Category: Tarifas d e servicios públicos

  • El desmonte de los subsidios a las tarifas de servicios públicos

    Al final de cuentas lo
    único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva
    En medio del debate
    político, el congreso de la República está estudiando el desmonte de los
    subsidies a las tarifas de los servicios públicos.  La improvisación con que se tratan temas tan
    importantes no puede ser más patente. 
    Como los malos estudiantes los padres de la patria han dejado todo para
    el último día y ahora se muestran acuciosos para tratar un problema que habían
    dejado latente en pasadas legislaturas.
    En efecto, por mucho
    tiempo se ha buscado mejorar el esquema tarifario vigente.  El país ha logrado entender después de mucho
    tiempo que el servicio público que no se presta es el más caro y que las clases
    menos favorecidas tienen que pagar los costos más elevados por los servicios
    públicos.  Los hogares de más bajos
    ingresos tienen que comprar el agua por galones, mientras que el resto de los
    usuarios lo hacen por metros cúbicos. 
    Los hogares pobres tiene que cocinar con cocinol con graves peligros
    para la familia y, además, tiene que someterse a hacer colas interminables para
    gozar de este combustible.
    La adopción de precios
    políticos ha incidido negativamente en las finanzas de las empresas y ha
    atentado contra la viabilidad financiera de las mismas, distorsionando de paso
    la asignación de recursos.  Más aún, la implantación de las sobretasas
    al comercio, la industria y los usuarios de mayores ingresos ha llevado a un
    incremento desmedido de las pérdidas negras.
    La estructura de las
    tarifas de los servicios públicos bajo el impulso de un populismo salvaje llegó
    a ser insostenible.  Durante el gobierno
    del Presidente Betancur se inició el ajuste de las tarifas de energía.  Por medio de un Decreto se fijaron las
    tarifas típicas para todo el país y se comenzó el ajuste hacia el patrón
    nacional.  Los organismos multilaterales
    de crédito para colaborar en este propósito incluyeron en sus contratos de
    préstamo una cláusula en la que obligaban a las empresas a adoptar el nuevo
    esquema tarifario.
    La sensatez tarifaria
    finalmente quedó consagrada en la nueva constitución en la que se establecieron
    unos lineamientos para el establecimiento de las tarifas de los servicios
    públicos.  Bajo el nuevo esquema se puso
    un limite a los subsidies y se trasladó la responsabilidad del pago de los
    servicios a los gobiernos nacional y local. 
    En desarrollo del mandato constitucional se definió un esquema
    regulatorio para los servicios públicos en los que se consagró como uno de los
    objetivos de las empresas la viabilidad financiera que debía lograrse con unos
    esquemas tarifarios en los que los subsidios y las sobre tasas deberían estar
    limitados a unos porcentajes razonables. 
    Las leyes pusieron también un plazo máximo para la adopción del nuevo
    esquema tarifario.
    Siguiendo la práctica
    lopista del “chamboneo”, la Ley quedó mal hecha.  Los esquemas tarifarios, iguales para todos
    los servicios, resultaron insuficientes para asegurar la viabilidad financiera
    de las empresas lo que llevó a un ajuste no solo en la estructura sino también
    en el nivel de las tarifas.  Las
    comisiones reguladoras y las empresas prestadoras de servicio emprendieron un
    proceso de aprendizaje, a marchas forzadas, para poder cumplir con los
    requerimientos legales.  Los resultados
    obtenidos al aplicar las normas resultaron muy por encima de los que esperaban
    los funcionarios de turno.
    La crisis política con la
    posibilidad de hacer una consulta popular para legitimar el mandato del
    Presidente se convirtió en el elemento necesario para frenar el ajuste de las
    tarifas de los servicios públicos. Argumentando, cínicamente, que la subida de
    las tarifas de los servicios públicos haría lo que no han podido hacer las
    revelaciones de las irregularidades de la campafia presidencial, los
    parlamentarios gobiernistas entraron a la hora de nona a diferir el ajuste en
    las tarifas de los servicios públicos.
    Sin entrar a discutir la
    justicia de la medida se debe concluir que el Congreso sigue dando señales
    equivocadas al público.  En primer lugar,
    el afán de sacar una ley impide una discusión seria en la que se discutan los
    posibles efectos negativos de las medidas adoptadas haciendo necesario sus
    continuos cambios.  En segundo lugar, si
    todo puede ser cambiado los encargados de poner en funcionamiento los cambios
    pueden lograr bloquear la medida simplemente demorando su puesta en
    funcionamiento hasta el último momento. 
    En tercer lugar, si el gobierno, al igual que muchos padres, no esta
    dispuesto a cumplir con sus amenazas termina perdiendo la credibilidad.
    Al final de cuentas lo
    único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva.  El gobierno no tiene una política clara
    diferente a la de perpetuarse hasta el siete de agosto de 1998.  La posibilidad de entrar en una profunda
    crisis económica es cada vez más cercana.