Category: Racionamiento electrico

  • Fallas del mercado o fallas del Estado

    El “proceso
    dinámico y flexible de planeación a largo plazo” nos condujo al
    racionamiento de comienzos de los ochentas, seguido por un
    sobredimensionamiento a mediados de la década y al nefasto racionamiento de
    1992.
    Los adeptos a la
    intervención del Estado han argumentado que, contrario a lo que nos enseña la
    teoría económica, el dejar operar libremente a las fuerzas del mercado no lleva
    a una buena asignación de los recursos. Por lo general se invoca la existencia
    de las llamadas fallas del mercado para justificar la intervención del
    gobierno, presumiendo, eso sí, que el gobierno nunca falla y que la
    intervención se va a realizar teniendo en cuenta lo que le conviene a la
    sociedad.
    Un ejemplo del tipo de
    argumento que ordinariamente se da para justificar la intervención del Estado
    se puede encontrar en el último número de Coyuntura Económica, en un artículo
    de Guillermo Perry titulado “Lecciones del racionamiento. La nueva Ley
    eléctrica
    “. “Sin embargo, el mercado libre no garantizaría que en
    el futuro se eviten riesgos altos de faltantes de capacidad, y en consecuencia
    de racionamientos agudos o, por el contrario, la aparición de excedentes muy
    grandes de capacidad que representen una asignación ineficiente de recursos en
    la economía y que conduzcan a la quiebra financiera de las empresas públicas o
    privadas que participen en esa actividad. Tampoco garantiza, como ya lo hemos
    señalado atrás, un nivel óptimo de gastos de mantenimiento en las centrales
    térmicas de reserva, ni una operación del sistema que tenga en cuenta los costos
    del racionamiento para toda la economía”.
    La consecuencia según
    el Doctor Perry es muy clara. “Se requiere entonces, una intervención
    estatal enmarcada en un proceso dinámico y flexible de planeación de largo
    plazo. El proceso de planeamiento debe permitir al Estado la determinación
    oportuna de inversiones adicionales a las previstas por los actores
    descentralizados y la fijación de las obligaciones, responsabilidad y derechos
    de aquellos”.
    La lógica de los
    argumentos parece muy sensata en abstracto. La realidad colombiana muestra todo
    lo contrario. El Estado ha mostrado tener muchas más fallas que el mercado. El
    “proceso dinámico y flexible de planeación a largo plazo” nos condujo
    al racionamiento de comienzos de los ochentas, seguido por un sobredimensionamiento
    a mediados de la década y al nefasto racionamiento de 1992. Las empresas
    estatales tampoco garantizaron el nivel óptimo de gastos de mantenimiento en
    las centrales térmicas de reserva ni una operación del sistema que tuviera en
    cuenta los costos de racionamiento para toda la economía.
    Más aún los anuncios
    del gobierno de la última semana nos están mostrando que el Gobierno no ha
    aprendido de los errores del pasado reciente. La interconexión del sector
    eléctrico es una ficción. Los excedentes de la Represa de Betania no se pueden
    aprovechar para aumentar los niveles de embalse en Bogotá y Antioquia sino que
    tienen que ser utilizados en las regiones aledañas.
    La situación de los
    embalses sigue siendo crítica. Las estadísticas que pública ISA sobre el nivel
    de embalses no muestran toda la verdad. El veintiocho por ciento que aparece en
    las estadísticas se refiere al volumen de agua pero no a la capacidad de
    generar energía. Al calcular la capacidad de generación real de los embalses en
    este momento, se nota que apenas estamos por encima del nivel que existía al
    comienzo del racionamiento. A pesar de la eliminación del racionamiento en el
    Huila todavía tenemos un faltante grande. El sufrimiento de todo el país
    durante los últimos cinco meses no ha servido para mejorar el estado crítico de
    los embalses.
    Por el contrario, si en
    Marzo teníamos racionamiento de energía eléctrica, hoy también nos encontramos
    enfrentados a un racionamiento de gas propano. En Bogotá, Colgas tiene atrasos
    que bordean el mes. El fracaso del gobierno debe conducirnos a abandonar el
    tipo de intervención que tanto le gusta al analista de FEDESARROLLO y a adoptar
    soluciones de mercado. Los precios de los energéticos deben subir para
    incentivar realmente el ahorro de energía y para hacer más atractivos
    incrementos en la oferta.
  • Lecciones de un apagón anunciado

    En Colombia seguimos
    viviendo a la penúltima moda. La asignación del famoso “fluido
    eléctrico” se está haciendo a dedo.

    El año de 1991 fue muy
    bueno para los profesores de Macroeconomía pues los desaciertos del equipo
    económico sirvieron para ilustrar algunos conceptos modernos de la
    macroeconomía. La impotencia de las autoridades monetarias para controlar la
    economía colombiana sirvió para ilustrar la falta de efectividad de la política
    monetaria en una economía con movilidad de capital y tasas de cambio fijo.
    En este año el turno le
    ha tocado a los profesores de microeconomía. La situación del sector eléctrico
    puede servir para ilustrar algunos conceptos microeconómicos básicos. Como bien
    lo dice el Profesor Samuelson en su libro, “la economía es el estudio de
    la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir
    mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes grupos”. Por
    tanto la explicación de la asignación de recursos escasos es una de las tareas
    primordiales de la microeconomía.
    El fracaso del sistema
    comunista en la asignación de recursos escasos ha convencido a todo el mundo de
    la ineficiencia de las economías planificadas. En Colombia seguimos viviendo a
    la penúltima moda. La asignación del famoso “fluido eléctrico” se
    está haciendo a dedo. El Gerente de la Energía y el Ministro de Minas definen
    quien puede trabajar cada día y a las horas en que uno puede utilizar sus
    computadores, tomarse un tinto o disfrutar de la maravillosa programación de la
    televisión. Las definiciones de si se debe generar en las termoeléctricas o en
    las hidroeléctricas se hace con base a unos programas de computador que
    pretenden simular el mercado. 
    La economía nos enseña
    que el sistema de precios produce una mejor asignación de recursos que los
    sistemas dirigidos por los comisarios del plan. Los precios altos son una señal
    que indican que el recurso es muy valioso y que su uso debe limitarse. Por el
    contrario, el precio bajo de un bien indica que es bastante abundante y que su
    utilización debe ser intensa.
    Los encargados del
    sector eléctrico han ignorado olímpicamente la importancia de las señales dadas
    por el sistema de precios. En estos momentos en que hay escasez el precio de la
    energía no ha variado. La racionalidad económica nos indica que tanto
    consumidores como productores deberían pagar un precio más alto en épocas de
    escasez. Si las Empresas de Energía se hubieran enfrentado a precios altos por
    la materia prima o sea el agua habrían tomado la decisión de cambiar de
    combustible y hubieran alistado las plantas termoeléctricas para poder generar.
    Los consumidores han debido tener unos precios más altos a medida en que el
    agua se iba acabando para obligarlos a ahorrar energía y para hacer rendir el
    precioso líquido.
    En una encuesta
    informal que he venido realizando, he podido comprobar que hay muchas personas
    que encuentran mejor pagar un aumento temporal de tarifas a cambio de disfrutar
    la energía a todas horas. Esto no es de extrañar, pues se sabe que los costos
    de racionamiento pueden llegar a ser diez veces el valor de la tarifa. Las
    mayores tarifas permitirían disminuir estos altos costos de racionamiento e
    incentivarían un verdadero ahorro de energía. Con tarifas altas los incentivos
    para ahorrar energía serían considerables. La energía se utilizaría, sin lugar
    a dudas, únicamente para los que es absolutamente indispensable.
    Este esquema basado en
    el mercado sería mucho mejor que el actual programa de racionamientos en que
    cándidamente se ha privilegiado a un grupo como el industrial que estaría
    dispuesto a pagar más por la energía con tal de mantener el suministro. La
    amenaza de cárcel para el industrial que no conserve la energía es realmente
    inoperante. No solo va contra los más elementales derechos humanos sino que lo
    único que va a ser es aumentarle los ingresos a los funcionarios del Ministerio
    a los que se le asigne el control.

    Como dice el Doctor
    Lleras en sus editoriales, cuando se le acaba el espacio, el tema amerita un
    tratamiento mucho más amplio del que se ha dado en este artículo. Es necesario
    elaborar un poco más esta propuesta buscando evitar algunos posibles problemas.
    Sería importante considerar, por una parte, el caso de los usuarios de bajos
    ingresos y por otra pensar en la posibilidad de que este sobrecosto no se
    convierta en una recompensa a los causantes de los problemas actuales.