Una Perspectiva Económica de la Actualidad Colombiana

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  • La Leona y el Niño

    Mientras que la competencia en las cervezas  aleja cada vez más la posibilidad de tener
    que ver los partidos de fútbol a palo seco, la falta de competencia y los
    continuados errores de política     
    mantienen latente la posibilidad de un racionamiento de energía
    eléctrica
    Simultáneamente con el comienzo de la guerra de las polas ha
    vuelto al  tapete el  tema de un posible apagón.  Mientras que los clientes de los monopolios
    privados de la cerveza comienzan a independizarse de su habitual proveedor, el
    sufrido usuario del monopolio estatal tiene que seguir acudiendo a las
    rogativas a San Pedro para que en los próximos años no se presente con mucha
    intensidad el fenómeno del Niño. 
    Mientras que la competencia en las cervezas aleja cada vez mis la
    posibilidad de tener que ver los partidos de fútbol a palo seco, la falta de
    competencia y los continuados errores de política mantienen latente la
    posibilidad de un racionamiento de energía eléctrica
    En efecto, la política energética de 1995 sigue tan
    equivocada como la que nos llevó al apagón de 1992.  Los precios de la energía eléctrica se
    mantienen por debajo de su costo conduciendo a una equivocada asignación de
    recursos.  Los usuarios residenciales en
    Colombia continúan consumiendo mucha más energía eléctrica que en otros países
    de igual grado de desarrollo.  Los bajos
    precios de la electricidad en Colombia siguen incentivando su despilfarro en la
    cocción de alimentos y en el calentamiento de agua para el baño.  Colombia sigue manteniendo el dudoso
    privilegio de ser la nación en donde el consumo residencial de electricidad es
    superior al consumo industrial de energía eléctrica.  A pesar de la amarga experiencia de 1981 y
    1992 seguimos dependiendo en grado sumo de las hidroeléctricas.  A pesar de tener tarifas industriales mis
    altas que las de los países a los cuales exportamos nuestro carbón nos seguimos
    creyendo el cuento de que la energía hidroeléctrica es mucho más barata que la
    térmica.
      
    Pero más grave aún que mantener una política equivocada de
    precios es aumentar sus distorsiones.  En
    aras de un pacto social se sacrifica la viabilidad financiera de las empresas
    del sector.  La posibilidad de contar con
    inversión del sector privado es cada vez más remota cuando se pospone
    indefinidamente el ajuste de las tarifas residenciales y el desmonte de los
    subsidios a los consumidores del servicio eléctrico.
    El plan de masificación del consumo de gas avanza lentamente
    debido a los bajos precios fijados para el gas. 
    Ante la imposibilidad de importar masivamente gas tenemos que seguir
    esperando que aparezcan depósitos de gas cerca a los grandes centros de consumo
    que permitan servir las principales ciudades. Con aumentos del 18 por ciento en
    el  precio del gas es casi imposible que
    el sector privado encuentre atractivo en el negocio y por lo tanto es necesario
    seguir dependiendo del monopolio estatal.
      
    Y como si esto fuera poco, el efecto tequila ha comenzado a
    sentirse en el costo de capital.  Un
    sector como eléctrico tan intensivo en capital y tan dependiente del ahorro
    externo es, sin lugar a dudas, tremendamente vulnerable a los eventos ocurridos
    en el frente cambiario.  Los encargados
    del sector eléctrico no deben olvidar lo que – ocurrió en 1982 cuando el no pago
    de deuda mejicana desencadenó la crisis en toda Latinoamérica.  Los mercados comenzaron a cerrarse, las tasas
    de interés subieron y finalmente las devaluaciones masivas acabaron con  la viabilidad financiera de unas empresas con
    altos niveles de endeudamiento externo.
    Ante un panorama tan incierto, el sector eléctrico debe
    dejar de preocuparse por si va a haber un apagón este año y comenzar a discutir
    si sus políticas de precios son coherentes con una inversión del sector
    privado.      También debe analizar las
    implicaciones de cierre del crédito externo y de una posible devaluación
    masiva.      Si no lo hace volveremos al
    triste espectáculo del sacrificio de inocentes funcionarios del sector
    eléctrico para calmar a un público enardecido por haber soportado las
    consecuencias de un apagón.

  • México: No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague

     Si la economía colombiana no se
    controla bien puede sufrir una crisis externa de grandes proporciones
                                                                                                                                                                        Como suele ocurrir es más fácil
    comentar los ocurrido que prever lo que va a pasar. La mirada retrospectiva
    suele ser siempre muy clara mientras que la mirada hacia al futuro es siempre
    nebulosa. El colapso de la economía mexicana ocurrido el 20 de diciembre del
    año pasado ha dado lugar a una serie de análisis bastante interesantes. La
    última columna del prestigioso economista Rudiger Dornbusch en la revista
    Business Week nos presenta interesantes opiniones sobre la situación mejicana
    de la cual es conveniente destacar la similitud entre la situación mejicana y
    la vivida en Chile a comienzos de los ochentas.
    Dos países que avanzaron de
    manera importante en la senda de las reformas estructurales tuvieron que
    enfrentar una crisis por el mal manejo macroeconómico. El mantener  una tasa de cambio a todas luces irreal
    financiada por creciente endeudamiento privado lleva finalmente a una crisis
    externa que precipita a la economía en un período recesivo. La conclusión obvia
    de lo anterior es bastante clara. Las autoridades económicas no solo deben
    reformar las instituciones modernizándolas y haciendo más competitiva la
    economía sino que deben mantener una política cambiaria adecuada. La
    financiación con endeudamiento externo que acompaña un déficit comercial no es
    una solución de largo plazo pues las deudas tarde o temprano tienen que
    pagarse. Los prestamistas e inversionistas no tienen la paciencia del Santo
    Job, sino que viven revaluando las posibilidades de que su inversión pueda
    repagarse y generalmente a la primera señal de una posible insolvencia cierran
    las puertas del endeudamiento.

    Si lo que pasó en México y sus
    causas ha comenzado a aclararse persisten serias dudas sobre los que le puede
    pasar a la economía latinoamericana. Sin lugar a dudas, el mayor interrogante
    que existe en el momento es el de la economía argentina. Los analistas que en
    términos generales encuentran que el Ministro Domingo Felipe Cavallo ha hecho
    una gestión excelente, sin embargo tienen dudas sobre la viabilidad a largo
    plazo de su política económica. Como muy bien lo expresó el Ministro argentino
    en Wall Street la economía argentina difiere de la mejicana en el aspecto de
    que por ley, la moneda argentina está respaldada por divisas extranjeras. La
    convertibilidad hace que la fuga de divisas se convierta en una disminución de
    la base monetaria y transforma la crisis externa en una crisis doméstica pues
    la reducción de la base monetaria no acompañada por un aumento en el
    multiplicador monetario se transforma en una reducción del dinero en circulación
    lo cual como se vio en la gran depresión viene acompañada de un alto desempleo.
    Esto quiere decir que la economía argentina se vería libre de una crisis
    externa de fuga de divisas en la medida en que esté dispuesta a aceptar una
    profunda depresión que a través de una reducción de precios y salarios devuelva
    la competitividad a la economía argentina. Como el remedio es más grave que la
    enfermedad es de prever que se logre, en el segundo período de Menem, un ajuste
    por otros medios.

    En cuanto a la situación
    colombiana y el posible efecto tequila hay que decir que a pesar de lo que
    dicen Hommes y Perry no estamos en el mejor de los mundos y que si la economía
    colombiana no se controla bien, puede sufrir una crisis externa de grandes
    proporciones o una fuerte recesión como sería el caso de la Argentina. El
    endeudamiento privado colombiano ocasionado por el gran gasto privado muy por
    encima de los ingresos del sector privado está llegando a niveles bastante
    peligrosos. Una devaluación del 2 por ciento no puede ser compatible con una inflación de más de 20 por ciento. La competitividad
    nacional está disminuyendo peligrosamente mientras que se sostiene la bonanza
    de la construcción y otros sectores que producen bienes no transables. Los
    acuerdos comerciales que fueron hasta hace poco el camino para la Presidencia
    del anterior Ministro de Comercio Exterior han quedado reducida a su más mínima
    expresión. En el baile de la integración a Colombia le toco bailar con las más
    feas pues sus socios del famoso G3 están pasando por crisis de grandes
    proporciones que han tenido que ser resueltas con devaluaciones masivas. 
    Los colombianos debemos pues
    comenzar este año con muchas precauciones debemos aprender de las promesas de
    los enguayabados que se embriagaron con tequila y que prometieron que ahora si
    iban a portarse bien. Si no ajustamos la economía en este momento es muy
    probable que lo tengamos que hacer después de una borrachera con aguardiente.
    Aquí conviene recordar que la plata dulce no es eterna y que si hoy es bueno
    endeudarse en dólares esto no sigue siendo cierto después de una devaluación a
    lo mero macho.

  • Protesta de la sociedad protectora de golondrinas

    A nadie puede escapar los
    problemas que se pueden generar cuando una decisión sobre materia cambiaria se
    mantiene en el congelador.
    En estos días la Junta
    Directiva del Banco de la República decidió hacer unos ajustes en la política
    cambiaria. En efecto, la semana pasada se efectuaron cambios en la denominada
    banda de flotación para el dólar. Antes de tratar de entender si esto nos va a
    favorecer o a perjudicar es conveniente recordar la manera como opera esta
    banda de flotación. El Banco Central a través de su Junta Directiva
    establece  un tope máximo o techo para el
    valor del dólar y a partir de éste se compromete a intervenir en el mercado
    cambiario vendiendo dólares a quien lo solicite. Adicionalmente, el Banco
    Central establece un precio mínimo o piso y se compromete a comprar
    dólares  a ese precio a quien quiera que
    le ofrezca dólares. Dentro de la banda de flotación, aunque el Banco Central
    puede intervenir como lo considere conveniente, por regla general, se dejan
    operar las fuerzas de la oferta y demanda para determinar el valor de la divisa
    norteamericana.
    Esta regla de operación, en
    condiciones normales minimiza el impacto de los desequilibrios internos en la
    oferta monetaria y por lo tanto reduce las presiones inflacionarias. Sin
    embargo, cuando el dólar toca fondo el Banco de la República tiene que comprar
    dólares para lo cual tiene que o bien dejar crecer los medios de pago por
    encima de las metas fijadas o emitir títulos a través de Operaciones de Mercado
    Abierto lo que tiene, a su vez, como consecuencia un aumentó en las tasas de
    interés.
    Al ampliar la banda de
    flotación, el Banco de la República y el gobierno estaban reconociendo que la
    revaluación del último año fue muy superior a lo contemplado hace doce meses y
    que por lo tanto era necesario hacer ajustes en su política de intervención. El
    cambio en la política cambiaria es también un reconocimiento de que las medidas
    de control de crédito resultaron impotentes para contener el chorro de dólares
    que querían venir a Colombia a gozar de las altas tasas de interés y de la
    posibilidad de una revaluación de la moneda local.
    La medida debe entenderse,
    entonces, más como un reconocimiento de que la situación estaba llegando a
    extremos insostenibles y como un intento de recuperar uno de los principales
    instrumentos de política económica. No puede entenderse como una solución a los
    problemas percibidos por los agentes económicos. No podemos ignorar que el
    fuerte aumento en endeudamiento externo privado que ha sido una de las
    principales causas de la entrada de divisas es una decisión bastante racional
    de los agentes económicos que han percibido que tanto el  Pacto Social como el Salto Social lleva
    inexorablemente a una fuerte revaluación del peso frente al dólar.
    Si nuestro análisis de que el
    principal efecto de la medida es recobrar un instrumento adicional en el manejo
    de la política económica es correcto uno podría pensar que la medida debería
    ser aceptada por todos y que lo que se debería era cuestionar si la política
    que han definido las autoridades económicas es la correcta. Infortunadamente,
    en lugar de buscar un consenso en torno a una medida inevitable se ha realizado
    un debate infortunado en torno al momento en que se debería tomar la medida.
    Para el Gobierno la medida ha debido tomarse cuando todos estuviéramos cantando
    villancicos abriendo los regalitos de navidad, mientras que para el Banco de la
    República era necesario hacerlo lo más rápidamente posible. La impresión que le
    queda al común de la gente es que no solo existe una gran descoordinación entre
    las autoridades económicas sino que el Gobierno trata de quedar bien con todo
    el mundo aunque para ello tenga que cambiar de posición entrando en conflictos
    con la Junta Directiva del Banco de la República. Nadie puede entender como el
    Presidente de la Junta Directiva del Banco de la República puede estar en
    desacuerdo con  los otros miembros en
    aspectos tan importantes como el manejo cambiario.

    El Ministro ha sido
    desafortunado al buscar una pelea con la Junta Directiva en un asunto en que la
    razón estaba más de su lado que la  del
    Gobierno. A nadie puede escapar los problemas que se pueden generar cuando una
    decisión sobre materia cambiaria se mantiene en el congelador. Mantener una
    tasa de cambio fija en un valor insostenible ha sido siempre el mayor incentivo
    para la entrada o salida de  los llamados
    capitales golondrina. Cuando el gobierno está obligado a comprar o vender
    divisas a un precio a todas luces fuera de línea con su valor de equilibrio los
    especuladores en el mercado cambiario hacen su agosto pues nunca pueden pecar
    por exceso. Las presiones sobre la divisa se vuelven insostenibles aún en
    economías tan importantes como la americana, la alemana y la japonesa. Como
    podríamos pensar que el Banco Central de Colombia pueda defender el dólar
    cuando la emisión de más títulos lo único que lograría sería aumentar las
    pérdidas del Banco de la República afectando al mismo tiempo la situación
    fiscal. Diferir la entrada en vigencia de la nueva banda es incentivar la
    entrada de divisas  garantizándoles
    retornos abundantes. 

  • La congelación de la ciudad

    A nuestra querida Bogotá le
    sucede lo mismo que nos ha ocurrido a los que vivimos en una casa vieja que se
    ha sometido a un proceso permanente de remodelación.
                                                                                                                                                                       
    Cuando uno transita por las
    calles de la capital se da cuenta que su mal estado se encuentra muchas veces
    asociadas al progreso. No solo el mayor número de vehículos y el aumento del
    tamaño de los buses de servicio público ha deteriorado el pavimento sino que
    también la construcción acelerada de algunos barrios y la renovación de otros
    han contribuido a acabar las calles de la ciudad. Las construcciones de
    edificios en las zonas consolidadas son sin lugar a dudas el enemigo número uno
    de nuestras calles. En efecto, la ocupación de vías durante la construcción, la
    rotura de las calles para hacer las conexiones de los servicios públicos y el
    tránsito de los camiones  cargados de
    materiales y del concreto tan necesario para las nuevas  construcciones son los grandes culpables de
    la mayoría de los huecos que se encuentran en los barrios que están
    progresando.
    Este proceso no se ha dado
    solamente en estos treinta meses de soledad. Esta permanente lucha entre el
    progreso y la infraestructura vial es de vieja data solo que con el boom de la
    construcción sus efectos se han hecho más visibles. En esta lucha entre el
    progreso y el deterioro, las autoridades tienden a dejar los huecos sin
    arreglar pues piensan que sus esfuerzos serán inútiles a medida que se abra otra
    obra en la misma cuadra.  Cuando se tapan
    los huecos, el dolor de cabeza es para la Secretaria de Obras pues más se
    tardan unos en arreglarlos que otros en abrirlos de nuevo. Lo triste de esta
    situación es que tanto la Administración como la ciudadanía terminan
    conformándose con vivir en una ciudad totalmente deteriorada.
     La casa que se remodela poco a poco vive llena
    de tierra por las obras permanentes y los remiendos quedan como parches. Los
    pisos quedan llenos de cicatrices causadas por las instalaciones domiciliarias
    de los servicios públicos. Los habitaciones terminan totalmente diferentes, los
    tapetes son de diferente colores y texturas pues cuando se le llega el turno a
    una pieza la referencia del tapete que tanto nos gustó ya no se produce. El no pensar
    todas las implicaciones de las reformas y el no consultar con un experto en
    remodelaciones es el método más costoso de remodelar nuestras viviendas.

    De la misma manera el hacer la
    renovación urbana de a pedacitos sin un plan maestro urbano es la mejor receta
    para despilfarrar la plata de nuestros impuestos y mantener la ciudad en un
    estado de deterioro permanente. Lo que se necesita entonces al nivel de la
    ciudad es parar de una vez por todas este proceso de renovación gota a gota. La
    nueva administración debería entonces congelar el otorgamiento de licencias de
    construcción en la mayoría de los barrios de la ciudad concentrándose en
    algunas de las zonas que cuenten con un plan maestro de desarrollo.

    Estos planes de desarrollo urbano,
    tal como lo ordena la nueva constitución deben ser el resultado de un proceso
    de consulta popular en el que los vecinos de los barrios intervengan para
    definir el tipo de construcciones que se pueden hacer. Los planes urbanos deben
    incluir no solo las normas de construcción, sino que además deben contar con
    estudios de impacto ambiental en un sentido amplio. Estos estudios de impacto
    ambiental urbano deben estimar entre otros el efecto de las nuevas viviendas en
    el tráfico vehicular y deben asegurar que el entorno urbano en especial el
    espacio público no sufra un deterioro como consecuencia de las nuevas
    construcciones.
    El Alcalde Mockus y el nuevo
    Concejo deben pensar seriamente la posibilidad de declarar la moratoria de la
    construcción por los próximos tres años en buena parte de la ciudad. Si nos
    dieran una oportunidad de votar en nuestro barrio o en nuestra  manzana la mayoría estaríamos dispuestos a
    congelar nuestra zona con el deseo de trabajar en los próximos tres años en
    mejorar nuestro ambiente y contar con los servicios públicos. Estos tres años
    los podríamos dedicar a pensar cómo queremos vivir, qué cambios tenemos que
    hacer en nuestro entorno urbano y probablemente en conocernos mejor con
    nuestros vecinos y participar en la creación de un nuevo entorno urbano.

  • El Pacto Social

    Estamos acercándonos al momento
    de la verdad del pacto social. Las discusiones entre empresarios, trabajadores
    y gobierno han permitido un acercamiento en lo que se refiere a la determinación
    de los precios, sin que se esté cerca en el campo de los salarios.      La diferencia básica parece residir en que el
    gobierno espera que los salarios se fijen en función de la inflación esperada
    aumentada por la productividad mientras que los trabajadores y empresarios
    creen que lo mejor es reajustar los salarios en términos de la inflación del
    año anterior.
    Aunque determinar cuál es
    realmente el aumento de productividad en el año anterior es bastante difícil,
    se puede decir que en promedio la economía ha aumentado su productividad entre
    un dos o tres por ciento cada año. Por lo tanto si estamos pensando en un
    aumento del 18 por ciento de los precios los salarios podrían subir, en una
    economía cerrada, hasta en un veintiún por ciento el próximo año sin que se
    experimentaran graves problemas para la política de estabilización.
    Sin embargo, cuando se considera
    una economía abierta a la competencia de carácter mundial el criterio de
    mantener unos costos unitarios constantes medidos en moneda nacional sino lo
    que se requiere es mantener unos costos unitarios laborales iguales a los de
    nuestros principales rivales. En este aspecto a los colombianos nos fue muy
    mal. Mientras que en los Estados Unidos los costos laborales subieron en un
    cuatro por ciento en términos de dólares 
    que equivale a un seis por ciento medido en pesos, en Colombia los
    costos laborales subieron por lo menos un 24 por ciento. Para mantener
    competitividad nuestros productores deberían haber aumentado su productividad
    en un 18 por ciento cifra que supera ampliamente lo observado en toda la
    historia reciente de Colombia.
    El desfase cambiario ocasionado
    por el desigual crecimiento de los costos laborales colombianos comparados con
    los de los principales socios comerciales, que en términos técnicos se conoce
    como la revaluación de la tasa de cambio real se convierte en un obstáculo
    importante para la política de ingresos y salarios propuesta por el actual
    gobierno con el nombre de Pacto Social o Acuerdo de Precios Salarios y Productividad.
    Así como la revaluación de la tasa de cambio real produjo un aumento del
    salario real, su retorno a una tasa de equilibrio deberá venir acompañada por
    un deterioro del salario real o lo que es lo mismo una situación en el que los
    precios suben por el ascensor y los salarios suban por las escaleras. Mientras
    ambos suban en el mismo medio de transporte vertical no habrá posibilidades de
    llegar a una tasa de cambio que proteja la actividad productiva colombiana.

    La idea de una política como la
    del Pacto Social en la que todos los precios y salarios suban al mismo ritmo es
    útil cuando uno piensa que existe un equilibrio en los precios relativos. Sin
    embargo, es un salto al vacío cuando existen marcados desequilibrios que se
    perpetúan causando efectos negativos en la asignación de recursos. Cuando la
    tasa de cambio está sobrevalorada  el
    precio de los bienes que no entran al comercio exterior está por encima del de
    los precios que se comercian internacionalmente. Por tanto para arreglar este
    desbalance lo que se requiere es un crecimiento más rápido del precio de los
    bienes comercializables que no se logra con pactos en los que todos los
    productores se comprometen a subir un 18 por ciento. Lo que se debería hacer es
    que los bienes comercializables suban a tasas por encima del 18 mientras que
    los bienes como la vivienda que no entran en el comercio exterior suban a tasas
    muy inferiores al 18 por ciento.
    Resulta paradójico que la
    Administración Samper que ha tenido un cierto tinte crítico de la política
    anterior Administración haya adoptado una política de ingresos y salarios que
    de hecho presupone que no existen desequilibrios sectoriales y que lo que se
    necesita es un acto de buena voluntad para que todos ganemos cambiando nuestro
    comportamiento para poder llegar a un ritmo de crecimiento  de los precios y de los salarios inferior al
    de los años anteriores.

  • Las cuentas de la lechera

    Si se quiere buscar una
    financiación sana para el plan de desarrollo el gobierno debería presentar, de
    manera inmediata, un proyecto de ley en el que se prolongue la vigencia de las
    tarifas existentes en el impuesto a la renta y el IVA.

    En Colombia, algunos
    comentaristas nos quieren hacer creer que el crecimiento del gobierno no es
    malo mientras esté balanceado y que además no es inflacionario. Sin embargo, el
    Salto Social que eleva considerablemente el tamaño del sector público presenta
    un equilibrio fiscal que no deja de ser preocupante. Los mismos keynesianos nos
    enseñaron que el presupuesto balanceado podía ser factor de crecimiento de la
    demanda agregada con basados en el hecho de que de cada peso que le llega al
    sector privado algo es ahorrado mientras que todo lo que entra al gobierno es
    gastado.
    Más aún dentro de la
    macroeconomía de la economía abierta tanto los estudios empíricos como los
    desarrollos teóricos sobre los determinantes de la tasa de cambio real han
    encontrado que además del déficit fiscal, el mismo tamaño del sector
    público  conducen inexorablemente a una
    revaluación de la tasa de cambio real y por lo tanto ambos son portadores del
    virus del llamado mal holandés. Por lo anterior, un crecimiento desmedido del
    sector público en el próximo gobierno no acompañado de mejoras importantes en
    la eficiencia del sector público es una señal de alarma aún en condiciones de
    equilibrio fiscal. Esta alarma amarilla puede fácilmente convertirse en una
    alarma roja cuando se mira en detalle el equilibrio fiscal que aparece en el
    Plan de Desarrollo de la Administración Samper.
    Expertos del tema económico con
    planteamientos tan diversos como Juan Camilo Restrepo y Eduardo Sarmiento ven
    con preocupación que el balance fiscal se logre a través de un superávit del
    sector descentralizado mientras que el sector público se convierte de la noche
    a la mañana en un ente especializado en gastar por encima de sus recursos. Esto
    cambio es potencialmente peligroso pues las entidades descentralizadas por su
    misma naturaleza están hechas para gastar recursos que le transfiere el sector
    central. En este aspecto las entidades descentralizadas se desempeñan como
    Ramona Calbaza y Cora Díaz los personajes de las tiras cómicas Educando a Papá
    y Lorenzo y Pepita que tienen el papel de gastar todos los ingresos de Don
    Pancho y del jefe de Lorenzo Parachoques. Pensar que las entidades
    descentralizadas puedan ahorrar durante cuatro años puede resultar tan
    improbable como que Ramona y la señora del 
    jefe de Lorenzo puedan alguna vez ahorrar. Si la analogía fuera válida
    la suerte del país sería preocupante pues en una encuesta realizada a lectores
    de estas dos tiras cómicas el ciento por ciento de ellos contestaron que es
    imposible que doña Ramona y Doña Cora algún día gasten menos de lo que reciben.

    Aun si aceptáramos que las
    entidades descentralizadas ingresan a Despilfarradores Anónimos y dejaran su
    obsesión por el gasto nos queda la duda si será posible contar con los recursos
    que aparecen en el Salto Social. Los colombianos estamos cansados de sostener
    un estado ineficiente con altas tasas tributarias. Un parlamento que está
    pasando por un pésimo momento no estará dispuesto a subir  los impuestos aún sea por la puerta de atrás
    como lo quiere hacer  el Gobierno de
    Samper. Mantener las actuales tarifas más allá de  su período no solo va en contra de lo
    anunciado por el entonces  candidato
    Samper en su debate con Andrés Pastrana sino que es un simple aumento de
    impuestos hecho en momentos en que el gobierno tendrá el sol a sus espaldas.
    Diferir la presentación de una reforma tributaria hasta el último momento es un
    gran error. Si se quiere buscar una financiación sana para el plan de
    desarrollo el gobierno debería presentar, de manera inmediata, un proyecto de
    ley en el que se prolongue la vigencia de las tarifas existentes en el impuesto
    a la renta y el IVA.

    Hasta el momento las cuentas del
    gobierno nos recuerdan las de la lechera en camino hacia el mercado donde iba a
    vender su cántaro lleno de leche. Las dos parecen muy  atractivas esperamos que al gobierno no le
    pase lo que le pasó a la lechera y vea convertirse todos
    sus planes en un río de leche derramada.

  • Llegó la Navidad

    Comienza la discusión del Plan de Desarrollo de la administración Samper
    En la semana pasada el gobierno lanzó las bases para el Plan nacional de Desarrollo 1994-1998 en un libro de 227 páginas con el llamativo titulo de “El Salto Social”.  En diez capítulos el gobierno presenta los elementos de discusión para el nuevo plan de desarrollo.

    En el primer capitulo titulado Los Fundamentos del Plan, el documento del gobierno presenta, entre otros, su caracterización de un modelo alternativo de desarrollo en el que se destaca su insistencia en la importancia de la intervención estatal y en la que se descalifica en forma sumaria el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado.  Según el documento, la estrategia económica para la generación de empleo se basa en tres elementos: la política macroeconómica sana, la estrategia de competitividad y una política activa de empleo.
    El Segundo capitulo presenta “un breve diagnóstico de las condiciones de nuestro desarrollo económico, social y ambiental”.  Este breve diagnóstico trata de convencernos de que la situación que se recibe no es la mejor y que por lo tanto se requiere de un gran esfuerzo para poder dar el salto social que propone la nueva administración.

    El tercer capitulo presenta “La estrategia macroeconómica” del gobierno, tratando de convencernos que se podrán mantener los equilibrios macroeconómicos básicos.  El cuarto presenta la “estrategia de inversión pública y efectos macroeconómicos del plan”.  Estos dos capítulos, que bien hubieran podido reunirse en uno solo, deben ser leídos con especial cuidado por los interesados en los temas macroeconómicos.  Las cifras presentadas son realmente preocupantes.  El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos llega a niveles cercanos a los que tuvimos en momentos de crisis cambiaria.  Los niveles de participación del gobierno en el PIB sobrepasan el 50 por ciento. El gobierno central, que se ha caracterizado en el pasado por su superávit se convierte en deficitario, gastándose la lotería que se ha ganado el sector descentralizado.  La tan anhelada estabilidad macroeconómica no aparece por ninguna parte, dejando una primera impresión de excesivo gasto público conducente a una revaluación de la moneda y a una fuerte dosis del mal holandés”.
    Los últimos seis capítulos en los que se presentan los programas a realizar en el próximo cuatrienio son un claro ejemplo del llamado modelo navideño de desarrollo.  Es ni más ni menos un arbolito de Navidad en el que aparecen regalitos para cada uno de los invitados a la fiesta.  Todo el mundo se lanza a la lectura de estos capítulos buscando lo que le toca.  Los educadores, los desempleados, los industriales, los exportadores, las mujeres, los incapacitados, los investigadores devoran las ciento cuarenta y ocho páginas en busca de su regalito de Navidad.  Los constructores y diseñadores de metros encuentran en la página 175 que del salto social les va a corresponder 360.952 millones de pesos de 1994 para un estudio de dos mil millones y 6.5 kilómetros de metro.

    Al leer detenidamente las casi ciento cincuenta páginas de los que se asemeja al correo que comienza a recibir Santa Claus por estas épocas, le queda a uno la impresión de que muchos de los regalos se destacan por su empaque y no por su contenido.  Los nombres ‘ de los programas del Salto Social son más el resultado del esfuerzo de los creativos y no el de serios burócratas de Planeación Nacional.  La retórica de la campaña sigue predominando, dando la impresión de que el gobierno no ha tomado posesión de sus cargos.

    La falta de unas prioridades claras abre la oportunidad para que los que no encuentren su regalito comiencen a pedirlo en el largo proceso de concertación.  El ser el documento unas bases para el plan de desarrollo deja la posibilidad de que terminemos con un gobierno que no solo maneje el cincuenta por ciento del PIB nacional, sino que llegué a cifras solamente contempladas en los países escandinavos.

    La discusión del Salto Social debe ser una actividad prioritaria.  Es necesario definir una alternativa a un plan tan ambicioso que pretende acabar con todos los problemas del desarrollo en los próximos cuatro años, poniendo en serio peligro la estabilidad macroeconómica de un país que se ha caracterizado a escala latinoamericana por su buen manejo macroeconómico.

  • El Plan Mercedes

    La propuesta de la codirectora del Banco de la República tiene indudables beneficios. Nadie puede negar que si la moneda colombiana fuera equivalente a un dólar, la actividad económica sería mucho más sencilla
    El simposio sobre Mercado de Capitales que cada dos años organiza la Asociación Bancaria ha sido el sitio en donde han surgido muchas de las propuestas de reformas del sistema financiero colombiano.  En esta ocasión, en el simposio realizado en Medellín, María Mercedes Cuellar de Martínez, la codirectora del Banco de la República, ha lanzado una propuesta interesante para lograr controlar el crecimiento de los precios.

    Siguiendo la práctica de algunos países en donde se ha podido llegar a una inflación cercana a la de los países avanzados, la distinguida economista propone vincular la moneda colombiana al dólar americano.  Como consecuencia de la unión indisoluble de las dos monedas, los precios en Colombia tienen que crecer en la misma proporción que en los Estados Unidos y por lo tanto la inflación colombiana, por fuerza, tiene que ser igual a la de los Estados Unidos.
    La doctora Cuéllar de Martínez, para facilitar las transacciones del comercio internacional, propone, además, el cambio de la moneda por una nueva.  El nuevo peso, equivalente a mil pesos, tendría el mismo valor que un dólar, permitiendo hacer fáciles comparaciones entre los precios de Colombia y Estados Unidos.  La equivalencia entre las unidades monetarias de Colombia y Estados Unidos facilitaría enormemente la planeación financiera, pues evitaría las conversiones de pesos a dólares, tan necesarias hoy en día.

    La propuesta de la codirectora del Banco de la República tiene indudables beneficios.  Nadie puede negar que si la moneda colombiana fuera equivalente a un dólar, la actividad económica sería mucho más sencilla.  Los críticos que han surgido a tan importante iniciativa no niegan las ventajas que se derivarían de una paridad constante con el dólar sino más bien dudan de la factibilidad política de la propuesta y de la disposición de las autoridades colombianas para llevar a cabo los cambios en la política económica necesarios para poder sostener la paridad cambiaria en el largo plazo.
    La experiencia en otros países ha mostrado que para que el cambio de moneda funcione es necesario, en primer lugar, escoger una paridad que permita competir internacionalmente.  En el caso colombiano, la paridad de mil pesos a un dólar parece bastante razonable siempre y cuando el ajuste se pueda lograr en menos de un año.  Este valor de mil pesos por dólar es un poco superior a la tasa representativa del mercado y por lo tanto en la medida en que se pudiera adoptar de inmediato permitiría recobrar algo de la competitividad que se ha venido perdiendo en los últimos años.

    Para lograr pasar de un régimen de mini devaluaciones a una tasa completamente fija es necesario desmontar los procesos de reajuste automático.  En esto tal vez radica la mayor dificultad política, pues la congelación de precios y salarios que usualmente se requiere puede no contar con el respaldo político. Lo que no parece muy consistente es que funcionarios del gobierno que están tratando de vendernos la idea de un pacto social, en el que todo el mundo acepta un veinte por ciento de aumentos, se pongan a un verdadero acuerdo nacional en el que todo el mundo acepta una congelación de salarios y precios por un corto periodo de ajuste a la nueva moneda.

    La tercera condición para el éxito de lo que podríamos llamar el Plan Mercedes es la adopción de una verdadera austeridad fiscal.  Para poder mantener una paridad constante no sólo la autoridad monetaria tiene que perder su autonomía sino que el Gobierno tiene que generar un superávit fiscal considerable que permita mantener la paridad constante.  La experiencia muestra que los planes heterodoxos que no han incluido un verdadero control fiscal fracasan al poco tiempo de ser lanzados.  Los países vuelven a la misma situación de la que partieron, bien sea la hiperinflación o la inflación galopante del veinte por ciento anual.

    El equipo económico del Gobierno debería aprovechar el revuelo que h causado la propuesta hecha en Medellín para replantear su tímida estrategia de lucha contra la inflación.  El doctor Perry y el doctor Ocampo, que se ha mostrado en ocasiones tan amigos de este tipo de programas, cuando se adoptan en otras latitudes, debería pensar en la conveniencia de dar el salto cambiario abandonando el sistema de devaluación gota a gota.

  • Santafé, Campeón 1994

    Es necesario preguntarse si la sobretasa a la gasolina es el instrumento más adecuado para financiar un  plan vial
    Con la propuesta del cobro de la sobretasa a la gasolina el Alcalde Castro logrará coronar a Santafé de Bogotá como el campeón en el campo de los impuestos.  El ilustre burgomaestre ha logrado llevar a Bogotá de un modesto duodécimo puesto que ocupaba al comienzo de su Administración al primer lugar, desplazando a Zaragoza Antioquia como el líder en el campeonato de impuestos.  El gran esfuerzo hecho por el sufrido santafereño no es reconocido en el resto del país en donde se sigue tratando a los capitalinos como perezosos en materia tributaria.  De aprobarse la sobretasa, la nueva Administración del Distrito Capital podría contar, al fin, con una base impositiva suficiente para atender los ingentes gastos necesarios para realizar las adiciones que requiere la deteriorada e insuficiente malla vial.

    Sobre la incorporaci6n de la sobretasa a la gasolina en el presupuesto para la vigencia de 1995 es necesario hacer una serie de observaciones.  En primer lugar debe decirse que el hecho mismo de su propuesta es una aceptación, tácita, por parte de la Administración actual de que su importante labor de saneamiento fiscal no se pudo completar, pues de otra manera no se explicaría el incluir una fuente de recursos, adicional.  Este hecho que ahora se hace evidente ya había sido descubierto por los estudiosos de las Finanzas Públicas Distritales, quienes habían destacado que el equilibrio fiscal se había logrado en la Administración Castro mediante medidas de carácter netamente coyuntural, como el doble cobro del impuesto de industria y Comercio y la valorización por beneficio general.  La solicitud de una sobretasa a la gasolina está demostrando que para poder atender los requerimientos de infraestructura vial es necesario contar con una fuente de recursos de carácter permanente que permita sufragar por un período largo el plan vial que necesita la ciudad.
    En segundo lugar es necesario preguntarse si la sobretasa a la gasolina es el instrumento más adecuado para financiar un plan vial.  La respuesta a este interrogante es bastante compleja y como en la mayoría de los casos prácticos debe hacerse pesando los pros y los contras.  La sobretasa tiene innegables factores positivos.  Hacer que los beneficiarios de las obras contribuyan a su financiación es un sano principio de hacienda pública.  En este aspecto es más equitativo financiar inversión en vías con un impuesto a la gasolina que a través de un doble cobro del Impuesto de Industria y Comercio.  Aumentar el costo de la utilización de los vehículos tiene un efecto benéfico pues de alguna manera disminuye la congestión al reducir la utilización excesiva de los vehículos.
    La sobretasa a la gasolina, dentro de ciertos limites es muy sencilla de cobrar y su costo de recaudo es mínimo. Sin embargo, la sobretasa a la gasolina tiene serios inconvenientes.  El más grave de todos es su clara incidencia regresiva.  El impuesto termina afectando en mayor grado a los usuarios de bajos ingresos.  Financiar obras públicas con una larga vida útil a través de impuestos tiene el serio inconveniente de gravar a las generaciones actuales para beneficiar a las generaciones futuras, por tanto la sobretasa a la gasolina tiene serios inconvenientes desde el punto de vista de equidad intergeneracional.  En la medida en que la sobretasa tenga cubrimiento parcial se induce un contrabando de gasolina de zonas no gravadas a las zonas gravadas.  La experiencia ha mostrado que el contrabando puede tener serios inconvenientes desde el punto de vista de la seguridad ciudadana.  El tráfico y venta de combustibles se convierte en un serio peligro ciudadano que las autoridades muchas veces no pueden controlar efectivamente.

    Finalmente, es necesario tener en cuenta que la justificación misma de un impuesto para financiar una obra depende de la rentabilidad misma de la obra.  Una inversión que no produce un retorno económico no se debe hacer así se financie con el mejor impuesto.  Por tanto, lo que realmente necesita Bogotá antes de cobrar más impuestos es una gran reforma institucional que asegure que las obras públicas se hagan siguiendo los mejores procedimientos, a un costo mínimo y dentro de los plazos previstos.  No sacamos mucho repitiendo, al infinito, la triste historia de los planes viales de las dos últimas administraciones.

  • Lo barato se vende caro

    Vender programas a US$30 puede convertirse en un negocio de US$1.500 millones

    En la semana anterior mientras en Colombia se llevaba a cabo una nueva edición de Compuexpo, la Prensa presentó en sus páginas económicas una noticia que debió maravillar a las compañías productoras de software de Colombia.  En efecto, Microsoft, la firma más grande productora de programas de computador, compró por la suma de 1.500 millones de dólares una compañía llamada Intuit cuyo producto bandera es un programa para manejar las finanzas de los hogares americanos.

    La importancia del mercado del software se puede apreciar aún sin convertir las cifras a nuestros devaluados pesos.  Los 1.500 millones de dólares pagados por Microsoft, que es más o menos lo que cuesta una central eléctrica del tamaño del Guavio, es el pago por un programa que trata de apoyar la realización de una labor rutinaria que se hace con inusitada frecuencia.  Todo el que tiene que realizar un pago se da cuenta inmediatamente que esta labor no sólo es aburrida sino que por eso mismo el tener los registros financieros al día y en orden es un proceso casi imposible de hacer.  El llevar ordenadas y al día las cuentas de la casa y el pequeño negocio no sólo permite un mejor control sino que facilita enormemente la penosa tarea de hacer la declaración de renta.
    La revolución causada por Quicken, el programa bandera de Intuit, es difícil de imaginar para alguien que no lo haya utilizado.  Antes de Quicken los americanos miraban con pánico la llegada del 15 de abril, fecha de presentación de la declaración de renta.  El cumplimiento de la obligación tributaria venia acompañada de horas enteras de trabajo en las que intentaba organizar todos los papeles del año.  En el momento de hacer la declaración de renta se comenzaba uno a preguntar a quién le había girando un cheque que de ser deducible le podría ‘ ‘representar una disminución considerable de los impuestos.  Después de Quicken el proceso de hacer la declaración de renta es mucho más llevadero.  Muy rápidamente se puede establecer cuál es el saldo en todos los bancos, cuánto se ha ganado durante el año y cuáles son los pagos descontables de impuestos.

    El gran éxito del programa Quicken, que en su versión inicial era simplemente una versión electrónica de la manera como se hacían los cheques, se puede explicar por dos razones.  En primer lugar, los programadores hicieron un programa que resolviera el problema sin necesidad de que la gente cambiara su manera de trabajar.  Cuando el usuario tenia que escribir un cheque en la pantalla del computador aparecía un cheque para que en el se introdujera el nombre de la persona a que se giraba y el valor en letras.  El programa se encargaba de llenar el resto de la información, imprimirlo y guardar la información correspondiente.’ Cuando el usuario quería comprobar su saldo el computador se lo presentaba en el mismo formato al que estaba acostumbrado, con la única diferencia que en esta ocasión los valores que aparecían en el talonario estaban bien calculados pues la información entraba directamente al computador en el momento en que se hacía el cheque.

    El programa permitía clasificar los gastos según su naturaleza y al final de un período se contaba con información de resumen que permitía hacer rápidamente la declaración de renta o presentar informes a las entidades financieras sobre los ingresos, egresos y hasta un balance rudimentario, a medida que pasaba el tiempo, el programa iba aumentando en flexibilidad y en potencia.  Las últimas versiones permitían hacer cálculos de cuotas hipotecarias, llevar las cuentas de la inversión en la bolsa y hasta permitía el pago de las cuentas a través de un módem.

    La segunda razón para el éxito del programa Quicken ha sido su bajo precio, lo que unido a su buen diseño permanente mejora, ha resultado en una base de usuarios que es la envidia de los productores de software de todo el mundo.  Aunque su precio de lista era un poco superior a los 50 dólares, el programa se podía conseguir a menos de 30 dólares.  El bajo precio del programa no sólo permitió una gran penetración sino que evitó la piratería.  Todos los usuarios de Quicken consideraban que no deberían “regalar” un programa tan barato y más bien les recomendaban su compra y utilización.  Además, las continuas actualizaciones y mejoras del programa hicieron que los usuarios viejos se mantuvieran comprando las nuevas versiones.

    Otra importante consideración del éxito del Intuit que comenzó a mercadear a sus fieles compradores, es otra serie de servicios complementarios.  Intuit no solo vendía programas sino que también se convirtió en uno de los mayores productores de formas preimpresas como facturas, cheques, etc. A través de una gran penetración pudo establecer un mayor valor agregado para sus productos más rentables.

    Los que conocemos a Intuit y sus programas no podemos menos de alegrarnos de que una estrategia tan útil para el consumidor haya tenido tanto éxito y que los esfuerzos de los fundadores de esta compañía se vean premiados por un precio alto.  La exitosa estrategia de la compañía de California contrasta con la de las compañías colombianas dedicadas a hacer programas de contabilidad.  En Colombia los fabricantes de software viven obsesionados con la piratería y se inventan todo tipo de obstáculos para que el usuario legítimo pueda usar su producto.  Además, los sistemas se hacen para resolver el problema tal y como lo hace el programador sin tener en cuenta si el cliente trabaja de la misma manera.  Los precios que le ponen a sus productos están por encima de cualquier cifra razonable.  Lo que cuesta 200 dólares en Estados Unidos se vende a mis de tres mil dólares en Colombia, alegando para ello la estrechez del mercado nacional.  La diferencia en estrategias y los resultados no pueden ser más dicientes.  El atender una demanda con un producto de calidad a bajo costo puede significar la diferencia entre un negocio de menos de un millón de dólares a uno de más de 1.500 millones de dólares.