Una Perspectiva Económica de la Actualidad Colombiana

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  • Sin política económica

    La salida de Antonio
    Galán Sarmiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá será opacada por
    la que le harán los trabajadores oficiales al futuro candidato liberal.
    Después de declarar la
    emergencia económica el gobierno ha vuelto a sus malos pasos. La seriedad
    fiscal fue solo flor de un día y hoy acosado por el paro de los empleados
    oficiales comienza a negociar un aumento en la remuneración de los trabajadores
    oficiales. Para contribuir a la confusión y aumentar las probabilidades de
    llegar a un acuerdo más rápido, ha encargado de las negociaciones al Ministro
    del Interior quien buscará aprovechar los últimos días que le quedan en el
    gobierno para salir por la puerta grande. La salida de Antonio Galán Sarmiento
    de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá será opacada por la que le harán
    los trabajadores oficiales al futuro candidato liberal que aprovechará la
    ocasión para ganarse el respaldo de los principales sindicatos del país.
    Pero no solo en el
    manejo político de los conflictos laborales se nota la falta de coherencia sino
    también en el manejo de las situaciones internacionales. La Canciller anda por
    el mundo pegada a un micrófono haciendo diplomacia por los medios masivos de
    comunicación con tan mala fortuna que las relaciones comerciales colombianas se
    encuentran en su peor momento. Las peleas con Venezuela y Estados Unidos son
    tan frecuentes que muy pronto van a dejar de ser noticia. Ante los fracasos de
    nuestro cancillería los gremios han comenzado a asumir la representación del
    país. Los dirigentes gremiales se han lanzado a una ofensiva diplomática y han
    contratado agencias para que les ayuden a convencer a los americanos de que el
    gobierno colombiano si se ha portado bien el año pasado. Como los padres de los
    hijos calaveras, los gremios han acudido a sus palancas para que no les
    expulsen al hijo y le dejen repetir el año en el mismo colegio.
    La herencia que nos
    dejó Ernesto Samper en su paso por el Ministerio de Desarrollo no podría estar
    peor. Un Ministerio que en su época fue muy importante se convirtió al partirse
    en dos en un cero a la izquierda. Nadie sabría quien está al frente del
    Ministerio de Comercio Exterior si no fuera por la pequeña deuda que heredó el
    Ministerio de Defensa. Si no fuera por el Atlantic Coal nadie sabría que Morris
    Harf es el Ministro de Comercio Exterior pues sus ejecutorias han sido
    minúsculas. Del Ministro de Desarrollo lo único que se acuerda la gente es que
    en alguna época trabajó con uno de los grupos más poderosos de Colombia y que
    su nombramiento posiblemente sirvió para pagarle los favores recibidos a tan
    importante grupo económico.
    Los partidarios de la
    economía de mercado deben estar muy contentos pues parece que Planeación
    Nacional se acabó. Hace mucho tiempo que Planeación no fija su posición sobre
    los temas importantes de política económica. No sabemos si el DNP está en
    contra o a favor del Metro de Bogotá ni tenemos su opinión sobre tan importante
    tema como el Canal Interoceánico. Los grandes proyectos de infraestructura
    parecen que ya no necesitan el visto bueno de Planeación Nacional y ahora en el
    Gobierno de la Gente el mercado está tomando las decisiones sobre los grandes
    proyectos de infraestructura.
    Las grandes reformas
    del 90 han quedado en manos del Doctor Carlos Wolff quien ha dado muestra de
    una capacidad de trabajo tan grande como su ego. Las reformas en el régimen
    pensional y en el sistema de salud no han tenido quien las defienda y poco a
    poco podemos estar cayendo en una situación similar a la anterior a la reforma.
    Es increíble que el ISS no haya podido cumplir con el mandato de informar a sus
    afiliados sobre el estado de sus cuentas. Pensionarse del ISS sigue siendo tan
    difícil como antes y el afiliado sigue en manos de una burocracia que no le
    responde a nada.
    Las mejoras en la
    institución se han quedado en el piso donde funciona la Dirección General y el
    sufrido usuario del servicio médico sigue lo mismo que antes. Las grandes
    inversiones publicitarias del ISS le han ganado un tratamiento más favorable en
    los medios de comunicación pero no han influido en la mala percepción que
    tienen los usuarios del servicio que presta el Instituto.
    Si a lo anterior le
    sumamos la grave situación económica por la que estamos atravesando y que ha
    sido el fruto de un manejo equivocado del actual equipo económico al que le han
    salido todas las cosas al revés, estaríamos inclinados a solicitar la
    colaboración de los siquiatras ecuatorianos especialistas en determinar si los
    gobernantes están en capacidad de gobernarnos o si por el contrario sería
    necesario buscar otros que no se nos hagan los locos.

  • Un campanazo de alerta

    Es necesario aceptar
    que el suministro de agua para Bogotá es muy vulnerable y que esta falla debe
    corregirse de inmediato.
    La gran vulnerabilidad
    en el aprovisionamiento de agua en Bogotá ha quedado nuevamente en evidencia.
    El túnel de Chingaza se ha derrumbado por enésima vez y Bogotá está ad portas
    de un nuevo racionamiento. El embalse de San Rafael resultó insuficiente para
    suministrar agua a la ciudad durante el período de reparación del túnel. La
    Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no ha podido asegurar el
    suministro confiable a la ciudad a pesar de las grandes inversiones realizadas.
    El esfuerzo de los
    últimos alcaldes y de sus gerentes no ha sido suficiente para lograr un
    suministro confiable de agua en Bogotá. Las graves fallas de los diseñadores
    del acueducto, la clientelización de la Empresa de Acueducto y de la
    Administración de Bogotá han conducido a una situación que es necesario
    corregir lo más pronto posible. 
    Es necesario aceptar
    que el suministro de agua para Bogotá es muy vulnerable y que esta falla debe
    corregirse de inmediato. La Administración debe considerar como prioritario el
    lograr mejorar la confiabilidad del sistema de agua potable en Bogotá. Para
    ello debe hacer una fuerte inversión en varios campos. En primer lugar, es
    necesario hacer reparaciones urgentes en las tuberías por donde llega el agua
    de Tibitoc. De no hacerlo seguiremos con la ruptura de las tuberías en el norte
    de la ciudad cada vez que se necesite incrementar el suministro desde Tibitoc
    para suplir las fallas del sistema de Chingaza.
    En segundo lugar, será
    necesario pensar en la posibilidad de construir otro túnel que permita suplir
    el suministro en caso de otra falla. Esta alternativa probablemente hubiera
    ahorrado la gran inversión en el embalse de San Rafael y hubiera evitado crear
    falsas expectativas. Este nuevo túnel debería ser diseñado como se hace en los
    países avanzados en donde se minimizan los riesgos de derrumbes y en donde no
    se acepta la práctica colombiana del chamboneo que prefiere arreglar los
    derrumbes a prevenirlos mediante un buen diseño.
    En tercer lugar, es
    necesario inculcar a los bogotanos la cultura del ahorro de agua como un hábito
    permanente y no como algo exótico que se debe adoptar únicamente en caso de
    emergencia. Esta cultura del ahorro de agua debe comenzar con la educación
    desde las escuelas y colegios y debe reflejarse en el costo del servicio de
    acueducto. La ciudadanía debe estar dispuesta a pagar más por un servicio de
    alta confiabilidad.
    Pero no solo es
    necesario aumentar la confiabilidad del sistema sino que además es necesario
    aumentar la competencia en la prestación del servicio. Aunque a primera vista
    los servicios públicos pueden catalogarse como un monopolio natural la
    experiencia ha mostrado que hoy en día es posible introducir la competencia en
    la prestación de algunos de los principales servicios públicos domiciliarios. A
    nadie escapa que Bogotá en realidad tiene más de una fuente alterna de
    suministro de agua y que por lo tanto el negocio de la producción de agua
    podría dividirse entre varios proveedores.
    Más aún, es posible
    dividir el servicio de acueducto de manera similar a la del servicio de energía
    eléctrica. La Empresa de Acueducto se puede dividir en una de captación y
    tratamiento, en otra de transmisión y en una de distribución. Estas empresas
    competirían entre sí y podrían dedicarse a su negocio lo que redundaría en una
    mayor eficiencia. Hoy en día el Gerente de la Empresa de Acueducto tiene que
    preocuparse por la captación, por la transmisión y por la distribución con la
    consecuencia de que no puede dedicarle la atención que requiere cada una de
    ellas.
    Finalmente, es necesario
    que los bogotanos tomen conciencia de la importancia de contar con un buen
    gobierno. La experiencia de las Empresas Públicas de Medellín muestra que es
    posible que los servicios públicos sean prestados eficientemente por el
    gobierno municipal. Sin embargo, lo que se requiere es crear una clase de
    administradores públicos que manejen eficientemente la ciudad. Mientras que en
    Bogotá no haya conciencia de la importancia de contar con un verdadero equipo
    de administradores profesionales estaremos esperando el milagro de que se nos
    aparezca el salvador para solucionarnos todos nuestros problemas.

  • El transporte en Bogotá

     La falta de cobro
    directo por las vías no solo obliga a sacrificar la inversión social sino que
    lleva a un exceso de demanda que se transforma en congestión y desorden.
    El martes y miércoles
    de la semana pasada se realizó en la Biblioteca Luis Angel Arango un seminario
    sobre el transporte en Bogotá. Aunque la intención de los organizadores era
    analizar dos estudios recientes sobre el tema, no se pudo cumplir con este
    objetivo debido a las demoras en la entrega del estudio sobre la línea
    prioritaria del Metro. El incumplimiento en la entrega del estudio y la pésima
    presentación realizada por Jaime Ortiz, uno de los funcionarios de la Consejería para Bogotá, fueron los lunares de un seminario que resultó muy interesante.
    El contraste entre una
    Administración Distrital seria y preocupada por encontrar la solución a los
    problemas de la ciudad y el representante del Gobierno Nacional fue tan notorio
    que puso a pensar a muchos de los asistentes si se justificaría la existencia
    de una Consejería para el Distrito. Esta burocracia inútil no solo representa
    una afrenta al proceso de descentralización sino que resulta en un pésimo
    ejemplo en épocas de crisis fiscal que han llevado al gobierno a decretar una
    emergencia económica.
    A pesar de las
    divergencias de opiniones entre los participantes se ha comenzado a llegar a
    algunas conclusiones que pueden ser de vital importancia para el diseño de una
    política de transporte. La primera de ellas se refiere a la importancia que
    tiene la estructura de la ciudad para determinar las necesidades de transporte.
    Los sabios consejos de los Profesores Owen y Currie recobraron vigencia. Las
    ciudades dentro de las ciudades, sin lugar a dudas, son la base para lograr una
    disminución de las necesidades de movilización. En la medida en que los nuevos
    desarrollos que se van a dar en las Localidades de Suba y Usaquén cuenten con
    fuentes de empleo y sean lo más autocontenidos posibles las necesidades de
    obras de infraestructura serán menores. Si nos dedicáramos a planear a Subaquén
    para atender a los más de dos millones y medio de habitantes que tendrá en el
    año 2.020, lograríamos una disminución radical en los casi 10 mil millones de
    dólares de inversión contemplada en el plan Maestro de Transporte y además
    lograríamos mejorar considerablemente el nivel de vida de los habitantes de
    este conglomerado urbano que sería la segunda ciudad más grande de Colombia en
    el año 2.020.
    El segundo punto en el
    que se logró un consenso fue el de comenzar a cobrar de una manera directa por
    el uso de las vías. La falta de cobro directo por las vías no solo obliga a
    sacrificar la inversión social sino que lleva a un exceso de demanda que se
    transforma en congestión y desorden. Como lo advirtió el Gerente del Banco de
    la República, los avances tecnológicos en el cobro de las vías han sido tan
    importantes que es muy probable que en muy poco tiempo y con toda seguridad
    antes del año 2.020 se pueda hacer el cobro mediante tarjetas inteligentes y
    sensores ubicados en las principales zonas congestionadas de la ciudad.
    La tecnología de cobro
    electrónico sería la cura milagrosa para remediar las distorsiones introducidas
    en el mercado por el alto costo de las transacciones. Con la adecuada
    tecnología será tan fácil cobrar por el uso de la red vial como es ahora
    posible cobrar por el uso de la red de telefonía celular. Las grandes urbes
    comenzarán a considerar a las grandes autopistas urbanas no como un barril sin
    fondo en donde van a parar todos los impuestos, sino como una fuente de
    recursos muy importante. Así como la instalación de medidores de agua es el
    mejor antídoto contra el despilfarro del agua, los sensores electrónicos
    permitirán ponerle freno al desperdicio del tiempo y del espacio público.
    Los expertos nacionales
    e internacionales estuvieron de acuerdo en la importancia de contar con
    instituciones fuertes que se dediquen a la planeación, regulación y control del
    sector. Los grandes problemas del transporte bogotano, para muchos de los
    participantes surgen de la debilidad institucional. Los encargados del sector
    muchas veces no tienen los conocimientos especializados porque las
    instituciones no tienen los recursos económicos que les permita contratar a los
    pocos especialistas sobre el tema del transporte. La falta de contraparte en
    los estudios, evidenciado de manera notable en el estudio de la línea
    prioritaria del Metro resultan en pésimos proyectos sin ninguna justificación
    seria que con seguridad van a terminar en sobrecostos considerables.

    Finalmente, del
    Seminario ha quedado claro que el Metro de Bogotá va a necesitar un subsidio
    para cubrir los costos de operación y que va tener un fuerte impacto sobre las
    finanzas de la ciudad. Aunque ninguno de los dos trabajos hace un verdadero
    análisis financiero los datos parecen mostrar que el pago del servicio de la
    deuda desborda la capacidad de pago de la ciudad y que causaría serios
    problemas sobre las finanzas del gobierno nacional si el Presidente cumpliera
    sus promesas electorales. Cuando casi todos los analistas se han podido poner
    de acuerdo en la necesidad de contar con un Metro, es triste pensar que el
    populismo haya llevado a una crisis fiscal en la que se ve muy difícil
    financiar la participación de la Nación en el Metro.

  • El Presidente si sabía

    La crisis política
    desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación
    económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a
    derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad
    fiscal.
    La declaratoria de la
    Emergencia Económica por la Administración Samper es un nuevo signo del mal
    manejo económico que ha tenido el país durante este gobierno. La falta de
    previsión y el querer tapar el sol con las manos han resultado en una
    experiencia traumática que ha dado al traste con la posible recuperación de la
    economía colombiana.
    La irresponsabilidad
    fiscal que caracterizó a Ernesto Samper durante su paso por el Concejo de la
    capital donde organizaba marchas para que los usuarios de los servicios
    públicos quemarán las fotocopias de las facturas y se negarán a pagar la
    valorización por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, fue, sin
    lugar a dudas, la principal característica del plan del salto social.
    El hueco fiscal del
    Plan de Desarrollo fue motivo de críticas por gran parte de los analistas
    económicos independientes del gobierno. La imposibilidad de financiar sanamente
    el plan de desarrollo dentro de las posibilidades que dejaba un aumento
    acelerado de las transferencias, inspirado por el primer Ministro de Hacienda
    del Gobierno Samper desde los salones de la constituyente, resultaba evidente
    para todo el mundo.
    El afán desmedido por
    aumentar el gasto para satisfacer el voraz apetito de la clase política llevó a
    romper la sagrada promesa hecha en la campaña electoral de no aumentar los
    impuestos. El gobierno, sin el más mínimo rubor, le anunció a la ciudadanía que
    el aumento temporal del IVA contemplado en la reforma tributaria de la
    Administración Gaviria se convertiría en permanente. Pero como la conversión de
    un aumento temporal en uno permanente no era suficiente para poder contar con
    el apoyo político del congreso fue necesario apelar a un aumento en dos puntos
    en el IVA.
    La crisis política
    desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación
    económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a
    derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad
    fiscal. Las voces que comenzaron a llamar la atención sobre la grave situación
    del país fueron desatendidas. El Ministro Perry, en lugar de tomar las medidas
    adecuadas, se dedicó a escribir cartas a los medios de comunicación en las que
    defendía su gestión, descalificaba a sus críticos y culpaba a la anterior
    administración por la situación existente.
    El cambio de Ministro
    de Hacienda ha permitido un cambio en la dirección de la política económica. La
    realidad ha sido reconocida y se han comenzado a realizar los ajustes en la
    política económica que el país necesitaba. Sin embargo, el camino adoptado, la
    Emergencia Económica, no parece ser el más apropiado. La Corte Constitucional,
    juzgando por las preguntas realizadas a los expertos en los temas económicos,
    tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de las medidas. Todos los
    expertos estarán de acuerdo que el Presidente si sabía que el país estaba en
    graves circunstancias y que las medidas adoptadas en los dos primeros años de
    gobierno nunca estuvieron encaminadas a arreglar el problema que ellos mismos
    habían diagnosticado en la campaña presidencial. Por el contrario, el afán de
    pagar favores al Grupo Santodomingo, a otros de los grandes aportantes y ganar
    el respaldo político para la preclusión en el juicio de la Cámara de
    Representantes, lo único que hizo fue agravar la situación fiscal.
    Más aún, muchas de las
    medidas no solo estaban anunciadas sino que, además se podían adoptar por otros
    medios. El freno al endeudamiento privado puede hacerse, y en realidad se ha
    hecho,  por atribuciones propias de la
    Junta Directiva del Banco de la República. Como muy bien lo ha demostrado el
    actual Ministro de Hacienda en un sesudo documento, el impuesto establecido al
    endeudamiento externo es equivalente a la utilización de los encajes sobre el
    endeudamiento externo.
    Esta interferencia con
    la independencia del Banco de la República es una pésima señal para la
    comunidad internacional. El Gobierno Samper no se ha esperado a febrero de 1997
    para poder nombrar dos miembros más en la Junta Directiva del Banco de la
    República con lo cual contaría con la mayoría en este importante organismo,
    sino que ha entrado por la puerta de atrás para acabar con la independencia de
    tan importante institución.

    Lo que es sorprendente
    es que por la declaratoria de la emergencia económica ha quedado en manos de la
    Corte Constitucional uno de los principales activos con cuenta la economía
    colombiana. La confianza de la comunidad internacional en la seriedad de la
    política económica depende de una declaratoria de inconstitucionalidad de la
    emergencia económica adoptada por el gobierno Samper. Si se aceptaran los
    argumentos del gobierno para acabar con la autonomía del Banco de la República
    y del Congreso, Colombia entraría a la lista de los parias no solo en el
    aspecto del narcotráfico sino también en el del manejo económico.

  • Un año en que todo salió al revés

    La circunstancia de
    darse la crisis seis años después de iniciado el proceso de apertura apunta más
    bien a encontrar los problemas en los actores de la reciente política
    económica.
    El desempeño de la
    economía en 1996 fue bastante flojo. La economía perdió todo el impulso que
    traía. Las metas económicas no se alcanzaron. La inflación resultó muy por
    encima de lo esperado al comienzo del año. La tasa de crecimiento de la
    economía obtenida en este año bisiesto fue muy inferior a la proyectada. El
    déficit fiscal fue superior al proyectado. El desempleo superó con creces el
    del año pasado y por si fuera poco la brecha externa se amplio.
    La historia económica
    reciente nunca había mostrado esta combinación de males, pues cuando la
    inflación se aceleraba por lo general iba acompañada de un aumento en las tasas
    de crecimiento de la economía y en una disminución en el desempleo. Por otro
    lado si la economía se desaceleraba y aumentaba la tasa de desempleo y el país
    crecía menos de lo esperado se lograban mejoras considerables en la disminución
    de la presión inflacionaria y se alejaba la posibilidad de una crisis
    cambiaria.
    Lo normal era entonces
    vivir en un mundo en el que los encargados de la política económica sopesaban
    cuidadosamente los costos y beneficios de una decisión y tomaban la que causaba
    el menor costo posible. Los libros de texto mostraban cuidadosamente la manera
    de evaluar los costos del aumento del desempleo en función de la llamada brecha
    del producto interno bruto y la comparaban con los costos reales de la
    inflación, calculados muchos veces como un aumento en el costo de acercarse con
    más frecuencia a los cajeros automáticos para convertir los depósitos en cuenta
    de ahorros o del sistema UPAC en dinero para poder pagar las transacciones.
    Este paradigma del
    balance entre dos males solo dejaba de ser cierto en los casos en los que se
    entraba o salía de una crisis. La llegada de la hiperinflación venía
    acompañada, en muchos casos, de un 
    aumento en el desempleo, una menor tasa de crecimiento y en algunos
    casos de una crisis externa. Los milagros económicos recibían su nombre no solo
    porque las economías recuperaban su ritmo normal de crecimiento y lograban
    volver a una situación de estabilidad sino porque se alcanzaba simultáneamente
    todo el equilibrio de la economía.
    Unos resultados tan
    pobres en 1996 estarían entonces mostrando que podríamos estar entrando en una
    situación muy complicada que puede requerir de una medicina fuerte para lograr
    su pronta recuperación. Infortunadamente, ni los encargados de la política
    económica, ni los analistas de la situación económica se han podido poner de
    acuerdo en las causas que nos han llevado a una situación tan grave.
    Explicaciones tan
    simplistas como un efecto retardado de la apertura o la existencia de un grave
    déficit fiscal han llevado a muchas discusiones de carácter ideológico han
    confundido tremendamente el debate económico. La ausencia de cifras sectoriales
    por demoras en su procesamiento han llevado a discusiones estériles sobre la
    situación de diferentes sectores.
    El comportamiento del
    sector industrial colombiano en la época post apertura no se ha podido precisar
    porque la mejor fuente de información está bastante atrasada. La última
    publicación del DANE se refiere a la encuesta anual manufacturera de 1991,
    mientras que la del 92 apenas se conoce en forma provisional. Ante la ausencia
    de las cifras sobre los cambios estructurales en la industria se ha tenido que
    apelar a cifras de carácter mensual que sirven. primordialmente, para medir los
    efectos coyunturales pero que contribuyen muy poco a un buen diagnóstico de
    carácter estructural.

    Los resultados de la
    muestra mensual manufacturera han servido para llegar a diagnósticos totalmente
    diferentes de la economía. Para algunos analistas, la apertura no contribuyó a
    mejorar la productividad y su crecimiento se debió a un aumento considerable en
    la formación de capital motivado por el cambio de los precios relativos de los
    bienes de capital y al período de bajas tasas de interés asociados con la
    puesta en funcionamiento de la Junta del Banco de la República. Para otros, el
    crecimiento de la industria se explica por un rápido crecimiento de la productividad
    causado por el reacomodo de las diferentes empresas a un entorno más
    competitivo y en cual era atractivo concentrarse en sectores en los que se
    tenía una ventaja comparativa.
    Esta explicación no
    solo parece más plausible desde el punto de vista teórica, sino que es
    compatible con estudios de caso de algunas industrias que lograron prosperar en
    los tiempos posteriores a la apertura económica. La industria automotriz
    colombiana es un caso claro de una adaptación exitosa a un cambio drástico en las
    reglas de juego. Más aún, la experiencia de las ensambladoras colombianas
    muestra claramente que la apertura no puede ser la principal explicación del
    rezago industrial de 1996. Si la apertura hubiera sido la causa de la crisis de
    la industria ésta se ha debido dar en 1992 o en 1993 y en ese caso hubiera sido
    un veredicto en contra de la apertura acelerada. Si la crisis de la apertura se
    hubiera dado en el Gobierno Gaviria los opositores hubieran tenido un resonante
    éxito en sus predicciones y los promotores de la apertura rápida y amplia
    habrían estado obligados a darle una explicación al país.
    La circunstancia de
    darse la crisis seis años después de iniciado el proceso de apertura apunta más
    bien a encontrar los problemas en los actores de la reciente política
    económica. El gobierno actual aparece como el principal culpable. La
    credibilidad de los ministros del equipo económico es muy baja. A los Ministros
    de Hacienda del Gobierno Samper no les ha ido bien. El déficit fiscal sigue
    siendo preocupante a pesar de contar con más recursos tributarios. La
    burocracia, los auxilios parlamentarios unidos a un incremento desmesurado en
    las transferencias a los gobiernos locales han sido los beneficiarios de los
    aumentos de los impuestos. El Gobierno a pesar de los ingentes recursos
    tributarios obtenidos en esta Administración es cada vez más impotente.
    Un gobierno en
    permanente crisis política dedicado buena parte de su tiempo a sostenerse ha
    sido incapaz de definir y poner en práctica una política económica coherente.
    La capacidad de convocatoria del gobierno en el campo económico es cada vez
    menor, lo que se refleja en buena parte en el estado lamentable de la economía.

    Todo parece indicar que
    la crisis económica del 96 es el efecto inmediato de la crisis de un gobierno
    que nadie respeta y en el que nadie cree. Lo más triste de la situación actual
    es que no tiene síntomas de arreglo y que la única solución posible a la vista
    es la que salvo la extinción del dominio. Los dueños de los tres grupos
    económicos va a tener que llamar al orden al gobierno para que tome las medidas
    que necesita el país. Los grandes grupos económicos no pueden prosperar si la
    economía del país está postrada. La gravedad de la situación económica unida a
    la total falta de gobernabilidad del Gobierno Samper debe llevar a un total
    replanteamiento en el manejo de la política económica.

  • El salario mínimo: vuelve y juega

    La discusión de cada
    diciembre sobre el salario mínimo tendría algún sentido si realmente tuviéramos
    unos elementos sólidos para creer que la meta de inflación tiene algo que ver
    con lo que pasa en el mundo real.
    La discusión sobre el
    salario mínimo es uno de los ritos de final de año en Colombia. Este año cuando
    se ha comenzado a discutir desde temprano cuál va a ser el aumento del salario
    mínimo vuelven a surgir los mismos interrogantes de siempre. En primer lugar se
    preguntan si las variaciones del salario mínimo tienen impacto en las
    variaciones del costo de vida o si simplemente los aumentos en la inflación son
    la causa de las variaciones en el salario mínimo.
    Este interrogante ha
    sido investigado por Alvaro Montenegro antiguo Director del CEDE de la
    Universidad de los Andes y él ha concluido utilizando técnicas estadísticas
    avanzadas que la razón de causalidad va más de aumentos en el costo de vida a
    aumentos en el salario mínimo. El Doctor Montenegro después de realizar esos
    estudios se ha convertido en uno de los principales defensores de un
    tratamiento generoso por parte del gobierno en las negociaciones del salario
    mínimo.
    Otros investigadores no
    comparten el punto de vista del Doctor Montenegro y consideran que el salario
    mínimo tiene mucha importancia en el aumento de precios, pues es un indicador
    que sirve en la fijación de otros salarios y posteriormente estos aumentos en
    los salarios se reflejan en aumentos en los precios. El impacto del salario
    mínimo es marcado en bienes como la vivienda en los que hay un predominio de
    trabajadores que reciben el salario mínimo.
    Por estos días se
    vuelve a discutir otra vez si el aumento del salario mínimo se debe hacer con
    base en la inflación del año anterior o si debe hacerse con base en la
    inflación esperada para el año que comienza. Estas discusiones son
    interminables y por lo general no hay manera de dilucidar quien tiene la razón.
    Si uno mira con detenimiento los elementos de esta discusión se da uno cuenta
    que se está discutiendo algo que no es muy importante.
    En efecto, los que
    sostienen que se debe utilizar la inflación esperada están diciendo que el
    objetivo del reajuste es mantener el poder adquisitivo del salario mínimo que
    regía el 31 de diciembre de 1996. Por su parte los que abogan por el uso de la
    inflación del año anterior están buscando mantener el poder adquisitivo del
    salario mínimo que regía el primero de enero de 1996. A priori, es muy difícil
    decidir cuál de las dos fechas es la más indicada para que sirva de referencia.
    En sana lógica cualquiera de las dos es igualmente válida y no es muy útil
    discutir cuál es la más apropiada cuando cualquiera de las dos o una intermedia
    podría serlo.
    Otro elemento de la
    discusión tiene que ver con la productividad. En épocas recientes se ha querido
    reconocer el crecimiento de la productividad como uno de los elementos que se
    debería tener en cuenta en el aumento del salario mínimo. Si el aumento del
    salario no es superior a la suma de la inflación y el crecimiento de la
    productividad la inflación no tiene por que crecer y por lo tanto se puede
    mantener la tendencia observada en el pasado. Sin embargo, esta aritmética que
    sirve para preservar las tendencias es a su vez el mayor obstáculo para lograr
    una baja en la inflación pues reproduce los desequilibrios del pasado y no
    permite que el aumento de la productividad se traduzca en una reducción de la
    inflación.
    Toda esta discusión un
    poco esotérica, tendría algún sentido si realmente tuviéramos unos elementos
    sólidos para creer que la meta de inflación tiene algo que ver con lo que pasa
    en el mundo real. La experiencia del pasado muestra que en Colombia existe una
    gran diferencia entre la inflación que anuncia el gobierno al comienzo del año
    y lo que realmente ocurre. Nunca se ha podido lograr cumplir con las metas de
    inflación, probablemente, porque las autoridades económicas no viven muy
    preocupadas con el tema de la inflación.

    Sería muy bueno, no
    solo para los trabajadores que devengan el mínimo, que las autoridades
    económicas colombianas les pusieran mucho más cuidado al cumplimiento de las
    metas de inflación y que recobrarán la credibilidad perdida. Mientras esto no
    se logre, las discusiones sobre el salario mínimo seguirán siendo bastante
    estériles.

  • La naturaleza de la firma

    El Profesor Ronald
    Coase en un artículo pionero ha llegado a la conclusión de que la razón
    primordial para la existencia de las firmas es el costo que existe en la
    coordinación a través del mercado.
    Las empresas son una
    parte tan importante de la vida diaria que casi nadie se preocupa por pensar en
    la razón de su existencia. Para aquellos economistas que encuentran fascinante
    el funcionamiento del mercado la existencia de las firmas puede resultar
    inexplicable. Estos economistas no alcanzan a entender la verdadera razón por
    la que existen las firmas cuando el mercado puede servir como el mecanismo por
    excelencia de coordinación social. El mercado, decide que se produce, cómo se
    produce y para quién se produce sin tener que inventarse un ente encargado de
    realizar la coordinación de la actividad económica.
    Las empresas aparecen
    por la puerta de atrás de los libros de texto como un reconocimiento de su
    importancia pero sin entrarse a preguntar cuál es la verdadera razón de su
    existencia. Cuando se comienzan a estudiar las decisiones del productor se dan
    algunas explicaciones que al analizarlas detenidamente no resultan
    verdaderamente convincentes. Razones como la existencia de economías de escala
    o la necesidad de conseguir capital son más apropiadas para explicar la
    existencia de grandes compañías como la General Motors, la IBM, a nivel mundial
    o la de ECOPETROL o las grandes empresas de servicio público en Colombia. Estas
    razones no son suficientes para explicar la presencia de los pequeños negocios
    en los que no se logran grandes economías de escala ni requieren de grandes
    capitales.
    Cuando uno analiza las
    firmas lo primero que queda claro es que el mecanismos de precios tiene muy
    poco que ver en las decisiones internas de la firma. Si bien la firma debe
    reaccionar al precio de los bienes y de los factores de producción dentro de la
    firma las decisiones no se basan en la mecánica del mercado. Lo que han buscado
    muchos estudiosos como el profesor Coase quien recibió el premio Nobel por su
    estudio de la naturaleza de la firma y otros trabajos pioneros es distinguir
    porque en un caso el mecanismo de coordinación por excelencia es el del mercado
    y porque en el otro es mejor la coordinación por medio del administrador o
    gerente.
    Al analizar el problema
    el Profesor Coase llega a la conclusión de que la razón primordial para la
    existencia de las firmas es el costo que existe en la coordinación a través del
    mercado. No solo existe el costo de averiguar el precio del mercado sino que
    también existe el costo de negociar y definir contratos. Aunque para minimizar
    el costo de la elaboración de contratos es posible definir un contrato básico
    en los que se especifiquen las líneas de acción generales y dejar para una
    posterior ocasión la especificación detallado de los servicios que se requieran
    del proveedor, de todas maneras resulta costoso resolver todos los problemas de
    coordinación a través del mercado.
    En lugar de definir
    contratos con proveedores de bienes, muchas veces resulta más práctico realizar
    contratos con los empleados de la firma. Los contratos laborales eliminan la
    necesidad de definir precisamente las tareas que se deben realizar todos los
    días y permiten desarrollar las labores propias de la firma de una manera más
    eficiente.
    Como consecuencia de lo
    anterior, es presumible suponer que para muchas tareas las firmas son más
    eficientes que el mercado pues sus costos de transacción son menores. Sin
    embargo, la realidad es un poco diferente. En algunos casos es mejor contratar
    con proveedores que hacer las tareas internamente. Un buen manejo de
    proveedores permite mejorar la eficiencia como lo ha demostrado la experiencia
    de Toyota y otros productores de vehículos. Las firmas exitosas han aprendido a
    combinar de manera óptima los dos mecanismos el del mercado y el
    administrativo. Permanentemente están explorando las posibilidades de utilizar
    el mercado como alternativa a la producción propia. Las palabras de moda en la
    administración como outsourcing (aprovisionamiento externo), downsizing
    (reducción de la firma), benchmarking (comparación con pares) no son otra cosa
    que la descripción del proceso de balancear las ventajas y desventajas del
    mercado como alternativa a la producción interna.

    El ejemplo dado por
    estas firmas líderes a nivel mundial debe ser seguido por las empresas públicas
    colombianas y el gobierno mismo. El tamaño de las instituciones públicas es
    demasiado grande llevando a altos grados de ineficiencia. Las instituciones
    gubernamentales no se han adoptado a un medio ambiente en el que la razón dada
    por los teóricos como justificación a su existencia ya no son válidas. Si las
    entidades gubernamentales no se adaptan a las nuevas circunstancias les puede
    pasar lo mismo que a los dinosaurios. 

  • La reinvención del gobierno bogotano

    Dos consejos de analistas
    americanos pueden contribuir a mejorar considerablemente el transporte en
    Bogotá.

    Las entidades del gobierno, por
    regla general, no tienen definidos claramente los objetivos que deben cumplir.
    Los decretos que crean las entidades suelen definir una serie de funciones que,
    muchas veces, son el resultado de lo que históricamente han venido haciendo a
    través del tiempo y que por pura inercia continúan realizando aunque hace mucho
    tiempo la función ha dejado de tener su razón de ser. El Profesor Parkinson ha
    mostrado con ejemplos sacados del Reino Unido las incogruencias de entidades
    que siguen prestando funciones que han dejado de ser relevantes hace mucho
    tiempo. Las oficinas encargadas de manejar el Imperio Británico siguieron
    funcionando mucho tiempo después de que se hubiera acabado el imperio.

    En el caso colombiano, entidades
    como la Secretaría de Obras del Distrito tiene todavía a su cargo una serie de
    funciones propias de un pueblito y que debieron ser muy útiles en su momento.
    Por ejemplo, como en una época se le encomendó la reparación de todos las
    instalaciones municipales hoy en día tiene en su nómina a varios plomeros y
    maestros que deberían estar pendientes de mantener en buenas condiciones las
    instalaciones donde funcionan las dependencias municipales. Esta organización
    puede justificarse cuando los principales activos de un municipio son el
    palacio municipal y la sede del concejo pero dejan de tener razón en una época
    como la presente en que el principal activo de la ciudad puede ser su
    infraestructura vial.

    Lo concentración en la función
    de control por parte de la Secretaría de Tránsito pudo ser muy adecuada en
    épocas pretéritas en las que la propiedad de los vehículos era poco frecuente y
    en la que la capacidad vial era relativamente sencilla y fácil de diseñar y
    mantener. Cuando la ciudad evoluciona y para el buen funcionamiento del tráfico
    se requiere de altas dosis de ingeniería y educación de la población, suele
    suceder que las instituciones no cambian y se sigue pensando primordialmente en
    las funciones de control, descuidando las otras dos actividades.

    El papel de una institución como
    el IDU no se adapta a las nuevas circunstancias y se mantiene como un apoyo a
    las labores de diseño y construcción de la infraestructura. La visión del
    conjunto y la planeación de la expansión de la capacidad del sistema vial no se
    hace dejando a las Misiones extranjeras la definición de los planes maestros
    viales y de transporte.

    La falta de claridad en los
    objetivos y el abandono de los que ya no tienen sentido, por lo general, vienen
    acompañados de una ausencia total de medición de los resultados de las
    instituciones. La falta de medición de los resultados tiene varias consecuencias
    que han puesto de presente autores como Osborne y Gaebler. Si no se pueden
    medir los resultados no se puede distinguir entre el éxito y el fracaso. En
    consecuencia, si no se puede reconocer el éxito no se puede recompensar lo que
    se traduce en que muchas veces estemos recompensando el fracaso en lugar de
    recompensar el éxito.

    Sin lugar a dudas, la falta de
    medición de los resultados de los encargados de la gestión del transporte ha
    resultado en el caos a que hemos llegado en Bogotá. Ante la ausencia de una
    medición de resultados, el público asocia el éxito de una gestión en la
    Secretaría de Obras Públicas con una gran actividad de tapar huecos. El mejor
    Secretario es entonces el que haga más contratos en su corto período de
    gestión. Lo que realmente quiere la ciudadanía, que es poder circular sobre una
    infraestructura vial en óptimas condiciones nunca se ha logrado. Medidas como
    el control de la circulación de vehículos pesados sobre vías que no estén
    diseñadas para esto o la de hacer vías de buena calidad que no se dañen con el
    paso del tráfico normal se dejan de lado porque no se pueden ver tan claro como
    la presencia de las máquinas pavimentadoras.

    Por falta de medición de los
    resultados de la gestión del Secretario de Tránsito, los medios de comunicación
    muchas veces califican la gestión del funcionario de turno por la vistosidad de
    sus acciones. El Secretario que se inventa medidas como el contraflujo y que
    las impone a pesar de sus inconvenientes pasa como un gran funcionario mientras
    que alguien que se dedica a resolver los problemas básicos es considerado como
    un fracasado.

    De lo anterior, es importante
    considerar como prioritario entrar en proceso de definición de la verdadera
    Misión que le debemos fijar a las entidades del gobierno y a la vez desarrollar
    un esquema de medición de resultados que nos permita distinguir entre el éxito
    y el fracaso. Como bien lo dice el libro de los mencionados autores “si se
    pueden exhibir resultados se puede alcanzar el apoyo social¨.


  • Estabilización o catástrofe

    En vez de dedicarnos a entrar en largas discusiones sobre compromisos
    de cada uno de los diferentes estamentos, el gobierno debería dedicar su
    esfuerzo a poner en funcionamiento un verdadero plan de estabilización en el
    que se logre controlar el impacto negativo del desequilibrio fiscal.
    Para contribuir a la discusión sobre la política económica colombiana
    la Asociación Bancaria trajo la semana pasada a importantes figuras del
    continente que se han destacado por sus contribuciones a la estabilización de
    las economías más importantes de Latino América. Los destacados economistas sin
    pretender enseñar a los asistentes expusieron sus experiencias y dieron algunas
    recomendaciones. Lo tratado en el Simposio sobre el Mercado de Capitales
    realizado en la capital del Valle ha servido para orientar las discusiones
    sobre las negociaciones relacionadas con la fijación del manejo de la política
    económica en el próximo año.
    De las presentaciones hechas en Cali, quedó claro que por regla
    general en situaciones como la colombiana no es necesario ni recomendable
    confiar demasiado en la utilización de un acuerdo como el conocido en Colombia
    como el Pacto Social. Lo que se requiere es una política orientada a remediar
    los graves desequilibrios económicos especialmente a atacar los desequilibrios
    fiscales y externos. El control de la inflación por el cómodo sistema de cuotas
    anuales del dos por ciento no justifica un desgaste entre autoridades
    económicas empresarios y trabajadores. Los beneficios logrados con la reducción
    gradual de la inflación son muy inferiores a los costos que incurre la economía
    especialmente en lo que se refiere a la mala asignación de recursos que suele
    ocurrir cuando se adoptan estos compromisos.
    En vez de dedicarnos a entrar en largas discusiones sobre compromisos
    de cada uno de los diferentes estamentos, el gobierno debería dedicar su
    esfuerzo a poner en funcionamiento un verdadero plan de estabilización en el
    que se logre controlar el impacto negativo del desequilibrio fiscal. Debe
    quedar claro que los problemas no son creados por la mala voluntad de
    trabajadores y empresarios sino que son en buena parte el resultado de una mala
    política económica.
    La revaluación del peso tiene muy poco que ver con el aumento del
    salario mínimo y mucho que ver con la financiación del gasto público. La
    entrada de divisas para financiar el déficit fiscal ha inundado de dólares el
    mercado cambiario y ha hecho que el peso haya mejorado su valor con relación al
    dólar. El déficit fiscal ha impedido que la devaluación nominal se transforme
    en una verdadera devaluación real. Mientras no se logre un superávit fiscal
    considerable cualquier aceleración de la devaluación nominal se va a
    transformar en un aumento considerable de la inflación. Tratar de estimular la
    economía en esta época de recesión sería un grave error que nos pondría a las
    puertas de una crisis fiscal.
    La revaluación es la principal causante de la ampliación de la brecha
    externa ya de por si importante. Un país no puede mantener estos déficit
    externos tan grandes sin poner en peligro su credibilidad como deudor. Pensar
    que se puede aumentar la deuda externa a una tasa del cinco por ciento del PIB
    por año es totalmente irreal. Los acreedores tarde o temprano van a aplicar el
    freno a la economía colombiana lo que llevará a graves problemas de ajuste.
    Es mejor comenzar a realizar el ajuste en estos momentos que esperar a
    que la situación toque fondo. La experiencia muestra que cuando la economía
    toca fondo el país tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional y aceptar
    las condiciones que le impongan. La posibilidad de llegar a estos extremos en
    una circunstancia en la que Colombia cuenta con poco apoyo en Washington es tan
    grave que el gobierno debe adoptar las medidas necesarias lo más rápido
    posible.

    Colombia tiene que retornar a la ortodoxia fiscal. Los excesos de los
    dos últimos gobiernos en la ampliación del tamaño del Estado deben revertirse.
    Se necesita de un gobierno más pequeño y más eficiente que deje respirar al
    sector privado sin ahogarlo con el cúmulo de impuestos que han brotado tanto a
    nivel nacional como a nivel local. Es hora de emprender una segunda fase de las
    reformas económicas que permitan al sector privado cumplir con su papel en el
    desarrollo económico.

  • Los noticieros de televisión de nuevo son noticia

    La manera de evitar
    problemas en la adjudicación de los espacios de televisión es a través de un
    mecanismo que permita asignar los recursos escasos a los que están dispuestos a
    pagar más.
    Cuando el Presidente
    Gaviria adjudicó los noticieros, Francisco Santos escribió una columna en la
    que denunció un tratamiento favorable a algunos de los principales
    contribuyentes a su campaña. Esta columna dio origen a diversos comentarios y
    sirvió de base para una investigación de la procuraduría que finalmente no
    concluyó en nada. Aprovechando la oportunidad brindada por la columna de
    Francisco Santos expuse nuevamente algunas de las ideas que he sostenido sobre
    la absurda manera como se adjudicaban los noticieros y demás programas de
    televisión.
    A nadie escapa que el
    privilegio de poder utilizar una franja de alta sintonía para transmitir
    noticias tiene un importante valor económico. Un noticiero bien manejado genera
    ingresos por encima de los gastos incurridos en su elaboración y permite a sus
    dueños disfrutar de unas ganancias importantes. Fuera de estos beneficios
    económicos, el concesionario puede llegar a tener una influencia decisiva en la
    política y gozar de un reconocimiento popular. El poder de una administración
    que tiene en sus manos la adjudicación de espacios de televisión y de unas
    frecuencias de radio es mayor que la de una a la que no puede adjudicar estos
    recursos escasos.
    El efecto económico de
    la adjudicación de estos recursos escasos tiene dos consecuencias diferentes
    desde el punto de vista económico. En primer lugar, si el adjudicatario no paga
    el verdadero valor económico el gobierno está haciendo una transferencia de
    recursos importante a sus amigos que por lo general no son los más necesitados.
    Esta asignación se puede convertir en una manera disfrazada de pagar el apoyo
    político pues el criterio de adjudicación muchas veces es el de compensar a los
    que más contribuyeron a la campaña del presidente de turno.
    Por otra parte, la
    adjudicación a dedo, por lo general no es hecha a los más capaces sino que se
    hace a los amigos más cercanos que no siempre son los mejores empresarios de
    televisión. El público tiene que pagar el favoritismo del mandatario de turno
    soportando una programación pobre en la que predomina la defensa del mandatario
    de turno que hizo famoso al llamado noticiero lambicolor.
    La manera de evitar estos
    dos problemas es a través de un mecanismo que permita asignar los recursos
    escasos a los que están dispuestos a pagar más por los espacios de televisión.
    Al igual que se hizo con la telefonía celular los futuros concesionarios deben
    hacer una oferta escrita en la que manifiesten lo que están dispuestos a pagar
    por cada uno de espacios disponibles. El que haya hecho la oferta más alta
    obtiene la concesión. De esta manera no solo no se está pagando por favores
    recibidos y fomentando el clientelismo sino que el público va a tener la mejor
    programación, pues es de suponer que quien está dispuesto a pagar más por un
    espacio tiene las cualidades requeridas para hacer el mejor noticiero.
    El adjudicar los
    noticieros de televisión por el método de subasta además de tener unas
    propiedades atractivas desde el punto de vista de la teoría económica puede ser
    una solución de compromiso entre los partidarios de la revocatoria y los
    defensores de la situación actual. En efecto, los buenos noticieros y en
    especial los que han hecho inversiones considerables estarían dispuestos a
    hacer una oferta más alta que la de los amigos del régimen pues, no solo
    cuentan con la experiencia sino que sus instalaciones se han amortizado en
    estos seis años. Por otra parte, los amigos del Presidente Samper que
    verdaderamente saben hacer televisión podrán ganarse el derecho ofreciendo una
    cifra justa por el espacio que pretendan.

    La confusión creada por
    los representantes amigos de Samper podría ser la ocasión para que la
    adjudicación de los recursos escasos del gobierno se haga por medio de una
    verdadera licitación lo que aseguraría una solución que cumpla con los
    objetivos de eficiencia y equidad.