Una Perspectiva Económica de la Actualidad Colombiana

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  • El plan de desempleo

    Las metas sectoriales del plan de empleo no sólo son poco creíbles a la luz de la historia reciente sino que además resultan indeseables desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo
    En la semana anterior se dio a conocer el plan de empleo de la Administración Samper.  Dentro de una serie de generalidades más apropiadas para un discurso de campaña que para un programa de gobierno se le anuncia al país las intenciones del gobierno relacionadas con la generación de empleo.  Extraña que el plan prioritario del gobierno tenga después de nueve meses una estructura tan débil.  Las estrategias y programas de empleo siguen siendo enunciadas a un nivel demasiado agregado.  El esfuerzo de desagregar las cifras de generación de empleo al nivel sectorial no ha resultado útil pues las cifras anotadas en el plan de empleo no parecen creíbles ni mucho menos deseables.

    Para ilustrar la credibilidad de las cifras podríamos mirar las correspondientes a los sectores industrial y agropecuario.  Las cifras sobre empleo industrial muestran que el sector ha generado muy pocos empleos en los últimos años.  El número de empleos en la industria se ha mantenido desde 1978 en alrededor de quinientos mil.  Más aún, la crisis del sector ocasionada por la revaluación a una reducción del empleo en más del 10 por ciento llegando a un mínimo de 440 mil empleos en 1985.  Fueron necesarios casi diez años para lograr recuperar el nivel de quinientos mil empleos logrado al final del Mandato Claro.  Pensar generar doscientos mil empleos en los próximos tres años y tres meses parece, a la luz de la experiencia colombiana, una tarea bastante difícil de cumplir.

    El análisis de las pocas cifras sobre empleo rural muestra que durante los últimos años el número de personas trabajando en el campo se ha mantenido constante.  Las cifras censales disponibles muestran que el número de personas viviendo en el campo se ha mantenido constante, alrededor de los nueve millones, en los últimos años, lo que confirma la estabilidad tanto del empleo como de la población en el campo. Generar doscientos veinte mil empleos agropecuarios cuando lo más probable es que el número de habitantes de nuestros campos se vea reducido en el futuro es bastante improbable.

    Las metas sectoriales analizadas anteriormente no solo son poco creíbles a la luz de la historia reciente sino que además resultan indeseables desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo.  El desarrollo colombiano tiene que basarse en una transformación hacia estructuras modernas.  Tal como nos lo enseñó el profesor Currie, la participación sectorial del empleo en el sector agrícola debe disminuir drásticamente si queremos de verdad tener una economía eficiente.  Un país moderno no puede mantener más de la cuarta parte de su fuerza de trabajo en el campo.  La productividad del campo debe aumentar de tal manera que con menos del cinco por ciento del empleo en el campo se pueda no sólo alimentar a la población sino que además se puedan generar mediante las exportaciones agropecuarias las divisas necesarias que aseguren un rápido crecimiento.

    La nueva competencia en el ámbito mundial en el sector industrial tiene que estar basada en una mayor productividad.  Los países que han logrado adaptarse al nuevo esquema competitivo han experimentado una reducción absoluta en el número de los trabajadores del sector industrial.  Procesos como la reingeniería requieren de cambios radicales que llevan a una mayor producción con un menor número de empleos.  El reto para la industria colombiana en el futuro cercano será aumentar considerablemente las exportaciones industriales con una fuerza de trabajo inferior a la existente actualmente.

    Si las metas sectoriales de empleo no resisten el más mínimo análisis de consistencia y deseabilidad, las políticas enunciadas para alcanzar las metas si que son contrarias a la más elemental lógica económica.  El querer aumentar el empleo mediante la creación de un subsidio de desempleo es, sin lugar a dudas, la manifestación más grave de populismo salvaje.  La reciente experiencia europea ha mostrado que los grandes problemas en el mercado laboral se originan, en buena parte, en los elevados niveles de pagos a los desempleados.  Las distorsiones creadas por los subsidies al desempleo son de tal naturaleza que buena parte de la fuerza de trabajo encuentra más rentable seguir de desempleado que trabajar pues sus ingresos después de impuestos son mayores si no trabaja que si trabaja.
    La triste conclusión de lo anterior es que si el equipo económico de Samper ha perdido el año y que su plan de empleo deja mucho que desear.  La poca credibilidad en tan importante materia sin lugar a dudas va a tener efectos negativos en el proyecto de reforma tributaria.  Nadie podrá entender para qué se está buscando aumentar los recursos cuando los programas prioritarios están tan pobremente definidos.

  • Las Rudi verdades sobre el salto social

    Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en cuanto a su financiación

    El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes en su reciente visita al país hizo un comentario interesante relacionado con la financiación del plan de desarrollo del gobierno Samper. Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en su financiación debidas a dos causas principales. La factibilidad de lograr los recursos que permitan una financiación sana del Salto Social reposan en las premisas de poder lograr aumentar la participación en el PIB del gasto del gobierno y en que es posible convencer al sector privado de que financie la inversión en infraestructura.

    Con su habitual malicia, el doctor Hommes comentó que en su opinión el país no va a aceptar que se le aumenten los gastos del gobierno cuatro puntos del PIB por un periodo presidencial. Según la opinión del antecesor del doctor Perry, el haber logrado un aumento en la participación del gobierno durante la administración Gaviria va a hacer muy difícil que esta administración consiga que el público acepte un aumento en sus tributos. Este argumento tan válido podría resumirse en el famoso dicho popular que al perro no lo pueden operar dos veces. Si el gobierno anterior resultó más samperista que Samper, incrementando considerablemente la participación del gobierno, el nuevo gobierno tiene que darse cuenta que el palo no está para cucharas y que por tanto sus promesas como los deseos expresados en el Salto Social.

    Si la primera premisa en que se basa la financiación sana del plan de desarrollo puede llegar a no ocurrir, la segunda, o sea la facilidad y conveniencia de disminuir la inversión del gobierno en infraestructura para aumentar la inversión social del gobierno, cada día se vuelve más incierta. Los recientes desarrollos en la financiación de los sectores de energía y transporte están mostrando que el sector privado no está interesado en participar en la financiación de estos proyectos bajo las reglas de juego imperantes en este momento.

    El efecto tequila ha sido devastador en la financiación de la infraestructura. Los aumentos en las tasas de interés a la que los bancos privados están dispuestos a prestarles a los inversionistas en proyectos de infraestructura han puesto en stand-by los contratos que se habían adjudicado. La imposibilidad legal de considerar cambios en las condiciones financieras de los proyectos ha hecho que muchos de ellos tengan que ser sepultados. La incertidumbre creada por el Pacto Social sobre las tarifas de las empresas de servicio público ha contribuido a la parálisis de otros cuantos. La esperanza de que el sector privado pudiera financiar el desarrollo de la infraestructura ha quedado frustrada. Pretender que es posible transferirle riesgos tan grandes, como la financiación y gestión de los proyectos al sector privado no ha resultado tan fácil como se esperaba.

    Más aún, la experiencia parece mostrar que los criterios simplistas de transferir al sector privado los riesgos es una política equivocada. Hasta los economistas de Chicago reconocen que un papel importante del sector público es asumir, mediante diversificación de su portafolio, una cartera de proyectos que minimicen el riesgo de grandes pérdidas. Esta función de diversificación de riesgos es tal vez una de las pocas razones válidas para aceptar la propiedad pública de las empresas de las empresas de servicio público en situaciones en que el mercado de capitales no es amplio. El gobierno se convierte en estas circunstancias de poco desarrollo financiero en un intermediario entre el capital extranjero y el capital local. Los prestamistas que no están interesados en prestarle al sector privado aceptan, gustosos, o bien la garantía de la Nación o al Estado como un intermediario de segundo piso al que le prestan para que éste a través del sector privado le preste al sector público.

    Si aceptamos que en este momento reducir la inversión pública en infraestructura parece poco viable con mayor razón deberíamos aceptar que querer aumentar rápidamente el gasto social puede ser una gran irresponsabilidad. Si el gobierno tiene dificultades en manejar la inversión en infraestructura cuando existe una larga tradición de consultoría y ejecución de obras públicas por parte del sector privado, qué diríamos de manejar los proyectos de inversión social cuando no sólo no existe un sector privado con conocimientos adecuados sino que tampoco hay un consenso sobre lo que se debe hacer. En el campo social suele ocurrir que si uno le pregunta a un determinado número de expertos en el tema sobre la política a seguir, termina con más soluciones que entrevistados. Como bien lo decía Winston Churchill, si uno le consulta a cuatro economistas famosos puede recibir cinco soluciones que en el caso político británico, dos de ellas eran propuestas por Lord Keynes.

    Lo ocurrido en los primeros nueve meses del gobierno Samper, ministerios del sector social totalmente a la deriva con sus directivos dando palos de ciego, es un mal presagio para un gasto eficiente de los recursos que se le puedan transferir. El Presidente, tan agobiado de problemas, debería sacar un tiempo para darle un vuelco total a las entidades del sector social. 

  • Hace veintiún años

    Según personas allegadas al equipo económico de esa  época, las improvisaciones del entonces director de impuestos tuvieron al borde del colapso nervioso al Presidente López.

    En estos días se ha comenzado a discutir el proyecto de reforma tributaria de la Administración Samper.  Sin entrar a discutir las consecuencias políticas de la propuesta reforma tributaria ni mucho menos pretender siquiera insinuar que el hacer una reforma tributaria en contra de las promesas electorales podría tener consecuencias parecidas a las que tuvo que sufrir George Bush al haber incrementado los impuestos después de haber dicho la frase famosa “Lean mis labios: no más impuestos”, es importante hacer algunos comentarios.

    En primer lugar, es conveniente volver a destacar que la práctica ha demostrado que ni el incremento en tarifas, ni las reformas tributarias son la solución definitiva para controlar el déficit fiscal.  La experiencia colombiana ha demostrado que el aumento de las tarifas lo único que hace es aumentar transitoriamente los impuestos y a la vuelta de algunos años el déficit vuelve a surgir en algunos casos con mayor virulencia.  La reforma tributaria de 1974 mostró claramente que el aumento de los ingresos dio origen a un incremento desmesurado de los gastos y los políticos encontraron atractivo apropiarse de los recursos para incrementar todo tipo de gasto.

    En segundo lugar, el incremento de tarifas tiene como consecuencia un incremento en la evasión. La comentada reforma del 74 convirtió a todos los colombianos en evasores. Fueron de tal magnitud los incrementos de las tarifas y en especial el tratamiento de las llamadas ganancias ocasionales que a partir de ese momento las transacciones de finca raíz, entre otras, nunca más se volvieron a registrar por su valor real. A partir de 1974, las escrituras de compraventa de inmuebles se convirtieron en una gran medida en la que se registraban cifras inferiores al valor comercial de los inmuebles.  A partir de ese momento los choferes, jardineros y las empleadas de servicio doméstico se convirtieron en los principales inversionistas.  Algunas entidades del sector financiero tenían a la disposición de sus posibles clientes una lista de nombres con su respectivo NIT para que el inversionista pudiera evadir el impuesto sobre sus rendimientos financieros.  Esta práctica, sin duda, contribuyó en buena parte a la crisis del sector financiero en 1982.

    En tercer lugar no debemos olvidar que el sistema colombiano está hecho para que la gente pague lo que quiera.  No hay instrumentos para controlar a los evasores.  La simplificación tributaria ha llevado a que no exista un registro en poder de la Administración de los valores recibidos por los contribuyentes.  Si uno quiere no declarar o declarar menos el Gobierno no está en capacidad de cruzar la información de lo declarado por un contribuyente y lo que debería aparecer en las declaraciones de los que hicieron los pagos como gastos deducibles. Los pocos controles existentes para asegurar que los contribuyentes que hacen las retenciones de ninguna manera pueden servir de control, por la sencilla razón que nunca se reporta una relación  del detalle de las retenciones. Si ese control se eliminó en aras de una simplificación tributaria es imposible tener un control real del contribuyente. La mejora real del control no necesita una reforma sino apenas de decisiones por parte del gobierno. 

    Por si fuera poco, se vuelve a insistir en aumentar los impuestos  a los vehículos estableciendo unas tarifas diferenciales según el tipo de vehículo que lo único que hacen además de dificultar enormemente la administración tributaria, es darle un nuevo aire a la demanda, de los llamados vehículos suntuarios. Este anuncio, que a lo mejor no termina en nada, lo que hace es que los ricos se apresuren a comprar los vehículos antes de que se establezcan los impuestos.  Eso ya pasó en el 74, en el reciente pasado cuando el profesor Garay lanzó esta propuesta.  Desde ese mismo momento se comenzó a gestar el déficit en cuenta corriente pues todo el que tenia algunos ahorros se lanzó a comprar vehículos antes de que les pusieran los elevados impuestos sugeridos por tan destacado analista.

    El tratamiento que se le ha venido dando a los cambios procedimentales es un mal signo para lo que se viene.  El doctor Perry ha lanzado ideas para mejorar la recaudación de impuestos tales como el cobrar una retención en la fuente a los comerciantes a través del sistema de tarjetas de crédito sin haber sido estudiadas a cabalidad.  Para los que tienen buena memoria precisamente esto fue lo que sucedió en la reforma del 74. Las medidas se debían cambiar a cada instante porque el Doctor Perry parece que no hacía bien su tarea. Según personas allegadas al equipo económico de esa  época, las improvisaciones del entonces director de impuestos tuvieron al borde del colapso nervioso al Presidente López.

    En resumen, la reforma no solo es totalmente contraria a las propuestas de la campaña  sino que tiene vicios que ya parecían enterrados y que infortunadamente vuelven a reaparecer.  Los errores cometidos por el Doctor Perry en 1974 cuando era Director de Impuestos vuelven a  reaparecer a los veintiún años.

  • Ojo a la situación mundial

    La falta de perspectiva internacional no sólo es sorprendente sino que puede llegar a ser altamente peligrosa pues los grandes eventos tienden a tomarnos fuera de base.

    Como muestra del provincialismo que caracteriza a los colombianos los analistas económicos se concentran en el estudio de las circunstancias locales.  Todo el mundo se preocupa por la inflación local, por si el Salto Social está debidamente financiado y en los últimos días todo el mundo se pregunta si el proceso de racionalización tributaria es otra de las travesuras del “chino” Perry.

    Cuando surgen problemas externos como la devaluación de México los comentarios son siempre tardíos.  Los que en su momento criticamos el modelo mexicano y su cuantioso déficit comercial éramos tratados de oposicionistas por señalar fallas en el modelo que pretendía imponernos la administración Samper.  Las dificultades del modelo argentino y el verdadero alcance de la ley de convertibilidad sólo aparecen en las páginas de los periódicos colombianos cuando la Argentina está a las puertas de un gran remezón.  El tener que pagar veinte dólares por un pasaje en bus entre el aeropuerto y el centro a un hotel en Buenos Aires pasa totalmente desapercibido por nuestros ilustres comentaristas, quienes no ven que la moneda argentina está totalmente sobrevalorada. 

    La falta de perspectiva internacional no solo es sorprendente sino que puede llegar a ser altamente peligrosa, pues los grandes eventos tienden a tomarnos fuera de base.  La reciente devaluación del dólar con relación al yen y al marco alemán es un caso interesante.  Los analistas con gran superficialidad nos dicen que esto puede tener un buen efecto pues nuestros productos se van a volver mis competitivos en Alemania y el Japón.  También nos dicen que los Mercedes Benz y los Toyotas van a ser- más costosos y que por lo tanto los automóviles colombianos van a tener mayor demanda, olvidándose de paso que la materia prima de los Chevrolet y de los Mazda vienen del Japón.
    Lo que se ignora en nuestros comentarios es que la situación en los Estados Unidos no es tan sencilla como la pintan.  Estados Unidos al igual que México y los países del Cono Sur, han mantenido un alto déficit comercial financiado a través de endeudamiento.  Las políticas de Salinas de Gortari en México, de Reagan en Estados Unidos, de Martínez de Hoz en Argentina y de Pinochet en Chile, son esencia de las mismas: tratar de crecer rápido y con una inflación apelando a financiar un alto déficit externo con un creciente endeudamiento.
    El final de la película es el mismo:  la devaluación de la moneda, la austeridad fiscal y la recesión económica.  La única diferencia entre los países de Latinoamérica y los Estados Unidos es que al Tío Sam le aceptan su moneda para el pago de sus deudas mientras que nadie en su sano juicio aceptaría para el pago de la deuda externa billetes emitidos por Salinas de Gortari o Martínez de Hoz.

    Desdichadamente para Estados Unidos, el resto del mundo puede cansarse de seguir recibiendo billeticos verdes por el resto de la vida.  El dólar puede seguir el camino de la libra esterlina dejando de ser aceptado como  parte de las reservas internacionales.  En ese momento el ajuste de la economía norteamericana no podrá evitarse y el impacto en Latinoamérica seria devastador.  Los Estados Unidos no sólo nos enviarían sus modas, su música y sus comidas rápidas sino también nos enviarían una profunda recesión, el efecto tequila sería mínimo comparado con el efecto Jack Daniels.

    El peligro de una posible crisis cambiaria en los Estados Unidos debe ponernos a pensar no sólo en medidas a corto plazo que nos protejan nuestras inversiones sino también de llevar a tomar medidas de más largo plazo.  La conquista de nuevos mercados en Europa y Asia debe tornarse en una de las prioridades de los próximos años.  La diversificación de los mercados puede ser una medida que nos asegure no sólo, la independencia económica sino que, nos permita tener una relación mas fuerte con los Estados Unidos en materias políticas.


  • Apagón pactado

    El Pacto Social se puede convertir, al igual que la famosa teoría del sobredimensionamiento, en la razón de ser un futuro apagón

    El aumento en el costo de vida en febrero resultó más alto de lo esperado por el Gobierno.  El aumento en lo corrido del año es muy, superior a lo que se esperaría de tanto protagonismo que ha tenido el Pacto Social en los medios de comunicación.  Lo más triste es que esta disminución tan pequeña sólo se ha logrado al diferir aumentos en los precios controlados por el Gobierno.  Gracias a que el alza de la gasolina se hizo en la última década y por lo tanto no quedó registrada en las mediciones del Dane, se ha logrado mantener una tasa de inflación ligeramente inferior al 21 por ciento.  Basados en las cifras anteriores, los analistas han comenzado a apostar en contra del cumplimiento de la meta del 18 por ciento para 1995.

    El incumplir la meta de inflación es grave para la credibilidad de la política económica, pues en el futuro los agentes económicos con toda seguridad no volverán a jalarle al Pacto y la oportunidad de doblegar el flagelo inflacionario en la Administración Samper se habrá perdido.  Lo que es triste es que este magro resultado se ha obtenido a un alto costo.  Como se ha mencionado anteriormente en esta columna, las empresas de servicios públicos han sido afectadas adversamente por el Pacto Social, pues su situación financiera se ha visto desmejorada y el objetivo de mantener una solvencia financiera ha pasado a ocupar un lugar secundario.  Las cuantiosas inversiones necesarias para atender los incrementos en la  demanda tienen que ser aplazadas, pues las empresas no pueden hacer frente a un agresivo programa de expansión necesario para atender en forma adecuada a sus sufridos usuarios.

    El racionamiento en el servicio de acueducto, se ha comenzado a aplicar en algunas regiones y la perspectiva de un nuevo apagón ha sido aceptada  por el Ministro de Minas y Energía.  Los bajos precios de la energía eléctrica han puesto en peligro la viabilidad financiera, de las empresas de energía, han desincentivado la participación del sector privado y están induciendo consumos muy por encima de lo que sería aconsejable en estas épocas de sequía.  El Pacto Social  se puede convertir, al igual que la famosa teoría de sobredimensionamiento en  la razón de ser de un futuro apagón.

    El impedir mediante políticas inadecuadas que el sistema de precios cumpla con su función de asignación de recursos, puede llevarnos a una situación cuyos recuerdos todavía están frescos.  Las comidas frías, la subida de nueve pisos a pié, las tareas realizadas a la luz de la vela y todas las incomodidades sufridas en el apagón anterior deberían servir para intentar resolver esta discrepancia entre oferta y demanda. 0 través del sistema de precios.  Un sobreprecio en épocas de sequía y una disminución en épocas de fuertes lluvias haría que tanto empresas como consumidores actuaran en forma socialmente responsable, disminuyendo el consumo y aumentando la generación térmica cuando bajan los embalses.  El cambio en la política de tarifas del sector eléctrico es una medida más apropiada para manejar una escasez temporal, que apelar a un racionamiento que se sabe tiene que hacerse de manera severa, pues los pañitos de agua tibia lo único que hacen es desplazar el consumo para otra hora.

    El Ministro Perry tiene que aceptar que los costos de la política de reducción de la inflación han comenzado a ser muy superiores a sus beneficios.  Es el momento de h hacer un acto de fe en las bondades del sistema de precios como instrumento para asignar los recursos escasos. Impedir que el  sistema de precios envíe las señales correctas, puede tener consecuencias  muy graves 

  • El que cae paga

    Como ya hemos dicho anteriormente en estas columnas la
    fórmula para mejorar el tráfico en una ciudad, debe contemplar tres
    ingredientes que en inglés comienzan con la letra e.
     El Alcalde de Bogotá ha comenzado a enfrentar el problema
    del tráfico.      Es una medida que en otras
    épocas se hubiera dado como ejemplo de la revolución de las cosas
    pequeñas.      La Administración ha atacado
    uno de los problemas que en opinión de varios de los expertos de transporte de
    Colombia y el mundo tiene vital importancia.     
    El mantener las intersecciones libres de carros durante el tiempo que el
    semáforo esta en rojo, es tal vez la primera regia de oro en la ingeniería de
    trafico y que se trata de hacer cumplir en todas partes imponiendo fuertes
    multas a los infractores.
    El mantener despejadas las intersecciones es un claro
    ejemplo de lo que en economía se conoce como un óptimo de Pareto y contrasta
    con otras medidas, como los contraflujos, implantadas por la Administración
    anterior en las que se obtenían mejoras para un grupo a expensas de otros.  En efecto, al dejar pasar a alguien que va en
    dirección perpendicular a nosotros es mejor para la sociedad, sin que por esta
    razón nos perjudiquemos.  Este es un caso
    muy claro en el que el buen ciudadano no se perjudica pues de todas maneras no
    puede avanzar por el trancón que hay después de la intersección mientras que
    los otros si pueden pasar la vía y continuar su marcha.
    Como ya hemos dicho anteriormente en estas columnas, la
    fórmula para mejorar el tráfico en una ciudad debe contemplar tres ingredientes
    que en inglés comienzan con la letra e. Los tres ingredientes mágicos son la
    educación, el cumplimiento de la ley a través de sanciones, y la ingeniería.  La campaña del buen ciudadano sirve para
    ilustrar la manera como se deben combinar los tres ingredientes. 
    La ingeniería necesaria para poner a funcionar el juego del
    que cae paga, tiene dos aspectos: uno sencillo y uno complicado. El aspecto
    fácil consiste en pintar tanto las intersecciones como las famosas cebras, para
    que conductores y peatones tengan demarcadas con claridad las zonas
    prioritarias, que deban mantenerse libres de trancón El aspecto complicado y
    que por lo tanto requiere de soluciones de largo plazo, consiste en mejorar las
    intersecciones para que los vehículos puedan hacer el cruce sin dificultades,
    mediante cambio en el diseño geométrico, en el ciclo de los semáforos, la
    sincronización de estos y en el largo plazo, el rediseño del sistema de
    transporte colectiv0 y la construcción de puentes peatonales.  La Administración Mockus ha comenzado con
    medidas de ingeniería sencillas, que deben ser reforzadas soluciones de más
    largo plazo.
      
    La educación de conductores y peatones es un esfuerzo
    importante que debe conscientizar al ciudadano de la importancia de respetar
    las señales de tráfico y en el caso especial no bloquear la intersección.  Los medios de comunicación han hecho un
    esfuerzo importante por tratar de que el bogotano se convierta en un buen
    ciudadano.  Estas campañas de los medios
    de comunicación masiva, deben ser complementadas por un trabajo en los
    colegios, en el que se les inculque a los, estudiantes la importancia de
    cumplir con las leyes de tráfico.  Como
    podría esperarse de un académico, las medidas de educación ciudadana han sido
    ejecutadas con muy buen criterio y ha contado con un buen apoyo de los medios
    de comunicación masiva.
      
    La Administración ha buscado sancionar a los infractores en
    la Calle 100 con toda la fuerza de la ley. 
    Las sanciones han comenzado- a tener un efecto saludable en los
    conductores y en la ciudadanía en general, pues han visto con buenos ojos que
    la autoridad está empeñada en hacer cumplir la ley y que no tiene miedo en poner
    en cintura a grupos poderosos como los transportadores, que habían impuesto la
    ley del más fuerte.

    Los primeros resultados de esta campaña ciudadana, son
    ampliamente positivos y esperamos que continúen y que se haga un importante
    esfuerzo para mejorar el tráfico en Bogotá. 
    El contraste con la Administración anterior no puede ser más
    grande.  La solución de tráfico se buscó
    a través de obras monumentales como el de las piscinas de la calle cien, para
    lo cual fue necesario incrementar considerablemente los impuestos, dejando de
    lado mejoras de bajo costo pero de gran impacto.  Lo increíble de la mala gestión del Alcalde
    Castro es que uno de sus tres Secretarios de 
    Tránsito y Transporte, tuvo la misma idea de hacer una campaña y, mandó
    pintar varias intersecciones en la Avenida Ciudad de Quito.  Sin embargo, parece que en la mitad de la
    idea se arrepintió, pues no se hizo ni la campaña educativa ni mucho menos se
    decidió a enfrentarse al poderoso gremio de los transportadores.

  • En las que estamos Antonio, y te pones a comprar elefantes blancos

    El sufrido usuario del ISS se encuentra ante la
    perspectiva de que sus nuevas cotizaciones se evaporen como se evaporaron los
    recursos de la Caja Nacional de Previsión de la Policía
      
    La reforma de la seguridad social fue sin lugar a
    dudas uno de los principales logros de la Administración Gaviria. La
    introducción de la competencia a una rama de actividad en la que habían
    predominado monopolios oficiales totalmente ineficientes,, fue una de las bases
    sobre la que se edificó el nuevo sistema de Seguridad Social en Colombia. Las
    Administradoras de Fondos de Pensiones y las Empresas Promotoras de Salud, se
    constituyeron dentro del nuevo sistema en las entidades claves encargadas de
    prestar un mejor servicio al usuario.
    La reforma no sólo buscó prestar un mejor servicio
    sino que también pretendió dotar de mayores recursos al nuevo sistema encargado
    de la seguridad  social de los
    colombianos. Como consecuencia de la reforma laboral los costos laborales se
    han incrementado muy por encima de las metas de inflación. Los colombianos
    aceptamos este aumento en los impuestos sobre la nómina con resignación, pues
    se nos prometió que ahora sí íbamos a poder gozar de estos derechos
    fundamentales, que en el pasado fueron un canto a la patria.
    Los defensores del antiguo régimen, muchos de
    ellos con asiento en el Consejo de Ministros del Presidente Samper, lograron
    introducir en la reforma definitiva unas condiciones favorables para que el
    Instituto de Seguros Sociales pudiera retener su clientela mientras hacía los
    cambios necesarios para enfrentar la nueva competencia. El gradualismo que tuvo
    que ser desmontado para poder hacer la apertura se aceptó, en aras de poder
    arrancar con un mejor sistema.
    La experiencia de los últimos días nos parece que
    la introducción del gradualismo fue un grave error que puede hacer fracasar tan
    importante reforma. Lo que ha estado sucediendo en la seguridad social muestra
    claramente que los intereses creados de algunos gremios o grupos de presión son
    los principales enemigos de las reformas que pretenden beneficiar al público en
    general. Las ventajas temporales otorgadas no sirven para que el pecador se
    arrepienta y viva sino más bien para tratar de preservar las conquistas
    alcanzadas en el antiguo régimen.
    En lugar de volverse competitivo el Seguro Social
    sigue con los mismos vicios de antes. El prometido estado de cuenta en el que
    debían aparecer las cotizaciones hechas durante toda la vida no han llegado a
    la mayoría de los afiliados. Los que están próximos a pensionarse y los que
    quieren evaluar seriamente las posibilidades de pasarse  al sistema de Fondos de Pensiones y
    Cesantías, tienen que esperar por lo menos tres meses para poder contar con
    este papelito. El cambio al sistema de autoliquidación que debería haberse
    realizado con antelación se convierte en un viacrucis para el sufrido
    empleador, que tiene que perder gran parte de su tiempo consiguiendo un bendito
    formulario. La Administración de ISS gasta ingentes recursos en un proceso de
    transición olvidándose, quien lo creyera, de que para hacer las consignaciones
    se necesitaba contar con formularios en abundancia.
    Lo triste de todo esto es que el esfuerzo hecho
    por el ISS con sus cursos y teleconferencias que le brindaron la oportunidad de
    un pantallazo a las Directivas del ISS resultó a la postre totalmente
    innecesario. Aquí ocurrió como en el escrito de Moliére en donde el personaje
    descubrió para su sorpresa que había estado escribiendo y hablando en prosa
    toda su vida, pues el usuario  descubrió que toda su vida había
    estado haciendo autoliquidación de sus aportes. Todo empresario que pagaba a
    sus empleados y cuánto era su aporte al Seguro Social, pues de otra manera su
    contabilidad no le cuadraba.

    Pero si esto no fuera poco, el sufrido usuario se
    encuentra ante la perspectiva de que sus nuevas cotizaciones se evaporen los
    recursos de la Caja de Previsión de la Policía. El Doctor Antonio Yepes, Director
    del Instituto de Seguro Social en lugar de pensar en mejorar los servicios se
    pone a negociar las torres donde quedó el Bogotá Hilton. Un edificio totalmente
    inadecuado para atender el objetivo de sacar de la olla a un ente adscrito al
    Ministerio de Defensa. Las prioridades de las directivas del ISS continúan, de
    esta manera, totalmente alejadas de las de sus usuarios. En lugar de utilizar
    estos para modernizar los sistemas de información, eliminando los graves
    problemas existentes que han conducido al caos vivido en las últimas semanas, se
    piensa en comprar elefantes blancos. Ojalá que el gobierno se ponga los
    pantalones y ponga en cintura al ISS antes de que la competencia lo acabe.  

  • Reelegir a los buenos y enterrar a los muertos

    Si hay reelección inmediata, las
    ciudades van a ver como los buenos Alcaldes se dedican a realizar las obras
    verdaderamente fundamentales.
    Los temas de interés
    periodístico suelen llegar en grupos. Hay semanas en que a los columnistas nos
    toca devanarnos los sesos para encontrar un tema de interés, mientras que en
    otras la abundancia de temas noticiosos conduce a horas de insomnio en las que se
    medita sobre las posibilidades de los diferentes temas. La última semana fue
    fecunda en acontecimientos. ANIF y FEDESARROLLO presentaron su análisis de la
    situación macroeconómica y sectorial en la que se trataron temas de especial
    interés dignos de ser comentados. El Instituto de los Seguros Sociales mostró
    una vez más su total ineficiencia cuando no pudo poner a disposición de los
    usuarios los formularios necesarios para hacer la consignación de los aportes
    mientras su Director defendía la compra de elefantes blancos. Por si esto fuera
    poco reguladores y regulados se dedican a hacerse la vida fácil pidiendo los
    unos y regalando los otros pasajes para los auto-homenajes celebrados en la
    frontera colombo venezolana.
    La angustia del columnista ante
    la abundancia de temas de actualidad se vuelve casi intolerable cuando en las
    horas de insomnio se da cuenta que tiene un tema importante que ha querido
    tratar y que nunca ha encontrado la oportunidad de hacerlo. Después de sopesar
    los pros y contras de la actualidad sobre la importancia he llegado a la
    conclusión de que en esta ocasión es necesario tratar un tema que si bien en el
    momento no está de moda si puede convertirse en poco tiempo en tema de
    actualidad.
    La finanzas locales y su impacto
    en las finanzas nacionales ha comenzado a aparecer en las discusiones sobre la
    financiación del Salto Social. Como muy bien lo anotó el Director de Planeación
    en su presentación en el seminario organizado por ANIF, buena parte del déficit
    del gobierno central durante el próximo cuatrienio se va a deber al aumento
    acelerado de las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales.
    El fallo de la Corte y la reacción de los gobiernos locales muestra que si bien
    es posible fijar unas restricciones a la financiación de los gastos de
    funcionamiento con los recursos de las transferencias, en la práctica la
    presión de los burócratas locales y sus amigos a nivel central impide un sano
    control de los gastos locales.

    Si el país quiere mantener una
    situación fiscal sana debe a la mayor brevedad emprender una reforma drástica
    de su esquema de transferencias. Tiene que llegar a la penosa conclusión que a
    los constituyentes se les fue la mano en la rapidez como se aumentaron las
    transferencias y que los mecanismos compensatorios contemplados en la reforma
    de las finanzas intergubernamentales no fueron suficientes. Por tanto es
    necesario emprender una importante reforma tributaria de carácter local en la
    que se asegure que los recursos para el funcionamiento se generen a nivel local
    y en el que el gasto público sea realizado con mayor eficiencia y eficacia.


    No solo es necesario reforzar
    los controles y emprender una reforma de carácter local que sustituya los
    ingresos necesarios para los gastos de funcionamiento sino que se requiere de
    un cambio importante en las limitaciones impuestas en los períodos de los
    alcaldes.
    El haber implantado la no
    reelección inmediata y un período de tres años pareció, en su momento, una
    buena idea pues evitaba que los alcaldes utilizaran el poder para perpetuarse
    indebidamente en el puesto. Sin embargo, la realidad resultó muy distinta. En
    primer lugar, la experiencia ha mostrado que la ciudadanía se da cuenta
    fácilmente de quien es buen alcalde y merece ser reelegido, la limitación a la
    reelección resulta en estas circunstancias superflua. En segundo lugar, cuando
    no hay reelección el Alcalde se preocupa más por su siguiente etapa en su vida
    política que en hacer una buena alcaldía pues sabe que no puede ser reelegido.
    Algunos pueden llegar a ser tan miopes que dejan totalmente endeudado a la
    ciudad  tratando de hacer obras
    faraónicas para que los recuerde y sigan ascendiendo por encima de su nivel de
    incompetencia.
    El caso de Bogotá es tal vez el
    más destacado. Los Alcaldes Castro y Caicedo nunca se preocuparon por cambiar
    realmente la ciudad sino que intentaron hacer una serie de puentes sobre la
    Avenida Ciudad de Quito convencidos que con eso podrían lograr la Presidencia
    de la República. En lugar de hacer las reformas necesarias en la Administración
    para asegurar una financiación sana de la ciudad decidieron irse por el camino
    fácil de meterle la mano a los contribuyentes aumentando exageradamente los
    impuestos.
    Lo triste del caso es que a
    pesar de haber salido totalmente desprestigiados de su cargo siguen aspirando a
    llegar alguna vez al solio de Bolívar. Tratan ahora de mostrar que son unos
    estadistas profundos, cuando nunca pudieron ejercer un liderazgo a nivel local.
    Si hubiera habido una reelección inmediata, tanto Castro como Caicedo hubieran
    sufrido una tremenda barrida y ahora estarían enterrados políticamente.
    Si hay reelección inmediata, las
    ciudades van a ver como los buenos Alcaldes se dedican a realizar las obras
    verdaderamente fundamentales,  contando
    con el apoyo popular por varios períodos. 
    El Cura Hoyos reconocido como buen Alcalde por todos los barranquilleros
    ha debido continuar. Si el Doctor Mockus nos logra educar y Bogotá se vuelve a
    convertir en la Atenas Suramericana es mejor dejarlo como Alcalde que mandarlo
    al Palacio de Nariño para que allá aprenda a manejar el País del Sagrado
    Corazón.

  • Primer parcial del pacto social

    Ojalá no nos pase lo que le pasó
    a la liebre      que creía tener ganada su
    carrera contra la tortuga y se dedicó a     
    reposar antes de cruzar la meta.
    Según un ilustre matemático,
    ahora dedicado a medir la opinión pública, lo único que se requiere para el
    éxito profesional es un manejo adecuado de la regla de tres. Aplicar estos
    conocimientos adquiridos en los primeros años de bachillerato no siempre es
    sencillo. Un ejemplo de las dificultades de la aplicación  de 
    este sencillo concepto a una situación práctica es la utilización de la
    regla de tres a la evaluación del primer mes del pacto social.  En efecto, si preguntamos cuanto deben subir
    los precios en un mes para que en el año suban 18%, la respuesta que daría un
    estudiante de los primeros años de bachillerato con la ayuda de lápiz y papel
    sería 18 dividido por 12 o sea 1.5 por ciento. Si le preguntaramos entonces que
    cómo calificaría el primer mes del pacto social en el que el gobierno se
    muestra orgulloso de lograr un 1.84 por ciento, el estudiante contestaría que
    esta cifra lo que está mostrando es que para cumplir sus buenos propósitos el
    gobierno debe redoblar sus esfuerzos.
    Como bien los saben nuestros
    ingenieros financieros, la respuesta anterior no es enteramente correcta pues
    hay que tener en cuenta el efecto acumulativo originado por la lógica del
    interés compuesto. Cualquier financista con la ayuda de su calculadora
    financiera nos diría que la respuesta correcta a la pregunta ¿    cuál debe ser el aumento de
    precios en el primer mes para que al final del año tengamos una inflación del
    18%? es 1.39%. Si le preguntamos entonces al financista si cree que el gobierno
    puede cumplir con su meta del 18%, contestaría que para esto el gobierno
    necesitaria esforzarse pues el primer resultado está muy por encima de la meta
    parcial de 1.39% al mes.
    La euforia del gobierno que lo
    llevó a montar un show similar al que armó para la venida de Pavarotti y en el
    que faltó únicamente que le preguntarán al Ministro de Desarrollo su receta
    favorita para la preparación del plato tradicional de la cultura paisa, nos
    está diciendo que hay algo más en la matemática inflacionaria. Como lo saben
    los estudiosos de los temas inflacionarios la escalada de precios no ocurre de
    manera uniforme a través del año. Por razones climáticas e institucionales los
    precios suben más rápidamente en los primeros meses del año y menos en épocas
    como el segundo semestre en que la abundancia de las cosechas tienen un efecto
    favorable en el precio de los alimentos. Un buen comportamiento en los primeros
    meses se puede interpretar entonces como un presagio favorable para obtener un
    buen resultado en el año.

    Debemos entonces preguntarnos
    que tan bueno fue enero y que se puede esperar en el futuro. Las cifras
    muestran claramente que el comportamiento en enero fue mucho mejor de lo
    oservado en años anteriores. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el Pacto
    Social ha introducido dos aspectos importantes que tienen un efecto importante
    en las cifras del costo de vida.  En primer
    lugar, debe reconocerse que antes del Pacto Social la discusión se centraba
    primordialmente en el acumulado del costo de 
    vida en diciembre y por lo tanto los gobiernos, en especial el anterior,
    preferían subir los precios en los últimos días del año para que su aumento se
    contabilizara en enero y no en diciembre. Por tanto todos los índices de enero
    eran artificialmente altos pues llevaban un rezago de lo ocurrido en los
    últimos días del año.  Mediante este
    truco los gobernantes lograban disminuir algunos puntos de la inflación
    portergándola para el año siguiente. Con la 
    introducción del pacto social se volvió crítico el mes de enero y en
    consecuencia se decidió postergar los aumentos para otros meses del primer
    trimestre. Por tanto, la comparación entre enero de 1995 y enero de 1994 no resulta
    enteramente válida pues los eneros antes de 1995 eran artificialmente altos y
    los eneros después del pacto social 
    resultan, como los diciembres anteriores, artificialmente bajos.
    En segundo lugar, debe anotarse
    que uno de los instrumentos básicos que el gobierno ha querido utilizar para
    bajar la inflación es  repartir el
    aumento de los precios a lo largo del año. Si esto se logra, es claro que el
    efecto de este cambio institucional es disminuir la importancia de los aumentos
    al comienzo del año. Este solo cambio institucional permite bajar por una sola
    vez la importancia de enero sin necesidad de pactos sociales.
    Las consideraciones anteriores
    llevan a concluir que no todo está ganado en la lucha inflacionaria y que es
    importante no solo mirar  los resultados
    del primer mes del pacto social. Es necesario continuar mirando todas las
    variables macroeconómicas y mantener una política económica coherente que
    permita una rebaja real de la inflación, no nos podemos contentar con lograr el
    mejor enero de los últimos diez años. Ojalá no nos pase lo que le pasó a la
    liebre  que creía tener ganada su carrera
    contra la tortuga y se dedicó a  reposar
    antes de cruzar la meta.

  • El extraño mundo del Doctor Castro Caicedo

    Las Empresas de Servicio Público
    tienen obligación legal de mantener tarifas que cubran todos sus costos.
    Los gerentes de las empresas de
    servicios públicos tienen en Colombia muy mala imagen. Para el común de la
    gente, todos los que llegan a esta posición debido a la influencia política y
    solo buscan el enriquecimiento rápido por medios poco santos. Comer carne de
    gerente se ha vuelto la manera segura de aparecer en la televisión y los medios
    de comunicación masiva. Los contralores, procuradores, personeros y fiscales
    apelan a los juicios a los gerentes en los medios de comunicación cuando sus
    asesores de imagen encuentran que sus jefes no están apareciendo en los
    titulares de la prensa.
    Como solo ocurre en Colombia, el
    seguimiento del cumplimiento del pacto social se ha convertido en noticia de
    primera plana. El Señor Superintendente de Servicios Públicos, siguiendo la
    costumbre de comer gerente por lo menos una vez al mes, ha aprovechado el
    interés que ha despertado en los medios de comunicación el cumplimiento de la
    famosa meta del 18 por ciento y ha declarado a los enviados especiales de los
    noticieros y demás medios de comunicación oficialistas que no le temblará la
    mano para destituir a los gerentes que no cumplan con la meta del 18 por
    ciento.
    Esta desafortunada intervención
    del Superintendente en contra de los gerentes de las empresas de servicios
    públicos no solo contribuye a deteriorar una vez más la imagen de un segmento
    de funcionarios que han tenido que soportar pacientemente agravios infundados
    sino que va en contra de la misma ley que crea la superintendencia de Servicios
    Públicos.

    En efecto, si uno lee con
    cuidado la ley que reglamenta los Servicios Públicos en Colombia, es una
    obligación de las empresas fijar tarifas orientadas por los criterios de
    eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia
    financiera, simplicidad y transparencia. Para evitar una posible mala
    interpretación sobre lo que se entiende por suficiencia financiera, la ley
    manifiesta que se logra la suficiencia financiera cuando las fórmulas de
    tarifas garantizan la recuperación de los costos y gastos propios de operación
    incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento permitiendo remunerar
    el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría
    remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable y permitiendo
    utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor
    calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. Para no dejar dudas sobre la
    importancia de la suficiencia financiera, la misma ley afirma que los criterios
    de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del
    régimen tarifario.

    Para los legisladores el contar
    con tarifas de servicios públicos  que
    cubran todos sus costos es tan importante que expresamente se reconoce como una
    práctica discriminatoria abusiva y restrictiva el fijar tarifas que no cubran
    todos los costos. En el Artículo 34 el legislador muy sabiamente expresa que
    “se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, el
    cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio, la
    prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo de servicios
    adicionales a los que contempla la tarifa.”
    Teniendo en cuenta los
    anteriores argumentos, se puede afirmar que 
    El Pacto Social apenas refleja el interés de gobierno por bajar la
    inflación y de ninguna manera puede estar por encima de una norma de carácter
    superior. Si hubiera lógica el anuncio del Superintendente de Servicios
    Públicos debería haber sido diferente. Debería haber anunciado que estaría dispuesto
    a intervenir las Empresas que por cumplir con las metas del pacto social
    pusieran en peligro su suficiencia financiera. Más aún, debería haber anunciado
    que estaría  dispuesto a renunciar a su
    puesto si el Ministro de Desarrollo o el Presidente de la República quisieran
    poner en peligro la suficiencia financiera de las empresas de servicio público
    por cumplir con su meta del 18 por ciento.

    También debe quedar claro que el
    tratamiento dado al cumplimiento del 18 por ciento por parte de los medios de comunicación
    debe cambiar. No podemos pensar que en materia tan compleja de precios y
    tarifas la situación es tan clara como para poder clasificar a todo el mundo
    como bueno si cumple con el pacto social o malo si no lo cumple.