Una Perspectiva Económica de la Actualidad Colombiana

Category: Subsidios cruzados

  • Recordando el 92

    Todas las discusiones
    serias sobre el tema ponen de manifiesto que el origen del apagón se origina en
    la equivocada decisión de desacelerar los grandes proyectos de inversión.
    En esta semana se
    cumplió el segundo aniversario del apagón de mil novecientos noventa y dos. El
    recuerdo penoso de los trece meses se revivió con el apagoncito del martes
    pasado. Las dos horas de apagón revivieron para muchos los inconvenientes
    vividos a lo largo de trece meses que ensombrecerán perennemente a la
    administración Gaviria. Como en todos los aniversarios, la ocasión es propicia
    para reflexionar sobre lo que nos enseñó tan amarga experiencia.
    Todas las discusiones
    serias sobre el tema ponen de manifiesto que el origen del apagón se origina en
    la equivocada decisión de desacelerar los grandes proyectos de inversión. Guillermo Perry, el
    primer Ministro de Minas y Energía de la Administración Barco se equivocó en
    materia grave al aplazar la entrada de los principales proyectos
    hidroeléctricos. Los altos costos que tuvimos que pagar por aplazamiento de los
    proyectos son inmensamente superiores a los precarios beneficios que pudo
    obtener el país por el cambio súbito en sus prioridades de inversión. Alterar
    el ritmo de inversión de proyectos de tal complejidad nunca puede ser
    considerado como un buen elemento de control macroeconómico. Es evidente que el
    equilibrio macroeconómico debe lograrse a través de políticas de carácter
    general sin tener que entrar a cambiar los planes de trabajo de un proyecto en
    ejecución.
    Un segundo error que
    nos llevó a los problemas del racionamiento es haber basado el desarrollo del
    sector eléctrico en proyectos hidroeléctricos. Generar energía con agua y no
    con carbón puede resultar más económico en el corto plazo especialmente cuando
    hay abundancia de agua. En el largo plazo, en una economía en que hay escasez
    de capital y en la que hay una mayor incertidumbre en los proyectos
    hidroeléctricos puede resultar contraproducente depender demasiado en la
    generación basada en el agua. Los retrasos originados por problemas debidos a
    las condiciones geológicas y a la alta rotación en las directivas de las
    empresas pueden acabar con las ventajas relativas de los proyectos hidroeléctricos.
    La comparación de los costos de la energía entre Colombia y los países que nos
    compran carbón para generar muestra que los costos de la energía eléctrica en
    los países que nos compran carbón suelen ser menores que los altos costos que
    deben pagar los usuarios industriales y comerciales en Colombia.
    El tercer error grave
    en materia de política energética que llevó al apagón del 92 es haber diseñado
    una política de tarifas que incentiva no solo el mal uso de este recurso escaso
    por parte de los usuarios de bajos ingresos sino que incentiva el contrabando
    de energía por parte de los grandes usuarios. Colombia ha abusado de los
    esquemas redistributivos y los ha convertido en una de las principales causas
    de la mala asignación de los recursos energéticos. El pensar que las tarifas no
    tienen ningún efecto en el consumo es una de las principales causas de la mala
    asignación de recursos en Colombia. Las políticas pregonadas por nuestros
    populistas de turno han llevado a distorsiones de gran magnitud que han
    resultado extremadamente difíciles de desmontar.

    Una cuarta enseñanza de
    esta dura experiencia es que el manejo de las empresas es vital. El lograr
    minimizar el impacto negativo del clientelismo en las empresas es realmente
    importante. El buen comportamiento de EPM y el mal comportamiento de otras
    Empresas del sector se explica porque los ciudadanos del Valle de Aburrá
    decidieron minimizar el influjo de los políticos y dotaron a EPM de
    instrumentos que les permite operar sin tener que pasar permanentemente por el
    Concejo. Las mejoras institucionales logradas con el Estatuto de Bogotá pueden
    permitir que en el futuro la EEB pueda competir favorablemente con otras
    ciudades y aún con el sector privado.

  • Una luz en el campo de las tarifas de energía

    Por primera vez los
    representantes del Gobierno han hablado de establecer los subsidios a los
    usuarios de bajos ingresos en forma explícita.
    En las Jornadas de
    ACIEM (Asociación de Ingenieros Mecánicos Eléctricos y Afines) recientemente
    realizadas en Bogotá se discutió, una vez más, sobre las tarifas del sector
    eléctrico. El tema de las tarifas del sector eléctrico en general y el de las
    tarifas de la Empresa de Energía de Bogotá es bastante complejo y tiene muchos
    aspectos de interés. Para muchos analistas, el problema más grave de las
    tarifas de la Empresa de Energía de Bogotá consiste en que su nivel es
    insuficiente para cubrir los gastos de la Empresa y en especial los derivados
    del servicio de la deuda externa. Para otros, el mayor problema no se debe a
    que el nivel promedio de la tarifa es bajo, sino que más bien se origina en la
    existencia de una diferencia entre la tarifa que se le cobra a un determinado
    usuario y el costo de proveerle el servicio.
    Como se ha venido
    sosteniendo en estas columnas, la creencia de que la solución de largo plazo
    para los problemas financieros de las Empresas del Sector Eléctrico se puede
    lograr mediante el aumento de las tarifas es totalmente equivocada. Esta
    creencia se basa en la hipótesis de que el aumento de precios no afecta el
    consumo. La experiencia colombiana ha mostrado que no hay nada más alejado de
    la realidad. Los empresarios y los consumidores han cambiado su comportamiento
    como consecuencia del aumento en las tarifas. Algunos han disminuido sus
    consumos, otros han sustituido el consumo de energía eléctrica por otros
    energéticos y otros han descubierto que el fraude es una alternativa mejor que
    pagar las enormes tarifas que les han impuesto las empresas de energía.
    Aunque nadie puede
    negar hoy en día este hecho, todavía existen algunos encargados de tomar
    decisiones de política que creen que el efecto neto de un aumento en las
    tarifas puede ser positivo. Suponen que el aumento en los precios puede
    compensar el efecto causado por la reducción del consumo causado por el
    incremento en los precios.  Sin embargo,
    los estudios realizados sobre la demanda de energía eléctrica han mostrado que
    el efecto de un incremento en los precios en los ingresos de las empresas es
    prácticamente igual a cero. Esto es, un aumento de un 10 por ciento en la
    tarifa viene acompañado por una disminución del 10 por ciento en las cantidades
    consumidas.
    La triste realidad de
    que el cambio en el nivel de tarifas no va a solucionar el problema financiero
    de las Empresas del Sector Eléctrico no debe paralizarnos. Es necesario en
    primer lugar, hacer que todo el mundo cubra los costos de proveer este
    servicio. De otra manera, en el largo plazo será imposible mantener un cubrimiento
    adecuado de este servicio.
    Infortunadamente, el
    elevar las tarifas de los usuarios que están utilizando ineficientemente la
    energía eléctrica hasta hacerlo coincidir con el costo para la sociedad tiene
    el gran problema de que estos usuarios son de bajos ingresos. La solución obvia
    para llevar las tarifas a su nivel eficiente desde el punto de vista económico
    es hacer un ajuste gradual de las tarifas. Este ajuste se puede facilitar en la
    medida en que el subsidio que se ha incorporado en la estructura tarifaria se
    cambie por un subsidio explícito. Afortunadamente, parece que el Gobierno está
    contemplando esta posibilidad. Por primera vez los representantes del Gobierno
    han hablado de establecer los subsidios en forma explícita. Ojalá que lo que se
    escuchó en las Jornadas de ACIEM se convierta pronto en una realidad.
    En la medida en que
    este subsidio sea concedido directamente por el Gobierno Central la situación
    financiera de las empresas podrá mejorar. El subsidio directo o explícito
    permitirá mantener los ingresos de los consumidores de bajos ingresos sin
    afectar negativamente las finanzas de las empresas.
    Este subsidio no
    tendría que girarse mes a mes a las empresas sino que este podría abonarse como
    pago de las deudas que tienen las Empresas con el Gobierno Nacional. De esta
    manera, las Empresas que están contribuyendo a mantener un mejor clima social
    con unas tarifas subsidiadas verían recompensados sus esfuerzos con una
    disminución de la deuda que han contraído con el gobierno central para la
    refinanciación de las empresas.
    Cuando el Gobierno
    asuma directamente la financiación de este subsidio, es muy probable que
    considere que esta ayuda debe irse marchitando. Este subsidio se iría
    disminuyendo, poco a poco, hasta desaparecer totalmente con el transcurso del
    tiempo.
    Si bien es posible
    pensar que con el tiempo desaparecerían los problemas relacionados con los
    subsidios y las tarifas del sector residencial persistirían las distorsiones
    existentes en las tarifas de los sectores industrial y comercial. Para eliminar
    esta distorsión sería necesario disminuir las tarifas de los sectores
    industrial y comercial. Aceptar que estas tarifas sigan distorsionadas no solo
    mantendría una de las principales causas de los fraudes sino que también prolongaría
    los efectos negativos que tienen estas tarifas en la asignación de recursos.

    Ojalá que la discusión
    sobre las tarifas del sector nos permita llegar a la conclusión de que la
    política tarifaria no debe ser un instrumento para mejorar los ingresos de la
    empresas sino más bien uno para lograr una utilización racional de los
    recursos. La regla de oro de las tarifas debería ser que cada quien pague lo
    que le corresponde, ni un peso más ni un peso menos.

  • Los modernos Robin Hood

    Las
    empresas de servicios públicos en estos momentos tienen un monumental programa
    de bienestar totalmente desconocido por los habitantes de las principales
    ciudades. Estos modernos Robin Hoods han diseñado unos sistemas de tarifas que
    buscan quitarle a los ricos para darle a los pobres    .
      
    En esta época en que se
    inician las administraciones de los nuevos alcaldes es muy útil poner de
    presente que en Colombia las administraciones locales han asumido un papel que
    de acuerdo con los libros de texto sobre teoría de política fiscal no deberían
    estar haciendo. El famosos libro del Profesor Musgrave sobre las Finanzas Públicas
    señala tres funciones del gobierno, la de estabilización, la de redistribución
    y la de asignación de recursos.
    La función de
    estabilización, obviamente, está a cargo de la nación pues ninguna de las
    administraciones tiene acceso a la imprenta del Banco de la República. La
    función de asignación ha sido considerada como la típica que pueden desempeñar
    los gobiernos subnacionales. Por lo general estos gobiernos conocen mejor las
    preferencias de sus ciudadanos y cuentan con mejor información que el gobierno
    nacional. La mayor eficiencia de los gobiernos locales para desempeñar la
    función de asignación ha sido una de las principales razones para la
    descentralización administrativa llevada a cabo por los dos últimos gobiernos.
    La función de
    redistribución por lo general está asignada al gobierno nacional pues el
    gobierno nacional no solo tiene unos recursos más amplios sino que cuenta con
    unos instrumentos más adecuados para realizar los cambios en la distribución de
    ingreso.
    El asignar a los
    gobiernos locales la función de distribución tiende a causar serias
    distorsiones en la asignación de recursos muchas veces causada por el deseo de
    atraer industrias o mano de obra de otras regiones. Esta guerra de incentivos
    puede causar serios desequilibrios fiscales en las ciudades. La gran crisis
    fiscal de finales de los setenta en la ciudad en Nueva York en gran parte se
    debió a querer mantener un sistema de bienestar social  para la ciudad por encima del vigente en el
    resto de los Estados Unidos.
    Las empresas de servicios
    públicos en estos momentos tienen un monumental programa de bienestar
    totalmente desconocido por los habitantes de las principales ciudades. Estos
    modernos Robin Hoods han diseñado unos sistemas de tarifas que buscan quitarle
    a los ricos para darle a los pobres. Las tarifas para los bajos consumidores
    están muy por debajo del costo económico de producir el servicio. Los costos
    para las industrias y los altos consumidores están muy por encima de los costos
    de las empresas. de servicios públicos.
    Algunos estimativos
    para la Empresa de Energía de Bogotá que se ha caracterizado como la campeona
    de la redistribución muestran que las transferencias son alrededor de la quinta
    parte de los ingresos corrientes. Este programa social surgido a finales de los
    sesenta es desconocido por la mayoría de los bogotanos. La Junta Nacional de
    Tarifas, una institución cuyas funciones se han vuelto anacrónicas en un
    ambiente descentralizador, ha establecido programas que hoy en día ya no se
    pueden sostener.
    Los libros de texto
    elementales sobre la teoría del bienestar y los cambios en los países
    comunistas nos enseñan que la redistribución no debe hacerse a través del
    sistema de precios. Las distorsiones introducidas son de tal magnitud que
    cualquier posible beneficio logrado se pierde por el efecto negativo en la
    asignación de recursos.

    Estos subsidios e
    impuestos implícitos inherentes en el esquema de tarifas vigentes deben ser
    objeto de un cambio. En primer lugar deben hacerse explícitos. Las cuentas a
    los usuarios de bajos consumos deben indicar el monto del subsidio. Los recibos
    entonces tendrán tres valores. El costo para la empresa, el valor del subsidio
    y el neto a pagar o sea la diferencia entre los dos primeros. En segundo lugar,
    el gobierno nacional, quien es el encargado de la función redistributiva, debe
    asumir este subsidio. Como las distorsiones creadas por los esquemas tarifarios
    son tan grandes es probable que el proceso de transición hacia la financiación
    de los subsidios por parte del gobierno central no  pueda hacerse de manera inmediata.