Ante la falta de ganas del gobierno nacional para acelerar el proceso de privatización, las grandes ciudades y en especial Bogotá deben tomar la iniciativa.
Es ampliamente conocido que el Salto Social presenta serios problemas de financiación. Los encargados de la política económica tienen la esperanza de que el sector privado colabore en la financiación de los servicios públicos y la infraestructura de transporte. Los resultados de los tímidos intentos realizados por el Gobierno no han tenido el éxito esperado.
El sector privado ha encontrado muy riesgoso el participar bajo las condiciones impuestas. El pequeño tamaño del mercado de capitales y la imposibilidad de asumir el alto riesgo que ha querido transferir el gobierno al sector privado ha impedido una financiación de todas las inversiones que se requieren para garantizar la competitividad internacional que necesita el sector privado colombiano.
El poco éxito obtenido en la financiación de las nuevas inversiones en servicios públicos y en la infraestructura de transporte debería llamar nuestra atención hacia el problema básico de que es mucho más riesgoso enfrentarse a un nuevo negocio que manejar uno ya existente.
Los que hemos participado en el proceso de privatización de puertos y en el estudio de nuevos puertos podemos apreciar la gran diferencia que existe entre el diseñar y promover un puerto y el de privatizar unas instalaciones existentes. El proceso de privatización de puertos colombianos ha avanzado con notable éxito y hoy en día las instalaciones portuarias colombianas se manejan de manera eficiente y han podido servir una demanda de importaciones que en cuatro años se ha duplicado.
Al mirar hacia atrás con el fin de sacar experiencias para acelerar el proceso de privatización que necesita la economía colombiana, queda claro que entre los factores claves del éxito de la privatización de los puertos se deben mencionar por lo menos dos. El primero de ellos es un cambio en la normatividad vigente que incentive la participación del sector privado. No solo se debe aceptar el hecho de que el sector privado tiene un legítimo derecho a obtener una ganancia sino que también se debe buscar establecer condiciones de competencia. El consumidor sigue igual de mal con un monopolio privado que con un monopolio público.
El segundo factor clave del éxito de la privatización es reconocer que el sindicato se ha convertido en prácticamente el dueño de las empresa y que debe ser compensado por los derechos laborales adquiridos. El gobierno debe como primera medida hacer un cálculo de los pasivos laborales de la empresa y debe conseguir los fondos para pagar las indemnizaciones a los trabajadores. Las empresas deben quedar saneadas porque el sector privado nacional e internacional no está interesado en comprar problemas.
Esto no quiere decir que el gobierno comience a feriar sus activos y que se olvide de los consumidores. La introducción de la competencia y la vigilancia del Estado, así como la fijación de un plan de inversiones que aseguren que los servicios se presten a los más necesitados son condiciones importantes para que el proceso de privatización tenga éxito.
Ante la falta de ganas del gobierno nacional para acelerar el proceso de privatización, las grandes ciudades y en especial Bogotá deben tomar la iniciativa. El Alcalde Mayor de Bogotá que, tal como lo he venido sosteniendo, es el dueño del mayor conglomerado económico de Colombia debería crear un cuerpo asesor de alto nivel para que le ayude a pensar en el mejor manejo de las empresas distritales y en la conveniencia de emprender el camino de la privatización.