro ensayara un esquema
    bastante novedoso en el que se pretende racionar no a través de la fuerza bruta
    sino más bien a través del sistema de precios. Indudablemente, el esquema
    propuesto por el Alcalde de Santafé de Bogotá es un gran avance conceptual que
    debería ser imitado en el sector eléctrico.
    Como ya se ha dicho en
    repetidas ocasiones, es mucho más eficiente racionar por medio del sistema de
    precios que por medio de unos horarios de racionamiento. El grave problema del
    racionamiento de energía es, simplemente, una discrepancia entre la oferta y la
    demanda de energía eléctrica al precio existente. Esto se puede solucionar
    subiendo el precio del bien o mediante la asignación de las cantidades
    disponibles entre todos los consumidores mediante reglas arbitrarias.
    Hay dos grandes
    ventajas del racionamiento por precio. En primer lugar, la gente reduce
    selectivamente y de acuerdo con sus preferencias la demanda menos importante.
    Cuando el consumidor puede libremente elegir puede decidir si es mejor reducir
    el número de horas que ve televisión, el número de bombillas prendidas, la
    cantidad de ropa que pone en la secadora eléctrica o si más bien le baja la
    temperatura al agua con que se baña. 
    Además, cuando se aumenta el precio lo largo de todo el día el incentivo
    al ahorro se mantiene durante las 24 horas. Con el método seguido por el
    gobierno en el sector eléctrico, cuando llega la luz el subconsciente nos
    traiciona un poco y nos hace utilizar intensivamente la energía, para compensar
    la falta que hemos tenido. Si antes no veíamos televisión a las ocho de la
    noche, ahora se nos aumenta el apetito de ver el cuerpo ajeno o los
    inseparables.
    En segundo lugar, el
    precio alto de la energía incentiva a que las Empresas aumenten su oferta y a
    que los consumidores generen su propia energía o sustituyan su consumo por
    otros energéticos. Por ejemplo, con altos precios de la energía se vuelve muy
    atractivo calentar el agua en los edificios y conjuntos residenciales mediante
    el uso de calderas centrales. Esta posibilidad que se utiliza mucho en los
    Estados Unidos puede resultar muy atractiva si el precio de la energía
    eléctrica es suficientemente alto. Con precios altos es muy posible que todas
    las plantas operen permanentemente y no solo durante los períodos de
    racionamiento. Con precios altos de la energía eléctrica es posible decidirse
    por la compra del calentador que ha desarrollado el Doctor Lugari en el Centro
    de las Gaviotas.
    El método propuesto por
    la Administración Castro en Bogotá, ha sido utilizado en el Brasil como una
    manera eficiente de hacer el autoracionamiento eléctrico. Puede por tanto
    utilizarse como una mejor manera de asignar unos recursos escasos. Su adopción
    en los momentos presentes tiene dos problemas que se han mencionado ya en otras
    columnas. En primer lugar, puede dar lugar a aumentos considerables en las
    cuentas de los usuarios de bajos ingresos y en segundo lugar puede llegar a
    despertar protestas por parte de los usuarios que verían con malos ojos que las
    Empresas se lucren de un mal manejo de los embalses.
    El primero  de estos inconvenientes se puede solucionar
    en la medida en que el incremento en la factura de los realmente pobres se
    compense con un subsidio independiente de su consumo. Por ejemplo, un usuario
    de bajos ingresos con consumo de 200 kilovatios por mes y que ahora tiene que
    pagar 10 pesos por kilovatio para una factura total de 2000 pesos pagaría los
    mismo si el precio del kilovatio se subiera a 50 pesos y recibiera un subsidio
    de 8.000 pesos. Eso incentivaría el ahorro pues si consume menos de su consumo
    habitual puede tener inclusive un ahorro sobre su factura anterior. Si nuestro
    usuario de bajos ingresos reduce su consumo en un 10 por ciento y lo baja a 180
    kilovatios su factura se reduciría a 1.000 pesos.

    La segunda objeción
    al plan de racionamiento por precios no sería muy válida si el destino de los
    recargos de racionamiento recaudados por las Empresas fueran al gobierno
    Central para financiar este plan de subsidios y para apoyar la realización de
    las inversiones necesarias para salir del racionamiento

  • Unos se desocupan y otros se llenan

    Ante el inminente
    llenado del embalse monetario para contener el flujo de divisas, es hora de
    comenzar a pensar en la forma en que se debe manejar el crecimiento de los
    medios de pago    .
    Con la entrada del
    verano ha comenzado a disminuir el nivel de los embalses. Los periódicos, al
    lado de las cotizaciones de la bolsa, han venido presentando el estado de los
    embalses. El ciudadano ya sabe cuánto sube el dólar, cuánto sube o baja el
    Dow-Jones y como suben o bajan los niveles de los embalses.
    Mientras se desocupan
    los embalses del sistema eléctrico se ha comenzado a llenar peligrosamente el
    embalse que inauguró la Junta Directiva del Banco de la República el año
    pasado. En efecto, en octubre del año pasado, con el fin de contrarrestar el
    chorro de divisas que estaba llegando a Colombia, la Junta amplió el plazo de
    vencimiento de los certificados de cambio de 3 a 12 meses. Al ampliar el plazo,
    la Junta del Emisor efectivamente multiplicó por cuatro la capacidad de
    congelar el superávit externo por medio de este instrumento de control
    monetario.
    Como bien dice el
    refrán, no hay plazo que no se cumpla y ya está llegando el momento en que se
    acabe el impacto de contracción monetario. Al completarse un año de la
    ampliación del plazo de redención de los certificados, se comenzarán a redimir
    los certificados emitidos en octubre del año pasado. Los certificados que se
    emitan a partir de octubre ya no van a representar una congelación adicional de
    liquidez sino que van a reemplazar a los que van siendo redimidos.
    Ante el inminente
    llenado del embalse monetario para contener el flujo de divisas, es hora de
    comenzar a pensar en la forma en que se debe manejar el crecimiento de los
    medios de pago. La solución de volver a ampliar el plazo de los certificados no
    parece una posibilidad viable. El gobierno debe a toda costa mantener la poca
    credibilidad que le queda y no puede estar cambiando continuamente las reglas
    de juego de la economía.
    Frente a la pérdida de
    potencia del instrumento de certificados de cambio es conveniente revaluar su
    conveniencia misma. Es necesario entonces volver a hacer un análisis
    costo-beneficio de este instrumento. El beneficio, medido por su efectividad
    como instrumento de control monetario va a ser cada vez menor. Como ya se dijo,
    los beneficios del instrumento van a desaparecer en buena parte en octubre
    cuando se comiencen a redimir los certificados emitidos con plazo de un año.
    Los costos del instrumento para el fisco parecen ser mínimos, pues ni el fisco
    ni el Banco de la República tienen que pagar intereses por el préstamo que
    obtienen de los exportadores.
    Sien embargo, los
    costos reales de utilizar el certificado de cambio como instrumento de control
    monetario son cada vez más altos. El Banco de la República, de hecho, está
    concediendo un subsidio importante a los exportadores pues redime los
    certificados de cambio a la tasa oficial que es considerablemente superior a la
    tasa de cambio del mercado. Como muy bien lo han sostenido miembros de la Junta
    del Banco de la República, la cotización oficial está desapareciendo. Para lo
    único que se utiliza hoy en día la tasa oficial es para liquidar el valor de
    los certificados de cambio.
    La introducción de los
    certificados no solo ha venido acompañada de una revaluación sino que también
    ha dado lugar a un sistema de cambios múltiples. Las distorsiones en el mercado
    cambiario introducidas por este instrumento indudablemente van en contravía de
    la apertura. Los analistas extranjeros no logran entender como en un proceso de
    apertura comercial y cambiaria se apela a un 
    instrumento con tantos efectos nocivos para el manejo del sector
    externo.
    Teniendo en cuenta que
    los costos de los certificados van a ser muy superiores a los beneficios es
    necesario comenzar a pensar en instrumentos más neutrales y que estén más de
    acuerdo con el proceso de apertura.

  • Y eso : no le vale nada

    Los problemas del
    sector energético se originan en una política de precios equivocada, y en la
    cual los técnicos del sector no tienen ninguna culpabilidad. Es muy grave que
    un insumo tan importante no tenga precio.
    Los informes de las
    comisiones encargadas de averiguar por los culpables del apagón han inculpado
    primordialmente a los técnicos de las Empresas del Sector Eléctrico. El Niño y
    el Chino Perry a quienes los medios de comunicación habían señalado
    inicialmente como los principales responsables, al final milagrosamente
    salieron exonerados de toda culpa. Indudablemente, estarán muy agradecidos con
    el Doctor José Fernando Isaza y los otros miembros de las comisiones por los “favores
    recibidos”.
    En mi opinión, es
    bastante injusto concentrar la culpabilidad en técnicos como Héctor Hernández y
    Uriel Salazar, quienes tienen una trayectoria destacada dentro del sector.
    Mientras estuve en la Junta Directiva de ISA puede apreciar la calidad técnica
    y humana de ellos y de otros funcionarios suspendidos. ISA y el sector van a
    sentir la salida de estos expertos.
    Como lo he venido
    sosteniendo en columnas anteriores, buena parte de los problemas del sector
    energético se originan en una política de precios equivocada, y en la cual los
    técnicos del sector no tienen ninguna culpabilidad. Es muy grave que un insumo
    tan importante no tenga precio. Al considerar que el agua no vale nada, es
    apenas natural que las hidroeléctricas siempre le ganen en las evaluaciones a
    las plantas térmicas. Por el contrario, si el agua tiene un alto valor el orden
    de prioridades se invierte y como en Europa y Estados Unidos las plantas
    térmicas ganan todas las evaluaciones.
    El precio del agua es
    importante no sólo para las decisiones del plan de expansión, sino que también
    es de primordial importancia para las decisiones operativas. Cuando el agua es
    escasa y su precio es muy alto las empresas prefieren generar en las térmicas
    preservando el agua para generar en las hidroeléctricas únicamente en los
    períodos picos cuando pueden vender la energía a un precio más alto. Esto es
    realmente lo que sucede en Europa, donde la energía hidroeléctrica se utiliza
    únicamente en los períodos picos y en el resto del día se usa la energía
    generada en las plantas térmicas.
    Las diferencias
    observadas entre Colombia y Europa en la operación y planeación del sector
    eléctrico se deben, entonces a diferentes precios del agua. En Colombia, donde
    el agua es aparentemente abundante y por lo tanto no vale nada, se recarga la
    generación en las plantas hidroeléctricas. En Europa donde el agua tiene un
    alto valor, la generación se centra en las térmicas.
    El considerar que en
    Colombia el agua no vale nada probablemente se ha debido a lo percibido en las
    épocas de lluvia. Debido a la intensidad de las lluvias y al poco control de
    los ríos, no es de extrañar que en un momento dado tengamos una superabundancia
    del preciado líquido. Sin embargo, no podemos olvidar que en otras ocasiones,
    debido a la baja capacidad de los embalses existentes el agua se convierte en
    un elemento muy escaso. Por tanto, el valor del agua en Colombia debe variar de
    acuerdo con la estación. En la época de lluvias su precio es muy bajo, mientras
    que en la época de sequía su precio sube más que el de la canasta familiar.

    La energía
    hidráulica tiene que ser entonces más cara en las épocas de sequía que en las
    épocas de lluvias. Los consumidores ahorrarán energía cuando sea cara y las
    empresas tratarán de conservar el agua para generar en el verano, pues de esta
    manera obtendrán unas mayores ganancias. 
    En conclusión, si los precios son los correctos las decisiones de las
    empresas serán las adecuadas, sin tener que depender de los resultados de un
    modelo en que el costo de racionamiento se fija arbitrariamente.

  • Racionando el café.

    Pagar a los
    agricultores por limitar las áreas de cultivo suena muy atractivo, sobre todo
    cuando uno está dedicado al ingrato oficio del agro.   Sin embargo, mientras los precios internos
    continúen siendo atractivos, el efecto de largo plazo en la reducción de la
    oferta tenderá a minimizarse.
    El viernes de la semana
    pasada nos despertamos con la noticia de que Colombia había entrado a la liga
    de los países desarrollados. En primera página de los diarios, el Ministro de
    Comercio Exterior anunciaba que para resolver los problemas del sector cafetero
    se iban a retirar del cultivo del café cien mil hectáreas.
    Pagar a los
    agricultores por limitar las áreas de cultivo suena muy atractivo, sobre todo
    cuando uno está dedicado al ingrato oficio del agro. Este lujo de recibir
    ingresos por no hacer nada es propio de los países avanzados. En los países
    pobres como Colombia, el pagar por no hacer nada es una receta clara para el
    desastre. Los caficultores ya no tendrán que envidiar a los trabajadores de
    COLPUERTOS que se han jubilado con altos sueldos, pues ahora van a poder
    disfrutar de la vida sin tener que trabajar.
    Sin entrar a cuestionar
    la bondad de esta política de jubilación anticipada para los caficultores, es
    conveniente anotar que la evaluación de las políticas de restricción del área
    cultivada muestra que no es la mejor manera de cumplir con el loable propósito
    de proteger a un gremio, que se ha sacrificado por el país.
    Es claro, que al
    restringirse la oferta de un bien con una demanda inelástica el ingreso de los
    productores aumenta. Por tanto, la propuesta del Ministro Santos va a favorecer
    al gremio caficultor, tanto a los que se acojan al programa, como a los que continúen
    con el vicio de cultivar café. Sin embargo, mientras los precios internos
    continúen siendo atractivos, el efecto de largo plazo en la reducción de la
    oferta tiende a minimizarse. Cuando el precio de un cultivo es alto y el área
    se disminuye, se vuelve muy atractivo aumentar la productividad de los
    cultivos. Los caficultores encontrarán muy atractivo utilizar variedades de
    mayor rendimiento y aumentar el uso de fertilizantes y de otros insumos, que
    lleven a un incremento de la producción de café en una área dada.
    El efecto final de la
    política será mucho menos favorable de lo que se piensa. Al final, la
    producción habrá aumentado otra vez al nivel que tiene en la actualidad y
    seguirá sobrando el millón y medio de sacos. El Fondo del Café no sólo tendrá que
    incurrir en los costos de la erradicación, sino que continuaría
    descapitalizándose por la compra del café a precios por encima de su nivel
    internacional. 
    Ahora cuando, gracias
    al racionamiento, todos nos hemos convertido en expertos en el sector eléctrico
    podemos entender mejor la política del Gobierno en materia de manejo cafetero.
    En efecto, el desangre del Fondo Cafetero es ni más ni menos equivalente al
    manejo irresponsable de los embalses. La restricción del área es equivalente al
    racionamiento, pues es tratar de manejar un desequilibrio entre la oferta y la
    demanda imponiendo limitaciones a su libre juego.  Más aún, el absurdo manejo de los embalses y
    de los precios del café ha obedecido a claros propósitos electorales.

    La superabundancia
    de elecciones que hemos padecido en Colombia en los últimos años, nos ha
    alejado del curso sencillo y claro que enseñan los libros de introducción a la
    economía. El papel del sistema de precios para indicar la relativa escasez de
    los diferentes bienes se ha distorsionado totalmente. En lugar de subir el
    precio de los bienes escasos para indicar que es necesario contar con una
    oferta abundante de electricidad y gas propano, 
    el precio de los energéticos se mantiene en niveles absurdamente bajos.
    En lugar de reducir el precio de los bienes abundantes para indicar que no es
    rentable producir un bien como el café, éste se mantiene artificialmente alto.
    Los consumidores de energía se mantienen contentos siempre y cuando haya
    energía. Los productores de café son más afortunados pues su racionamiento
    viene acompañado de pagos por dedicarse al dolce fare niente.