Una Perspectiva Económica de la Actualidad Colombiana

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  • El desmonte de los subsidios a las tarifas de servicios públicos

    Al final de cuentas lo
    único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva
    En medio del debate
    político, el congreso de la República está estudiando el desmonte de los
    subsidies a las tarifas de los servicios públicos.  La improvisación con que se tratan temas tan
    importantes no puede ser más patente. 
    Como los malos estudiantes los padres de la patria han dejado todo para
    el último día y ahora se muestran acuciosos para tratar un problema que habían
    dejado latente en pasadas legislaturas.
    En efecto, por mucho
    tiempo se ha buscado mejorar el esquema tarifario vigente.  El país ha logrado entender después de mucho
    tiempo que el servicio público que no se presta es el más caro y que las clases
    menos favorecidas tienen que pagar los costos más elevados por los servicios
    públicos.  Los hogares de más bajos
    ingresos tienen que comprar el agua por galones, mientras que el resto de los
    usuarios lo hacen por metros cúbicos. 
    Los hogares pobres tiene que cocinar con cocinol con graves peligros
    para la familia y, además, tiene que someterse a hacer colas interminables para
    gozar de este combustible.
    La adopción de precios
    políticos ha incidido negativamente en las finanzas de las empresas y ha
    atentado contra la viabilidad financiera de las mismas, distorsionando de paso
    la asignación de recursos.  Más aún, la implantación de las sobretasas
    al comercio, la industria y los usuarios de mayores ingresos ha llevado a un
    incremento desmedido de las pérdidas negras.
    La estructura de las
    tarifas de los servicios públicos bajo el impulso de un populismo salvaje llegó
    a ser insostenible.  Durante el gobierno
    del Presidente Betancur se inició el ajuste de las tarifas de energía.  Por medio de un Decreto se fijaron las
    tarifas típicas para todo el país y se comenzó el ajuste hacia el patrón
    nacional.  Los organismos multilaterales
    de crédito para colaborar en este propósito incluyeron en sus contratos de
    préstamo una cláusula en la que obligaban a las empresas a adoptar el nuevo
    esquema tarifario.
    La sensatez tarifaria
    finalmente quedó consagrada en la nueva constitución en la que se establecieron
    unos lineamientos para el establecimiento de las tarifas de los servicios
    públicos.  Bajo el nuevo esquema se puso
    un limite a los subsidies y se trasladó la responsabilidad del pago de los
    servicios a los gobiernos nacional y local. 
    En desarrollo del mandato constitucional se definió un esquema
    regulatorio para los servicios públicos en los que se consagró como uno de los
    objetivos de las empresas la viabilidad financiera que debía lograrse con unos
    esquemas tarifarios en los que los subsidios y las sobre tasas deberían estar
    limitados a unos porcentajes razonables. 
    Las leyes pusieron también un plazo máximo para la adopción del nuevo
    esquema tarifario.
    Siguiendo la práctica
    lopista del “chamboneo”, la Ley quedó mal hecha.  Los esquemas tarifarios, iguales para todos
    los servicios, resultaron insuficientes para asegurar la viabilidad financiera
    de las empresas lo que llevó a un ajuste no solo en la estructura sino también
    en el nivel de las tarifas.  Las
    comisiones reguladoras y las empresas prestadoras de servicio emprendieron un
    proceso de aprendizaje, a marchas forzadas, para poder cumplir con los
    requerimientos legales.  Los resultados
    obtenidos al aplicar las normas resultaron muy por encima de los que esperaban
    los funcionarios de turno.
    La crisis política con la
    posibilidad de hacer una consulta popular para legitimar el mandato del
    Presidente se convirtió en el elemento necesario para frenar el ajuste de las
    tarifas de los servicios públicos. Argumentando, cínicamente, que la subida de
    las tarifas de los servicios públicos haría lo que no han podido hacer las
    revelaciones de las irregularidades de la campafia presidencial, los
    parlamentarios gobiernistas entraron a la hora de nona a diferir el ajuste en
    las tarifas de los servicios públicos.
    Sin entrar a discutir la
    justicia de la medida se debe concluir que el Congreso sigue dando señales
    equivocadas al público.  En primer lugar,
    el afán de sacar una ley impide una discusión seria en la que se discutan los
    posibles efectos negativos de las medidas adoptadas haciendo necesario sus
    continuos cambios.  En segundo lugar, si
    todo puede ser cambiado los encargados de poner en funcionamiento los cambios
    pueden lograr bloquear la medida simplemente demorando su puesta en
    funcionamiento hasta el último momento. 
    En tercer lugar, si el gobierno, al igual que muchos padres, no esta
    dispuesto a cumplir con sus amenazas termina perdiendo la credibilidad.
    Al final de cuentas lo
    único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva.  El gobierno no tiene una política clara
    diferente a la de perpetuarse hasta el siete de agosto de 1998.  La posibilidad de entrar en una profunda
    crisis económica es cada vez más cercana.

  • El milagro argentino visto por sus creadores

    El secreto del éxito
    alcanzado por el programa de estabilización argentina esta en la noción de
    convertibilidad.
    El Banco Mundial ha
    publicado recientemente un informe sobre su conferencia anual sobre la economía
    del desarrollo.  En este se presenta un
    interesante articulo de Domingo Cavallo y Guillermo Mondino con el titulo de
    “¿Un Milagro argentino?.  De la
    hiperinflación al crecimiento sostenido. ” En este articulo, los autores,
    el actual Ministro de Economía de la Argentina y el Director de uno de los
    principales institutos de investigación de la Argentina, presentan sus puntos
    de vista sobre los resultados del Plan de Estabilización argentino.
    El artículo se concentra
    en tres grandes temas.  El primero es el
    del crecimiento de la productividad y la reforma económica.  El segundo el del programa para la
    erradicación de la hiperinflación y el tercero el del costo social de las
    reformas.  En cuanto a la relación entre
    la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de la productividad el trabajo
    explora a través de métodos econométricos la relación existente entre la
    estabilidad macroeconómica y el crecimiento. 
    El trabajo confirma el impacto negativo de unas altas tasas de
    inflación, enormes déficit fiscales y del mal manejo de la tasa de cambio en el
    crecimiento económico.
    Los resultados presentados
    en el artículo muestran que la variabilidad de la tasa de cambio real y de la
    tasa de inflación tienen una fuerte incidencia en el crecimiento de la
    productividad.  Tomando como patrón la experiencia
    promedio de 50 países durante el periodo 1960-87, los autores encuentran que
    los resultados de las políticas de estabilización de la economía argentina
    darían lugar a un crecimiento de la productividad laboral del 4.5 por %. Este
    valor es considerablemente superior al observado en Argentina durante el
    período 1975-1990 (-2,8 %) pero inferior al 6,3 % observado en el período
    91-94.
    La diferencia puede
    explicarse, según los autores, por otras reformas llevadas a cabo durante el
    período  por el Ministro de Hacienda
    Cavallo.  Se destacan especialmente, en
    el artículo, el haber llevado los precios relativos a patrones internacionales
    y las reformas del comercio exterior las privatizaciones y la desregulación.  El ajuste en el precio relativo de los bienes
    de capital ha dado una gran dinámica a la inversión y por lo tanto ha
    contribuido al crecimiento de la productividad laboral.  Las reformas comerciales y la inserción de la
    Argentina en el comercio regional no solo ha permitido un comercio libre sino
    que le ha dado una estabilidad el largo plazo a las reformas comerciales.  La Argentina tiene ahora que comportarse como
    un socio equilibrado y no puede volver a los excesos en su política comercial y
    económica de pocas anteriores.
    La privatización no solo
    ha contribuido a subsanar el déficit fiscal sino que ha contribuido a un
    impulso considerable de la inversión.  La
    inversión del sector privado en las empresas privatizadas ha llegado a más de
    la mitad del total de la inversión y se realiza ahora con criterios de
    eficiencia muy diferentes a los utilizados por los burócratas en el pasado.
    El secreto del éxito
    alcanzado por el programa de estabilización está en la noción de
    convertibilidad.  Con las reformas emprendidas
    el peso argentino tiene ahora que competir con el dólar.  En lugar de prohibir las operaciones en
    dólares como se hizo en Colombia en 1966, el plan de convertibilidad obligó al
    peso argentino a convertirse en una alternativa eficaz.  En lugar de pensar que cualquier movimiento
    de la divisa americana era el resultado de una conspiración de fuerzas ocultas
    el gobierno argentino lo tomó como un indicador de una falta de confianza en
    las medidas económicas y que señalaban la necesidad de un ajuste.  El éxito en el control de la inflación ha
    requerido de una política fiscal seria y responsable pues cualquier reforma
    monetaria o cambiaria sin responsabilidad fiscal tiende a ser efímera.
    Finalmente, el artículo,
    en la parte correspondiente a los costos sociales de la reforma, muestra los
    principales resultados obtenidos en lo referente al empleo y a la distribución
    del ingreso.  En el frente laboral el
    programa ha tenido efectos importantes en lo que se refiere al empleo pues en
    el periodo 90-94 ha logrado generar 515.000 nuevos empleos urbanos, casi igual
    a lo prometido en el Salto Social del actual gobierno colombiano.  Sin embargo, el desempleo ha crecido
    considerablemente debido en buena parte al crecimiento de la fuerza de trabajo
    en casi un millón trescientos mil.  La
    evidencia en cuanto a la distribución del ingreso parece mostrar una mejora
    leve, mientras que los indicadores de alivio de la pobreza son bastante
    atractivos pues la población por debajo de la línea de pobreza ha bajado del
    47,5 por ciento en 1989 a un 19 por ciento.
    Después de leer el
    artículo y aún aceptando que este puede presentar una visión muy particular no
    queda duda de la importancia de investigar de manera objetiva las experiencias
    exitosas de otros países para lograr mejorar la política económica colombiana.  En estos tiempos de reflexión es conveniente
    terminar con una cita del trabajo reseñado. 
    “La manera de salir del subdesarrollo es creando las condiciones
    para un rápido crecimiento de la productividad, permitiendo que los beneficios
    se irradien a toda la sociedad.  La
    experiencia con la reforma argentina en donde se logró tanto una victoriosa
    estabilización como un rápido crecimiento dentro de una democracia, debería ser
    un estudio de caso para los gobiernos reformistas”.

  • Panorama Económico Mundial 1996

    El crecimiento económico mundial ha continuado, en
    promedio, a un ritmo satisfactorio, soportado en parte por un fuerte
    crecimiento de los países con mercados emergentes
    Acaba de salir la publicación anual del Fondo
    Monetario sobre el “Panorama Económico Mundial” correspondiente a
    mayo de 1996. Este año se incluyen cinco interesantes capítulos, destacándose
    el tratamiento de la política fiscal. El primer capítulo trata de las políticas
    y perspectivas de la economía global mirando tres grupos de países: los
    industrializados, los países en desarrollo y los antiguos países comunistas,
    hoy llamados países en transición. En el capitulo dos se presenta la situación
    económica mundial y las perspectivas de corto plazo en donde se analiza primero
    la situación de los tres tipos de países mencionados anteriormente y luego se
    presentan aspectos de la coyuntura mundial en lo que se refiere a  precios, mercados de divisas y financieros y
    situación del sector externo. Los tres últimos capítulos presentan para cada
    uno de los grupos de países, principales problemas relacionados con el manejo
    de la política fiscal.
    Debido a las limitaciones naturales de una columna
    de opinión no es posible considerar todo el material presentado en el informe
    del Fondo sino que es preferible tratar, por ahora, el primer tema relativo a
    las políticas y perspectivas a escala global. De acuerdo con el análisis del
    Fondo, “el crecimiento económico mundial ha continuado, en promedio, a un
    ritmo satisfactorio, soportando en buena parte por un fuerte crecimiento de los
    países con mercados emergentes”. El crecimiento de 1995 se redujo en parte
    por una desaceleración de los países de Europa y Norte América que el Fondo
    considera será de carácter temporal. En efecto, según la publicación señalada
    se prevé un crecimiento de la economía mundial cercana al cuatro por ciento
    para 1996 y 1997 que representa un aumento sobre el tres y medio por ciento de
    1995.
    La publicación del Fondo destaca la gran
    sensibilidad de los mercados financieros a las preocupaciones sobre
    desequilibrios económicos y financieros. Para los países que no ejercen un auto
    control de sus políticas económicas la economía globalizada ha comenzado a
    ejercer a un gran costo una disciplina de mercado. Sin lugar a dudas, esta
    disciplina del mercado no le gusta a los gobiernos populistas y por eso añoran
    las épocas de autarquía en la que los errores de política no tenían una
    respuesta tan inmediata. Aunque la integración de los mercados financieros
    puede, en última instancia, proteger al consumidor, es mucho mejor adoptar una
    política sana que evite los grandes sobrecostos que le infringe a la economía
    la disciplina del mercado.
    A diferencia de lo que se vislumbra para Colombia,
    para la economía mundial 1996 presenta una serie de signos positivos. Las
    presiones inflacionarias son moderadas. Las tasas de interés reales son mucho
    más bajas que las imperantes a comienzos de los ochenta. Los precios de las
    acciones han continuado en alza. Las tasas de cambio entre las principales
    monedas han vuelto a niveles compatibles con los elementos estructurales.
    Los desequilibrios fiscales, en opinión de los
    funcionarios del Fondo encargados de la publicación reseñada, pueden afectar
    negativamente la situación económica mundial. En los países industrializados,
    los desequilibrios fiscales continúan siendo una fuente de presión alcista en
    las tasas de interés real, lo que ha tenido como consecuencia un desplazamiento
    de la inversión del sector privado. Los problemas de la seguridad social y de
    los sistemas de salud requieren de una urgente reforma para lograr eliminar una
    fuente importante de desequilibrio fiscal de los países industrializados.
    Aunque los países en desarrollo han hecho
    importantes reformas en el campo fiscal se continúan distrayendo recursos de la
    actividad productiva privada y se continúa manteniendo una participación en
    actividades de carácter cuasi fiscal que crean importantes desbalances en el
    área fiscal. Aunque las economías en transición han hecho importantes reformas
    en el área fiscal, los desequilibrios siguen siendo causantes de problemas
    inflacionarios y retrasan innecesariamente la transformación de la actividad
    económica de estos países.

    Finalmente, no sobra resaltar la importancia de
    este tipo de publicaciones que permiten mirar los acontecimientos mundiales y
    que dan una buena perspectiva para poder analizar nuestra propia situación. La
    información y el análisis presentados permiten tener una nueva perspectiva
    sobre asuntos como si la crisis colombiana es de carácter estructural o si
    tiene orígenes en la falta de gobernabilidad. Por esta y muchas otras razones,
    la recomendación para los interesados en la economía colombiana es muy clara:
    hay que mantenerse informado de lo que pasa en el mundo.

  • La Privatización de los Teléfonos en Bogotá

    Un debate en el que deberían predominar las
    consideraciones técnicas sobre la conveniencia de las diferentes alternativas
    se ha transformado por falta de elementos de juicio serios en una discusión de
    carácter ideológico.

    Las Empresas Públicas de Bogotá son, sin lugar a
    dudas, el patrimonio más preciado de los bogotanos.  Los activos de las tres empresas son
    superiores al de los principales pos económicos colombianos. El ahorro de varias
    generaciones de bogotanos está representado en las instalaciones productivas de
    las tres grandes empresas bogotanas.  El
    buen manejo de las tres empresas de servicios públicos es la condición
    necesaria para poder alcanzar un buen nivel de vida en la capital del
    país.  Por tanto, cualquier decisión
    relacionada con una de estas tres empresas debe ser objeto de un amplio debate.
    Que las empresas de servicios públicos de Bogotá
    están pasando por un periodo critico y que su manejo deja mucho que desear es
    una realidad que se vive día a día.  El
    esfuerzo pecuniario de los bogotanos para sostener una administración
    totalmente ineficiente es cada día mayor. 
    El aumento continuado de las cargas unido a un deterioro en la calidad
    de los servicios nos ha llevado a la deplorable situación de tener que pagar
    los impuestos de Nueva York y padecer una calidad de vida inferior a la de
    Somondoco.
    Para lograr salir de esta encrucijada la
    Administración Distrital ha propuesto una salida fácil.  Privatizar la Empresa de Telecomunicaciones
    de Bogotá.  Con esta jugada genial se
    pretende matar dos pájaros de un solo tiro. 
    Por una parte, se busca mejorar la eficiencia en la prestación del
    servicio telefónico y por otra se intenta aumentar los recursos para financiar
    el plan de desarrollo de la actual Administración.
    La falta de un diagnóstico claro sobre la Empresa de
    Telecomunicaciones, así como su abandono por parte de la Administración Mockus
    durante este año y medio ha llevado a la conclusión simplista de que la única
    solución para la Empresa es su privatización. 
    Las dificultades financieras generadas por un esquema absurdo de tarifas
    se ignoran achacándole los problemas a su condición de establecimiento público
    del orden Distrital.  La posibilidad de
    mejorar su eficiencia mediante la transformación en empresa industrial y
    comercial del distrito ya ni se discute, tal vez, debido a la gravedad de la
    situación actual de la ETB.
    Un debate en el que deberían predominar las
    consideraciones técnicas sobre la conveniencia de las diferentes alternativas
    se ha transformado por falta de elementos de juicio serios en una discusión de
    carácter ideológico.  Los partidarios de
    la privatización han tenido que apelar a argumentos débiles para sostener su
    posición.  Sostener que posponer la
    decisión llevaría a una pérdida de valor de la Empresa no es más que pensar con
    el deseo.
    Si bien el aumento de la competencia ha debilitado
    la posición monopólica de la ETB, las ventajas derivadas de la misma naturaleza
    del negocio todavía son formidables.  A
    nadie que conozca el negocio de las comunicaciones le puede cabe la menor duda
    de que es mejor comprar la ETB que comenzar de nuevo.
    Más aún, no es muy claro que el valor de la ETB haya
    disminuido con el tiempo como lo aseguran algunos de los grandes privatizadores.  Si bien a la ETB le han salido rivales y por
    lo tanto ya no puede considerarse como la dueña de todo el mercado, es muy
    probable que con el avance de las telecomunicaciones y la aparición de nuevos
    servicios el valor de la empresa haya subido en la medida en     que el aumento los
    ingresos correspondiente a los nuevos servicios compense la disminución de los
    ingresos debidos al aumento de la competencia.

    Por otra parte, la
    presencia de los operadores de la telefonía celular puede hacer que el Distrito
    logre un mayor valor por sus activos.      Si
    la ETB se hubiera vendido hace algunos años el interés de los grandes grupos
    económicos hubiera sido menor pues el riesgo de entrar a un nuevo negocio
    hubiera sido considerable.      Hoy en día,
    gracias a la experiencia que han ganado con la telefonía celular los grupos
    económicos cuentan con especialistas en el área de las telecomunicaciones que
    les permitirán obtener óptimos resultados en sus inversiones en este dinámico
    sector.

    La conclusión de lo
    anterior es muy sencilla.      El debate
    sobre la suerte de las Empresas Públicas tiene que darse con suficientes
    elementos de juicio y no puede convertirse en una discusión de carácter
    ideológico. La Administración Distrital debe contratar estudios serios que le
    permitan tomar la mejor decisión sobre lo que se debe hacer con las tres
    grandes empresas de servicios públicos.

  • El plan de no-reactivación

    Para algunos de los
    analistas pensar en reactivación con los niveles de déficit externo actual
    puede resultar en una crisis cambiaria
    El Presidente Samper
    aprovechando la oportunidad de la posesión de José Antonio Ocampo nuevo Ministro de Hacienda, ha
    lanzado el nuevo plan de reactivación en el que da a conocer una serie de
    medidas para lograr aumentar el ritmo de crecimiento de la economía. El paquete
    contiene una serie de medidas encaminadas a inducir al sector privado a
    incrementar sus planes de gasto.
    En sus primeras
    declaraciones a los medios de comunicación, el Ministro de Hacienda, tratando
    de convencer al sector privado de su ortodoxia fiscal, ha aclarado que el
    paquete no está basado en un incremento del gasto público, sino que busca
    estimular algunos componentes del gasto agregado a través de medidas
    relacionadas con la política monetaria, cambiaria y crediticia. Teniendo en
    cuenta esas precisiones, el plan de reactivación más bien parece un mensaje  a sus colegas de la Junta Directiva del Banco
    de la República que un plan de acción, trabaja para su, probablemente, muy
    breve faena como Ministro de Hacienda. La promesa de mantener una disciplina
    fiscal es un buen anuncio del Ministro Ocampo, y revela un cambio positivo de
    alguien que hace menos de quince años, cuando trabajaba en Fedesarrollo,
    pregonaba el impulso fiscal como la solución apropiada para mantener altos
    ritmos de crecimiento de la actividad económica.
    A pesar de las
    declaraciones del Ministro han comenzado a surgir serias críticas al plan
    propuesto. Para algunos de los analistas, pensar en reactivación con los
    niveles de déficit externo actual puede resultar en una crisis cambiaria. El
    razonamiento es muy sencillo. Mientras que la Tasa de Cambio esté en tope de la
    banda, cualquier disminución en la tasa de interés se va a traducir en una
    mayor demanda de divisas por parte del sector privado. Ante la mayor demanda de
    la Junta Directiva del Banco de la República debe vender dólares, lo que trae
    como consecuencia una disminución de las reservas internacionales y una
    reducción de la oferta monetaria. El menor crecimiento de la liquidez,
    finalmente, desemboca en un aumento de las tasas de interés. El estímulo lo
    único que conseguirá es exportar reservas internacionales lo que hace más
    vulnerable de la economía al desequilibrio externo y aumenta las posibilidades
    de una especulación del peso.
    Que esto no es una
    especulación de unos teóricos, se puede comprobar repasando la triste historia
    cambiaria ocurrida en los años 83 y 84 en Colombia. Bajo la dirección del
    Ministro Edgar Gutiérrez, se dieron considerables estímulos para contrarrestar
    la recesión de la industria antioqueña y para salvar el sistema financiero
    colombiano. El resultado no fue el anunciado. El ritmo de crecimiento se mantuvo
    como uno de los más bajos de la historia colombiana, mientras que el nivel de
    reservas bajó considerablemente obligando al final al gobierno a tomar
    drásticas medidas para conjurar la crisis cambiaria.
    El estímulo a la economía
    Colombiana en presencia de un déficit externo es cada vez menos aconsejable,
    pues a raíz de la apertura la movilidad de los capitales se ha incrementado, lo
    que hace que las reacciones a un estímulo monetario sean mucho más inmediatas y
    potentes. Más aún, en las circunstancias actuales en las que la crisis de
    gobernabilidad ha inducido a una preferencia por los dólares, la baja de las
    tasas de interés lo único que va a hacer es permitir satisfacer esta mayor
    demanda de divisas.

    La conclusión que nos deja
    el análisis de las experiencias anteriores en Colombia, así como lo ocurrido
    recientemente en México y Venezuela, es que un estímulo monetario lejos de
    convertirse en una solución para la economía con problemas puede en un momento
    dado convertirse en una de las causas de una crisis cambiaria. Cuando el sector
    privado no tiene interés en invertir, la abundancia de crédito no asegura que
    se aumente el gasto en nuevo equipo. En estas circunstancias se aplica el
    famoso dicho de que a un caballo se le puede llevar a un río pero no se le
    puede obligar a beber. 

  • Una renuncia esperada

    Con la salida del ministro Perry se intensifica la
    discusión sobre la verdadera situación económica y sobre la bondad política
    económica del actual gobierno
    El domingo pasado presentó renuncia el Ministro de
    Hacienda de la Administración Samper. Tal como se había analizado en esta
    columnala falta de credibilidad en el gobierno eran tan evidente que tarde o temprano
    el Ministro de Hacienda o el Director de Planeación se verían enfrentados a
    escoger entre su futuro profesional o su lealtad con el Presidente de la
    República. Aunque se esperaba la salida del Director de Planeación quien ya
    tenía un ofrecimiento de una Universidad de Inglaterra, al final la cuerda se
    reventó por el lado del Ministro de Hacienda.
    Con la salida del ministro Perry se intensifica la
    discusión sobre la verdadera situación económica y sobre la bondad de la
    política económica del actual gobierno. Para la mayoría de los analistas, la
    salida de Perry es un síntoma inequívoco de la existencia de graves problemas
    en el manejo de la economía. Es muy diciente que alguien, como el doctor Perry,
    que nos tiene acostumbrados a justificar lo injustificable termine dándose
    cuenta de la gravedad de la situación. El pregonar una situación mejor que la
    real durante tanto tiempo le quitó credibilidad dentro de la comunidad
    internacional a las políticas del gobierno colombiano. Ser Ministro de Hacienda
    de un gobierno descertificado en el que los indicadores económicos eran cada
    vez más negativos estaba acabando con el prestigio internacional del Ministro
    de Hacienda. Las posibilidades de mostrar unos resultados positivos eran cada
    vez más remotas y por lo tanto era necesario buscar una salida digna de un
    gobierno cada día más cuestionado.
    La renuncia del Doctor Perry, no puede extrañarnos
    pues era algo que se veía venir. Lo que nos sorprende es por qué no se presentó
    antes y cómo alguien con una trayectoria académica como la del doctor José
    Antonio Ocampo acepta seguir vinculado a un gobierno que ha mostrado una
    propensión tan grande al mal manejo económico. Si es cierto que la decisión del
    doctor Perry se debió a discrepancias en el manejo económico y en especial al
    gasto desbordado para sostener al Presidente, uno se pregunta si antes de abril
    de 1996 nunca se habían presentado estos excesos.
    La respuesta es clara, nadie que conociera a
    Samper podría dudar que, tarde o temprano las tendencias populistas propias de
    un Alan García saldrían a flote. El técnico que aceptara ser Ministro de
    Hacienda del doctor Samper debería, como primera tarea, escribir su carta de
    renuncia teniéndola lista para presentarla en el momento en que el Presidente
    propusiera algo en contra de un prudente manejo fiscal. Por ejemplo, habría valido
    la pena renunciar en el momento en que el Gobierno incumpliendo sus promesas
    electorales propone una nueva reforma tributaria. Defender una reforma
    tributaria con el peregrino argumento de que el plan de desarrollo no cuenta
    con la financiación adecuada, cuando la prudencia ordenaba presentar un Plan de
    Desarrollo que estuviera dentro de las posibilidades existentes no concuerda
    con la imagen del Ministro que se nos quiere presentar.
    El ministro Perry, tal vez, por su amistad con el
    Presidente fue demasiado tolerante con los excesos del Gobierno y del Congreso.
    Las ventajas tributarias para los grandes financiadores de la campaña Samper
    Presidente se hicieron a espaldas del Ministro de Hacienda, sin que el doctor
    Perry diera la pelea necesaria para preservar el sano equilibrio fiscal. En
    retrospecto, el presentar renuncia cuando el Congreso le metió esos goles
    hubiera consagrado al doctor Perry  como
    un campeón de la ortodoxia fiscal.
    Del análisis anterior, debe quedar claro que un
    académico como el doctor Perry ha perdido prestigio por demorarse en la
    decisión de renunciar, su credibilidad, que se había recuperado después del
    penoso incidente del apagón, ha vuelto a niveles muy bajos. Los académicos ante
    el fracaso de uno de sus mejores exponentes, deben estar pensando si vale la
    pena vincularse al Gobierno y si el deseo de tener un impacto positivo en el
    desarrollo económico del país justifica esta decisión. La respuesta no es
    fácil. Lo que sí queda claro es que es un gran error vincularse a un gobierno tan
    cuestionado desde el punto de vista moral. Un verdadero académico no ha debido
    entrar al gobierno desde el momento mismo en el que se conocieron los famosos
    narcocasetes, pues algo que comienza tan mal tiene que terminar mal.

  • Lo que mal anda, mal acaba

    Después de más de un año y medio de idas y venidas se ha llegado a la penosa conclusión de que el proyecto de Metrobús no es viable.

    Al final de su Administración, Jaime Castro tras una muy pobre gestión en el campo del transporte urbano decidió hacer una convocatoria para una posible concesión de un sistema  de transporte masivo para la ciudad. Tal como se le advirtió en esa ocasión las posibilidades de lograr una buena alternativa eran muy pocas. En primer lugar, la decisión de utilizar los corredores férreos como elemento clave del sistema de transporte presentaba serios interrogantes tanto por la poca demanda asociada con estos corredores, como por las dificultades presentadas por la invasión de algunos de sus tramos. En segundo lugar, los elevados costos de la infraestructura unidos a un esquema de tarifas relativamente bajo hacía muy poco probable la participación del sector privado en un esquema de concesión, a menos que la Administración Distrital otorgara un apoyo sustancial para financiar la construcción de la infraestructura. Finalmente, dando claras muestras de irresponsabilidad, la Administración Distrital llamó a la convocatoria sin contar con la información adecuada y sin especificar claramente los parámetros que iban a ser tenidos en cuenta en comparación de diferentes propuestas.

    Como era de esperarse, las propuestas resultaron muy diversas dificultando el proceso de análisis. A pesar de contar con asesores extranjeros altamente calificados la Administración tuvo que descartar la mayoría de las propuestas por cuanto no correspondían a sus expectativas. Como era obvio, la mayoría de los proponentes se cuidaron de ofrecer algo imposible como construir un sistema de transporte masivo cuyos costos totales pudieran ser cubiertos con el producido de las tarifas. Al final, y ante el desespero de una Administración que se había destacado por implantar medidas tan absurdas como el contraflujo, se decidió aceptar la propuesta de un Metrobus que con buses de gran capacidad operara sobre los corredores férreos y otras arterias principales.

    La Administración Castro terminó con un proyecto que si bien presentaba una serie de atractivos para la ciudad, también adolecía de serias fallas. El gran tamaño de los buses hacía más onerosa la construcción de la infraestructura, complicaba la operación del sistema e impedía la integración del Metrobus con el resto del sistema del transporte masivo. Por deficiencias en el proceso mismo de la convocatoria la Administración se vio obligada a aceptar la solución que presentaba una serie grande de interrogantes. Sin lugar a dudas, si la Administración hubiera presentado una convocatoria con especificaciones más precisas, habría tenido la posibilidad de escoger entre diversas propuestas interesantes basadas en un mismo equipo, en lugar de haber tenido que comparar soluciones totalmente diferentes.

    Lo sucedido desde la adjudicación no ha sido sino la confirmación de las predicciones de los expertos. El querer utilizar unos corredores férreos invadidos terminó siendo uno de los principales obstáculos. Primero fue necesario establecer un convenio entre el Distrito y Ferrovías, posteriormente fue necesario trasladar a los invasores a los nuevos sitios lo que originó disturbios en Bosa y Suba. Finalmente, los proponentes se dieron cuenta de que el proyecto no podía ser financiado bajo las condiciones acordadas, más teniendo en cuenta del interés de la Administración Samper por un sistema Metro que de llevarse a cabo haría menos atractivo el Metrobus.

    Después de un año de idas y venidas ha llegado la penosa conclusión de que el proyecto Metrobus no es viable. La ciudadanía ha sido ilusionada y defraudada de nuevo. El alcalde Castro desde su dorado exilio en París debe estar reflexionando sobre las causas del fracaso y probablemente piense que todo se deba a falta de gobernabilidad del país y a la pérdida de confianza en el manejo económico, sin embargo, la realidad es clara que como repetía diariamente, el humorista Hebert Castro “se le dijo, se le advirtió, se le recomendó, pero no quiso hacer caso”.

    La Administración  Mockus tiene que reaccionar y no se puede contentar con pasarle la cuenta de cobro a la anterior Administración. Lo primero que tiene que hacer es definir una política integrada de transporte. Debe aprovechar los estudios recientes de la Misión Japonesa para con ayuda de expertos colombianos formular un plan de acción inmediato que comience a darle solución a los problemas concretos que tienen que sufrir los bogotanos todos los días. Debe aprovechar también el Proyecto de Transporte con el Banco Mundial para definir acciones importantes en el sistema de troncales y en pavimentación y construcción de nuevas  vías. Tarde o temprano el alcalde Mockus tiene que reconocer que el sistema de transporte por buses requiere de un ordenamiento institucional diferente con una restructuración del sistema de rutas. Es el momento para que la nueva administración asuma una posición de liderazgo y comience a recuperar el tiempo perdido.

  • La regulación de la competencia

    La experiencia ha mostrado que muchos artículos de
    la ley de servicios públicos se basaron en un escaso conocimiento.
    En días pasados se realizó en la Universidad
    Javeriana un seminario en el que se presentaron, por una parte, las
    experiencias sobre el control de la competencia en Alemania y en la Comunidad
    Económica Europea, y por otra parte la experiencia colombiana en la regulación
    de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. El Doctor Kurt Stockman
    estuvo a cargo de la presentación del marco legal utilizado en Alemania y en la
    Comunidad Económica Europea mientras que varios expertos de las Comisiones de
    Regulación y de la Superintendencia de Servicios Públicos presentaron la experiencia
    colombiana.
    La conferencia del doctor Stockman presentó una
    descripción de las normas sobre el control de la competencia diferenciando el
    tratamiento de las relaciones entre competidores en un mismo segmento y las
    relaciones entre un productor y sus proveedores o clientes. Adicionalmente,
    presentó el tratamiento dado en el viejo continente al abuso de la posición
    dominante, destacando los aspectos institucionales más relevantes para la
    administración y cumplimiento de las regulaciones. Debe destacarse que la
    regulación en Europa, busca, al menos en teoría, el bienestar del consumidor y
    trata de protegerlo de acciones concertadas entre varias empresas tendientes a
    mantener precios artificialmente altos. En consecuencia, las comisiones
    encargadas de promover la competencia en Europa se mantienen alerta para
    castigar a los infractores y ponen multas bastante altas cuando determinan que
    se ha dado un comportamiento prohibido por la ley. En Colombia, en cambio, la
    Superintendencia de Industria y Comercio, que carece de adecuados recursos para
    el control de la competencia, muchas veces se hace la de la vista gorda y
    tolera comportamientos que disminuyen la competencia. Los acuerdos, tácitos y
    explícitos de los operadores de la telefonía celular son aceptados en Colombia
    con notable perjuicio para los usuarios de este servicio.
    El tolerar prácticas anti competitivas ha limitado
    el efecto de las principales reformas emprendidas a comienzos de los noventa.
    El efecto positivo sobre la economía colombiana del proceso de apertura
    comercial se vio disminuido por falta de acciones vigorosas en el campo de
    control de prácticas comerciales no competitivas. Los principales productores
    en algunos sectores muy concentrados aprovecharon el poco interés de los
    organismos de control para aumentar sus márgenes de ganancia mediante arreglos
    entre ellos. De esta manera, la rebaja arancelaria de las materias primas en
    vez de reflejarse en disminuciones del precio final se convirtió en aumento de
    las ganancias.
    Dentro del seminario, la experiencia reguladora se
    concentró en el tratamiento de los servicios públicos domiciliarios. Como se
    pudo apreciar por los comentarios de los comisionados, la inspiración de los
    cambios legislativos tenía su origen en un resentimiento de los usuarios con
    los monopolios estatales encargados de prestar el servicio. Las dos leyes
    fundamentales, la de servicios públicos y la ley eléctrica crearon un esquema
    regulador con el propósito básico de protección al usuario de los servicios
    públicos.
    Con este propósito se crearon cuatro instituciones
    cuyo fin primordial fue el de poner en cintura a los directivos de las empresas
    de servicio público. Se puede decir que las dos leyes buscaron crear un estado
    bueno que estuviera del lado del usuario para luchar por contra un estado malo
    que abusaba del usuario. Sólo como segunda prioridad se pretendió atender a
    problemas tan serios como el manejo de monopolios naturales o a establecer un
    entorno legal en el que se hiciera factible la participación del sector privado
    en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
    Aunque todavía no es posible hacer una evaluación
    completa de la legislación colombiana sobre la regulación económica sí es
    posible hacer algunas precisiones. La experiencia ha mostrado que muchos
    artículos de la ley de Servicios Públicos se basaron en un escaso conocimiento.
    No es posible que a menos de dos años de su promulgación el gobierno tenga que
    modificar elementos básicos como el ajuste de las tarifas. No parece razonable
    que solamente cuando se vaya a poner en práctica el ajuste de las tarifas para
    conformarlo a o contenido en la ley se llegue a la conclusión que este
    incremento es inconveniente y que para cumplir 
    con el pacto social es necesario cambiar la ley.
    La existencia de varias instituciones, cada una
    con su propia interpretación de la misma ley ha sido un factor negativo en el
    nuevo entorno regulatorio. Una empresa que presta los tres servicios básicos,
    energía, acueducto y teléfonos tiene que verse con cuatro instituciones, las
    tres comisiones reguladoras y la Superintendencia de Servicios Públicos, cada
    una con su interpretación de la ley. El principio básico enunciado por el
    ilustre vistante de que para cada ley se debe establecer una sola institución
    encargada de su administración y cumplimiento se violó, con severas
    consecuencias en el caso colombiano.

    Finalmente, el ignorar las diferencias esenciales
    entre los diferentes servicios públicos ha llevado a falsas generalizaciones
    que están causando serios perjuicios. Las tecnologías de prestación de los
    servicios son enteramente diferentes. Pretender aplicar los mismos criterios
    para la fijación del nivel de subsidios para los tres servicios públicos no ha
    sido una buena decisión. El comisionado de agua potable, con buen criterio, ha
    venido sosteniendo que los niveles fijados en la ley si bien son apropiados
    para el sector eléctrico no se ajustan a la realidad del sector de agua potable
    y alcantarillado. La legislación de los diferentes servicios es una labor lo
    suficientemente compleja como para justificar una legislación especial, en la
    que obviamente se encomiende a una sola institución su administración y
    cumplimiento. 

  • Situación actual de la infraestructura vial en Colombia

    Hay un gran problema por la falta de estudios
    adecuados.  Las vías se construyen sin
    que existan estudios serios que respalden los documentos de la licitación.
    La semana pasada FONADE
    realizó un seminario en la Biblioteca Luis Ángel Arango sobre el tema del
    titulo de esta columna.  En el seminario
    se presentaron los principales resultados obtenidos en las investigaciones
    contratadas por el FONADE en años recientes. 
    Lamentablemente, la calidad de las presentaciones no resultó muy
    homogénea y algunas de ellas dejaron muy descontentos a los invitados pues su
    aporte al conocimiento del sector resultó minúsculo, además, las soluciones
    propuestas revelaban un total desconocimiento de la realidad nacional.
    Como dato curioso, se
    puede decir que la mitad de las conferencias estuvieron a cargo de tres
    economistas y las otras tres a cargo de ingenieros uno de ellos, el director
    del a veces cuestionado Instituto Nacional de Vías.  Juzgando por la intensidad de los comentarios
    de los asistentes, el gremio de los economistas causó un mayor impacto
    mostrando, en algunas ocasiones, un mejor entendimiento de la problemática del
    sector.
    Al final de la reunión
    todo el mundo quedó de acuerdo, en algo que muchos sabíamos desde hace mucho
    tiempo.  Hay un gran problema por la
    falta de estudios adecuados.  Las vías se
    construyen sin que existan estudios serios que respalden los documentos de la
    licitación.  Los estimativos de las
    cantidades de obra están muy lejanos de los que finalmente terminan
    ejecutándose.  En promedio, los
    estimativos iniciales terminan siendo una tercera parte de los costos finales
    del proyecto, lo cual tiene obvios impactos negativos en la ejecución misma del
    proyecto.
    Por una parte, con unos
    estimativos de costos tan alejados de la realidad es casi imposible realizar
    una adecuada planeación. presupuestal. 
    Los contratos se quedan sin fondos durante su ejecución y debido a la
    misma mecánica de adiciones presupuestales puede ocurrir que se trabaje menos
    de la mitad del tiempo.
    A nadie escapa que un
    proceso de planeación en el que se aprueban proyectos con costos estimados muy
    por debajo de los ejecutados es totalmente inadecuado.  Las rentabilidades reales de los proyectos
    resultan muy inferiores a las rentabilidades que sirvieron de base para la
    aprobación del proyecto.  Puede resultar
    que muchos proyectos viales se conviertan en elefantes blancos como el Metro de
    Medellín cuyos costos se subestimaron tremendamente y cuyos beneficios se
    sobrestimaron en más de diez veces.
    Más aún, si se tiene en
    cuenta que los estudios iniciales sirven como elemento en la adjudicación de
    los contratos de construcción puede llegar a ocurrir que el proponente
    seleccionado como el mejor para hacer la obra planeada no fuera el mejor para
    llevar a cabo la obra actualmente realizada. 
    El proceso actual en el que se toma la decisión de acuerdo con
    estimativos que son la tercera parte del costo final es similar a uno en el que
    un profesor escoja el mejor estudiante en un examen de tres preguntas
    únicamente con base en la calificación de la primera pregunta.
    Con el fin de mejorar el
    proceso de planeación, el Instituto Nacional de Vías ha aumentado
    considerablemente el ritmo de ejecución de los estudios.  Indudablemente, esta es una medida adecuada
    que va en la dirección correcta.  Sin
    embargo, teniendo en cuenta la poca precisión de los estudios existentes seria
    muy recomendable que se hiciera una evaluación de las causas por las cuales los
    estudios anteriores eran inadecuados.  Si
    no mejoramos la calidad de los estudios el aumento en la cantidad de ellos
    puede ser contraproducente pues, en el corto plazo, puede ocurrir que no existan
    las firmas con suficiente experiencia para hacerlo.  La sequía de estudios de carreteras ha tenido
    como consecuencia que las firmas muy grandes y de mayor experiencia hayan
    dedicado sus esfuerzos a otros temas en el que la demanda ha sido mayor.  Lamentablemente, son muy pocos los ingenieros
    que hayan encontrado atractivo dedicarse al ramo del transporte y los pocos que
    han tenido educación avanzada en los Estados Unidos han tenido que abandonar el
    campo del transporte por la falta de demanda para sus servicios.

  • La nueva era de las telecomunicaciones

                       
    La ley sobre las
    telecomunicaciones expedida en los Estados Unidos, complementada por las
    reglamentaciones de la FCC, introducirá cambios importantes en un sector que se
    ha caracterizado por un rápido cambio tecnológico
                                                            Álvaro
    Pachón Muñoz
    La revista Business Week
    del ocho de abril presenta un artículo sobre la nueva era de las
    telecomunicaciones que puede surgir como consecuencia de la ley expedida
    recientemente por el congreso norteamericano. La ley de telecomunicaciones de
    1996 a pesar de sus 4.000 palabras es apenas el inicio de la nueva regulación,
    pues deja en manos de la FCC (Comisión Federal de las Comunicaciones) la
    expedición de más de  100 regulaciones
    encargadas de definir el nuevo entorno regulatorio de las comunicaciones en los
    Estados Unidos.
    La nueva ley,
    complementada por las reglamentaciones de la FCC, introducirá cambios
    importantes en un sector que se ha caracterizado por un rápido cambio
    tecnológico. Bajo el nuevo entorno competitivo es de esperarse una competencia
    mayor pues se eliminan las principales barreras a la entrada a los diferentes
    segmentos. Las compañías de larga distancia pueden ahora entrar a competir en
    los mercados locales y tienen entera libertad de aumentar su participación en
    sectores como la televisión por cable, la televisión y la telefonía celular. Se
    espera que como consecuencia de la reestructuración de las industrias
    relacionadas con las telecomunicaciones, se llegue a unos mega competidores que
    brinden un menú completo de comunicaciones electrónicas con servicios como el
    videoteléfono, servicios a través de Internet y hasta un número único
    telefónico.
     Los servicios ofrecidos por AT&T, la
    compañía mayor de los Estados Unidos, puede ser un indicador de lo que se ofrecerá
    en un futuro. En este momento ofrece servicios de larga distancia, telefonía
    celular, acceso a Internet, televisión por satélite y en el futuro servicio de
    telefonía local. Los gigantes de los medios de comunicación están pensando
    entrar a prestar servicios de telefonía local y las telefonías locales se
    preparan para entrar en larga distancia.
    El aumento de la
    competencia en el campo de las telecomunicaciones augura una disminución de sus
    costos. De acuerdo con la experiencia de la desregulación del mercado del
    transporte aéreo, la entrada de nuevos competidores vendrá acompañada de
    menores tarifas y de una reestructuración importante. Es de prever que por los
    rápidos avances en la tecnología de las telecomunicaciones los cambios vengan
    acompañados de una ampliación del ponqué total. De acuerdo con la revista
    Business Week, se espera que para finales del siglo el mercado llegue al millón
    de millones de dólares anuales.
    La promulgación de la
    nueva reglamentación va a permitir la construcción de las nuevas autopistas
    informáticas necesarias para servir las crecientes necesidades de comunicación
    tanto de los Estados Unidos como del resto del mundo. Es de esperar que el
    gasto en planta y equipo electrónico se acelere con la expedición de la nueva
    ley de tal manera que se superen las altas tasas de crecimiento, 51 por ciento,
    de los últimos años. Los proveedores de equipos y de programas de entretención
    se sienten a la puerta de una nueva edad de oro.
    Aunque Business Week es
    consciente de las dificultades de predecir quienes pueden convertirse en los
    actores dominantes en el nuevo entorno, se atreve a pronosticar que
    probablemente AT&T, MCI y Sprint sean los ganadores. Las habilidades de
    mercadeo, el reconocimiento de sus marcas y sus abundantes recursos pueden
    convertirse en los factores claves del éxito en el nuevo entorno competitivo.
    Los probables perdedores en la contienda, según la revista mencionada, serán
    las compañías de cable debido a la carga de la deuda, su baja rentabilidad y a
    las dificultades tecnológicas de proveer un servicio interactivo.

    La lectura del artículo
    anterior indudablemente debería ser obligatoria para los colombianos
    interesados en el sector de las telecomunicaciones pues los cambios
    introducidos por la nueva legislación americana van a tener un fuerte impacto
    en    el mercado colombiano. Por una
    parte, los cambios en la estructura del mercado y en sus tarifas afectarán de
    manera importante la rentabilidad de las empresas colombianas y el tipo de
    servicios que se ofrezcan. Por otra parte, en la medida en que la competencia
    sea más intensa en los Estados Unidos las empresas americanas buscarán explotar
    mercados menos competidos y de mayor rentabilidad. La presión de la competencia
    en Estados Unidos será un factor adicional en la presión hacia la privatización
    de  los servicios telefónicos en
    Colombia. Puede decirse que la nueva ley de las telecomunicaciones tendrá un
    fuerte impacto aun en otros países que hoy en día el sector está en manos del Estado.