Lo que ya hicieron los
Alcaldes y están entregando en estos días de aniversario de su mandato es casi
la totalidad de lo que van a entregar durante todo su período; lo que intenten
hacer en estos últimos seis meses, va a ser interpretado como una interferencia
política.
El Alcalde de Bogotá,
Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, ha tomado muy en serio la idea de que el
período del Alcalde coincida con el año fiscal. La frustración de recibir un
presupuesto con un estado de avance superior a las cinco doceavas partes ha
influido en su gestión.
Yo encuentro muy
justificable la posición del Alcalde, pues es evidente que los recursos
disponibles son de vital importancia para poder llevar a cabo los planes de una
administración. Sin embargo, siempre he pensado que en lugar de plantear un
cambio en la fecha de la elección, sería mucho más sencillo pedirle a los
constituyentes que cambien el año fiscal para hacerlo coincidir con el período
del Alcalde y del Presidente. No hay una razón muy poderosa para que el año
fiscal coincida con el año calendario. En otros países el año fiscal comienza
en fechas diferentes al primero de enero.
Más aún, el año fiscal
de los Estados Unidos ha sido cambiado por motivos políticos. Hasta los setenta
el año fiscal de los Estados Unidos terminaba el 30 de junio. En esa época los
padres de la patria del país del norte encontraron que era más conveniente
hacer que la feria del presupuesto, que ocurre en todas partes al final del
período, estuviera muy cercano a las fechas de elecciones.
La constituyente parece
que va a adoptar la propuesta actual del Alcalde Caicedo. Las próximas
elecciones se están planeando para octubre. Por lo tanto, lo más probable es
que el período del Alcalde coincida con el año fiscal actual. Lo que no se
esperaba era que el período de los actuales alcaldes se redujera.
Ante estos
acontecimientos, las esperanzas de recuperar el tiempo perdido se desvanecen.
Lo que ya hicieron los Alcaldes y están entregando en estos días de aniversario
de su mandato es casi la totalidad de lo que van a entregar durante todo su
período; lo que intenten hacer en estos últimos seis meses, va a ser
interpretado como una interferencia política. No van a poder realizar cambios
en su gabinete, ni van a poder realizar contratos grandes, pues los candidatos
estarán muy pendientes de todas las actuaciones de los funcionarios de turno.
Como se ha visto en
algunas columnas, el balance de la gestión del Alcalde de Bogotá no es muy
alentadora. En obras públicas y según se aprecia en el aviso que los
Contratistas del IDU publicaron en los periódicos del viernes, casi todo se
reduce al puente de la Avenida Boyacá con la Autopista del Sur y a los giros de
la Autopista Norte. En el campo del transporte, además del cambio de nombre del
DATT por la STT, se volvió a autorizar la utilización de las Servitecas para la
revisión de los Vehículos. Unicamente alguien tan gobiernista como El Tiempo
puede encontrar como una gran realización tomar una decisión tan obvia después
de un año de gobierno. Ya en una columna del 16 de julio de 1990, se le pedía
al Alcalde que revisara la revisión.
Las diligencias
relacionadas con el transporte siguen siendo complicadas. Los intermediarios
continúan haciendo su agosto en las dependencias distritales. La semana
anterior, para obtener un paz y salvo de multas necesario para revalidar la
licencia de conducción, tuve que hacer dos horas de cola en las dependencias de
Paloquemao. Los que pagaron dos mil pesos por el paz y salvo, lo obtuvieron en
10 minutos.
El Proyecto de
Transporte sometido a la consideración del Banco Mundial, continua en la misma
etapa de definición en que lo recibió el Alcalde Caicedo. Los dos años que
dedicó la administración anterior a la preparación de este importante proyecto
no fueron aprovechados por la actual administración. Los desembolsos del
préstamo van a llegar para financiar las obras de la próxima administración.
El plan de
pavimentación ha sido criticado por la Asociación de Ingenieros Contratistas.
Se han criticado las adjudicaciones hechas y el costo excesivo de las obras. La
deficiencia de interventoría por parte de la SOP se ha constituido en uno de
los mayores problemas.
La Valorización por
beneficio general, en la que el gobierno Distrital había puesto todas sus
esperanzas, fue suspendida por el Consejo de Estado. Las adjudicaciones hechas
por el IDU en la Avenida NQS fueron objetadas por FINDETER. El querer ganar
tiempo y utilizar procedimientos de licitación llave en mano tuvo como
consecuencia que las propuestas de los contratistas no fueran comparables.
La Autoridad Unica de
Transporte sigue todavía en el papel. Los estudios realizados por la
Administración anterior se perdieron. Las perspectivas para la STT no parecen
muy claras: Se cambio a uno de los ejecutivos del año, por una abogada experta
en asuntos internacionales.
