Una Perspectiva Económica de la Actualidad Colombiana

Category: Pacto Social

  • Di No a la inflación

    El secreto del éxito de
    una política de estabilización radica más en la credibilidad de la política
    económica que en la receta específica.
    En una conferencia
    sobre las economías en transición un ilustre economista colombiano contó sus
    experiencias sobre las reformas en las economías comunistas y su transformación
    a las economías de mercado. Al presentar las diversas experiencias destacó la importancia
    de llevar a cabo las reformas económicas lo más rápido posible. Con cifras
    mostró que las economías que se habían ajustado rápido, en poco tiempo lograban
    recuperar la senda del crecimiento.
    Además, mostró que no
    solo los indicadores económicos eran mejores en las economías que habían hecho
    la transición de un solo golpe sino que también los indicadores sociales eran
    superiores. Según la experiencia del consultor internacional, los buenos
    resultados económicos no estaban en contradicción con buenos resultados en
    otros aspectos.
    El secreto del éxito
    según el conferencista radicaba más en la credibilidad de la política económica
    que en la receta específica. Seguir las recomendaciones de los libros de texto
    era menos importantes que el contar con autoridades que tuvieran un propósito
    claro y que contaran con la credibilidad suficiente. Al igual que lo ocurrido
    con Pablo en su camino a Damasco, no era necesario que el líder fuera uno de
    los discípulos de la ortodoxia sino que en un momento dado se iluminara.
    Un banquero central de
    un régimen en transición podía a través de sus contactos con las autoridades
    del Bundes Bank ver que si seguía comportándose de manera poco ortodoxa sería
    rechazado por sus colegas más responsables. Una posible descertificación de los
    banqueros centrales de Europa se convertía de esta manera en el ingrediente
    necesario para un cambio radical. El ingreso del banquero a inflacionistas
    anónimos lo dotaba de la fuerza de voluntad para dejar sus prácticas poco
    ortodoxas y le hacía ganar la credibilidad de sus colegas de los Bancos
    Centrales europeos y de los agentes económicos de su país.
    Para lograr la
    credibilidad necesaria el banquero central tenía que asumir posiciones
    radicales hasta el punto de negar las demandas de crédito a todos los agentes
    económicos, gobierno y sector privado, por igual. Los problemas temporales del
    ajuste y las dificultades transitorias en el camino a la estabilidad debían ser
    aceptadas con serenidad, de la misma manera que el alcohólico anónimo tiene que
    sobrevivir a la urgencia de tomarse una copita. Las ventajas de la estabilidad
    económica compensarían, en el largo plazo, cualquier costo que se tuviera que
    pagar en la transición.
    La lección para el caso
    colombiano parece muy clara. Con medidas timoratas y de conveniencia temporal
    no se logra ganar la confianza del público y la economía no solo no se ajusta
    sino que a la larga tiene que pagar costos mucho más altos. La persistencia en
    una reducción gradual de la inflación no nos está llevando a ninguna parte. La
    Junta Directiva del Banco de la República no puede seguir con políticas
    gradualistas de ir reduciendo la inflación a cuenta gotas. Pensar llevar a la
    economía a una estabilidad económica en cómodas cuotas anuales de dos puntos
    porcentuales es posponer una decisión por diez años.
    El fracaso de la lucha
    contra la inflación durante los últimos seis años no es sino el reflejo de la
    falta de compromiso de las autoridades económicas colombianas. La lucha contra
    la inflación ha sido solo una sucesión de declaraciones inocuas sin contenido
    de política económica. El querer meter a la Junta Directiva del Banco de la
    República en el fracasado Pacto Social es un ejemplo más del enfoque
    mamagallista que ha distinguido al Presidente Samper desde sus inicios en la
    política.
    Lo que se requiere de
    veras es reconocer que el enfermo requiere un tratamiento de choque y que para
    que la medicina surta sus efectos es necesario poderle creer al médico. El
    gobierno debe darse cuenta de la gravedad de la situación y liderar un cambio
    radical en su política económica. Lamentablemente, los fracasos de las
    políticas gradualistas ha acabado con la credibilidad de buena parte de
    nuestros economistas. La pésima conducción del Doctor Perry acabó con la poca
    credibilidad que le dejó su desastrosa gestión en el Ministerio de Minas y
    Energía. Los pocos resultados logrados por el Doctor Ocampo unidos al saboteo
    de sus colegas del gabinete está acabando con el prestigio de un distinguido
    académico.

    Todo parece indicar que
    para lograr recuperar la credibilidad de la política económica será necesario
    apelar a una nueva cara en el Ministerio de Hacienda. Parodiando al Presidente
    López podríamos decir y si nos es Javier Fernández, ¿    quién?

  • Apagón pactado

    El Pacto Social se puede convertir, al igual que la famosa teoría del sobredimensionamiento, en la razón de ser un futuro apagón

    El aumento en el costo de vida en febrero resultó más alto de lo esperado por el Gobierno.  El aumento en lo corrido del año es muy, superior a lo que se esperaría de tanto protagonismo que ha tenido el Pacto Social en los medios de comunicación.  Lo más triste es que esta disminución tan pequeña sólo se ha logrado al diferir aumentos en los precios controlados por el Gobierno.  Gracias a que el alza de la gasolina se hizo en la última década y por lo tanto no quedó registrada en las mediciones del Dane, se ha logrado mantener una tasa de inflación ligeramente inferior al 21 por ciento.  Basados en las cifras anteriores, los analistas han comenzado a apostar en contra del cumplimiento de la meta del 18 por ciento para 1995.

    El incumplir la meta de inflación es grave para la credibilidad de la política económica, pues en el futuro los agentes económicos con toda seguridad no volverán a jalarle al Pacto y la oportunidad de doblegar el flagelo inflacionario en la Administración Samper se habrá perdido.  Lo que es triste es que este magro resultado se ha obtenido a un alto costo.  Como se ha mencionado anteriormente en esta columna, las empresas de servicios públicos han sido afectadas adversamente por el Pacto Social, pues su situación financiera se ha visto desmejorada y el objetivo de mantener una solvencia financiera ha pasado a ocupar un lugar secundario.  Las cuantiosas inversiones necesarias para atender los incrementos en la  demanda tienen que ser aplazadas, pues las empresas no pueden hacer frente a un agresivo programa de expansión necesario para atender en forma adecuada a sus sufridos usuarios.

    El racionamiento en el servicio de acueducto, se ha comenzado a aplicar en algunas regiones y la perspectiva de un nuevo apagón ha sido aceptada  por el Ministro de Minas y Energía.  Los bajos precios de la energía eléctrica han puesto en peligro la viabilidad financiera, de las empresas de energía, han desincentivado la participación del sector privado y están induciendo consumos muy por encima de lo que sería aconsejable en estas épocas de sequía.  El Pacto Social  se puede convertir, al igual que la famosa teoría de sobredimensionamiento en  la razón de ser de un futuro apagón.

    El impedir mediante políticas inadecuadas que el sistema de precios cumpla con su función de asignación de recursos, puede llevarnos a una situación cuyos recuerdos todavía están frescos.  Las comidas frías, la subida de nueve pisos a pié, las tareas realizadas a la luz de la vela y todas las incomodidades sufridas en el apagón anterior deberían servir para intentar resolver esta discrepancia entre oferta y demanda. 0 través del sistema de precios.  Un sobreprecio en épocas de sequía y una disminución en épocas de fuertes lluvias haría que tanto empresas como consumidores actuaran en forma socialmente responsable, disminuyendo el consumo y aumentando la generación térmica cuando bajan los embalses.  El cambio en la política de tarifas del sector eléctrico es una medida más apropiada para manejar una escasez temporal, que apelar a un racionamiento que se sabe tiene que hacerse de manera severa, pues los pañitos de agua tibia lo único que hacen es desplazar el consumo para otra hora.

    El Ministro Perry tiene que aceptar que los costos de la política de reducción de la inflación han comenzado a ser muy superiores a sus beneficios.  Es el momento de h hacer un acto de fe en las bondades del sistema de precios como instrumento para asignar los recursos escasos. Impedir que el  sistema de precios envíe las señales correctas, puede tener consecuencias  muy graves 

  • Primer parcial del pacto social

    Ojalá no nos pase lo que le pasó
    a la liebre      que creía tener ganada su
    carrera contra la tortuga y se dedicó a     
    reposar antes de cruzar la meta.
    Según un ilustre matemático,
    ahora dedicado a medir la opinión pública, lo único que se requiere para el
    éxito profesional es un manejo adecuado de la regla de tres. Aplicar estos
    conocimientos adquiridos en los primeros años de bachillerato no siempre es
    sencillo. Un ejemplo de las dificultades de la aplicación  de 
    este sencillo concepto a una situación práctica es la utilización de la
    regla de tres a la evaluación del primer mes del pacto social.  En efecto, si preguntamos cuanto deben subir
    los precios en un mes para que en el año suban 18%, la respuesta que daría un
    estudiante de los primeros años de bachillerato con la ayuda de lápiz y papel
    sería 18 dividido por 12 o sea 1.5 por ciento. Si le preguntaramos entonces que
    cómo calificaría el primer mes del pacto social en el que el gobierno se
    muestra orgulloso de lograr un 1.84 por ciento, el estudiante contestaría que
    esta cifra lo que está mostrando es que para cumplir sus buenos propósitos el
    gobierno debe redoblar sus esfuerzos.
    Como bien los saben nuestros
    ingenieros financieros, la respuesta anterior no es enteramente correcta pues
    hay que tener en cuenta el efecto acumulativo originado por la lógica del
    interés compuesto. Cualquier financista con la ayuda de su calculadora
    financiera nos diría que la respuesta correcta a la pregunta ¿    cuál debe ser el aumento de
    precios en el primer mes para que al final del año tengamos una inflación del
    18%? es 1.39%. Si le preguntamos entonces al financista si cree que el gobierno
    puede cumplir con su meta del 18%, contestaría que para esto el gobierno
    necesitaria esforzarse pues el primer resultado está muy por encima de la meta
    parcial de 1.39% al mes.
    La euforia del gobierno que lo
    llevó a montar un show similar al que armó para la venida de Pavarotti y en el
    que faltó únicamente que le preguntarán al Ministro de Desarrollo su receta
    favorita para la preparación del plato tradicional de la cultura paisa, nos
    está diciendo que hay algo más en la matemática inflacionaria. Como lo saben
    los estudiosos de los temas inflacionarios la escalada de precios no ocurre de
    manera uniforme a través del año. Por razones climáticas e institucionales los
    precios suben más rápidamente en los primeros meses del año y menos en épocas
    como el segundo semestre en que la abundancia de las cosechas tienen un efecto
    favorable en el precio de los alimentos. Un buen comportamiento en los primeros
    meses se puede interpretar entonces como un presagio favorable para obtener un
    buen resultado en el año.

    Debemos entonces preguntarnos
    que tan bueno fue enero y que se puede esperar en el futuro. Las cifras
    muestran claramente que el comportamiento en enero fue mucho mejor de lo
    oservado en años anteriores. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el Pacto
    Social ha introducido dos aspectos importantes que tienen un efecto importante
    en las cifras del costo de vida.  En primer
    lugar, debe reconocerse que antes del Pacto Social la discusión se centraba
    primordialmente en el acumulado del costo de 
    vida en diciembre y por lo tanto los gobiernos, en especial el anterior,
    preferían subir los precios en los últimos días del año para que su aumento se
    contabilizara en enero y no en diciembre. Por tanto todos los índices de enero
    eran artificialmente altos pues llevaban un rezago de lo ocurrido en los
    últimos días del año.  Mediante este
    truco los gobernantes lograban disminuir algunos puntos de la inflación
    portergándola para el año siguiente. Con la 
    introducción del pacto social se volvió crítico el mes de enero y en
    consecuencia se decidió postergar los aumentos para otros meses del primer
    trimestre. Por tanto, la comparación entre enero de 1995 y enero de 1994 no resulta
    enteramente válida pues los eneros antes de 1995 eran artificialmente altos y
    los eneros después del pacto social 
    resultan, como los diciembres anteriores, artificialmente bajos.
    En segundo lugar, debe anotarse
    que uno de los instrumentos básicos que el gobierno ha querido utilizar para
    bajar la inflación es  repartir el
    aumento de los precios a lo largo del año. Si esto se logra, es claro que el
    efecto de este cambio institucional es disminuir la importancia de los aumentos
    al comienzo del año. Este solo cambio institucional permite bajar por una sola
    vez la importancia de enero sin necesidad de pactos sociales.
    Las consideraciones anteriores
    llevan a concluir que no todo está ganado en la lucha inflacionaria y que es
    importante no solo mirar  los resultados
    del primer mes del pacto social. Es necesario continuar mirando todas las
    variables macroeconómicas y mantener una política económica coherente que
    permita una rebaja real de la inflación, no nos podemos contentar con lograr el
    mejor enero de los últimos diez años. Ojalá no nos pase lo que le pasó a la
    liebre  que creía tener ganada su carrera
    contra la tortuga y se dedicó a  reposar
    antes de cruzar la meta.

  • El extraño mundo del Doctor Castro Caicedo

    Las Empresas de Servicio Público
    tienen obligación legal de mantener tarifas que cubran todos sus costos.
    Los gerentes de las empresas de
    servicios públicos tienen en Colombia muy mala imagen. Para el común de la
    gente, todos los que llegan a esta posición debido a la influencia política y
    solo buscan el enriquecimiento rápido por medios poco santos. Comer carne de
    gerente se ha vuelto la manera segura de aparecer en la televisión y los medios
    de comunicación masiva. Los contralores, procuradores, personeros y fiscales
    apelan a los juicios a los gerentes en los medios de comunicación cuando sus
    asesores de imagen encuentran que sus jefes no están apareciendo en los
    titulares de la prensa.
    Como solo ocurre en Colombia, el
    seguimiento del cumplimiento del pacto social se ha convertido en noticia de
    primera plana. El Señor Superintendente de Servicios Públicos, siguiendo la
    costumbre de comer gerente por lo menos una vez al mes, ha aprovechado el
    interés que ha despertado en los medios de comunicación el cumplimiento de la
    famosa meta del 18 por ciento y ha declarado a los enviados especiales de los
    noticieros y demás medios de comunicación oficialistas que no le temblará la
    mano para destituir a los gerentes que no cumplan con la meta del 18 por
    ciento.
    Esta desafortunada intervención
    del Superintendente en contra de los gerentes de las empresas de servicios
    públicos no solo contribuye a deteriorar una vez más la imagen de un segmento
    de funcionarios que han tenido que soportar pacientemente agravios infundados
    sino que va en contra de la misma ley que crea la superintendencia de Servicios
    Públicos.

    En efecto, si uno lee con
    cuidado la ley que reglamenta los Servicios Públicos en Colombia, es una
    obligación de las empresas fijar tarifas orientadas por los criterios de
    eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia
    financiera, simplicidad y transparencia. Para evitar una posible mala
    interpretación sobre lo que se entiende por suficiencia financiera, la ley
    manifiesta que se logra la suficiencia financiera cuando las fórmulas de
    tarifas garantizan la recuperación de los costos y gastos propios de operación
    incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento permitiendo remunerar
    el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría
    remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable y permitiendo
    utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor
    calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. Para no dejar dudas sobre la
    importancia de la suficiencia financiera, la misma ley afirma que los criterios
    de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del
    régimen tarifario.

    Para los legisladores el contar
    con tarifas de servicios públicos  que
    cubran todos sus costos es tan importante que expresamente se reconoce como una
    práctica discriminatoria abusiva y restrictiva el fijar tarifas que no cubran
    todos los costos. En el Artículo 34 el legislador muy sabiamente expresa que
    “se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, el
    cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio, la
    prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo de servicios
    adicionales a los que contempla la tarifa.”
    Teniendo en cuenta los
    anteriores argumentos, se puede afirmar que 
    El Pacto Social apenas refleja el interés de gobierno por bajar la
    inflación y de ninguna manera puede estar por encima de una norma de carácter
    superior. Si hubiera lógica el anuncio del Superintendente de Servicios
    Públicos debería haber sido diferente. Debería haber anunciado que estaría dispuesto
    a intervenir las Empresas que por cumplir con las metas del pacto social
    pusieran en peligro su suficiencia financiera. Más aún, debería haber anunciado
    que estaría  dispuesto a renunciar a su
    puesto si el Ministro de Desarrollo o el Presidente de la República quisieran
    poner en peligro la suficiencia financiera de las empresas de servicio público
    por cumplir con su meta del 18 por ciento.

    También debe quedar claro que el
    tratamiento dado al cumplimiento del 18 por ciento por parte de los medios de comunicación
    debe cambiar. No podemos pensar que en materia tan compleja de precios y
    tarifas la situación es tan clara como para poder clasificar a todo el mundo
    como bueno si cumple con el pacto social o malo si no lo cumple.

  • El Pacto Social

    Estamos acercándonos al momento
    de la verdad del pacto social. Las discusiones entre empresarios, trabajadores
    y gobierno han permitido un acercamiento en lo que se refiere a la determinación
    de los precios, sin que se esté cerca en el campo de los salarios.      La diferencia básica parece residir en que el
    gobierno espera que los salarios se fijen en función de la inflación esperada
    aumentada por la productividad mientras que los trabajadores y empresarios
    creen que lo mejor es reajustar los salarios en términos de la inflación del
    año anterior.
    Aunque determinar cuál es
    realmente el aumento de productividad en el año anterior es bastante difícil,
    se puede decir que en promedio la economía ha aumentado su productividad entre
    un dos o tres por ciento cada año. Por lo tanto si estamos pensando en un
    aumento del 18 por ciento de los precios los salarios podrían subir, en una
    economía cerrada, hasta en un veintiún por ciento el próximo año sin que se
    experimentaran graves problemas para la política de estabilización.
    Sin embargo, cuando se considera
    una economía abierta a la competencia de carácter mundial el criterio de
    mantener unos costos unitarios constantes medidos en moneda nacional sino lo
    que se requiere es mantener unos costos unitarios laborales iguales a los de
    nuestros principales rivales. En este aspecto a los colombianos nos fue muy
    mal. Mientras que en los Estados Unidos los costos laborales subieron en un
    cuatro por ciento en términos de dólares 
    que equivale a un seis por ciento medido en pesos, en Colombia los
    costos laborales subieron por lo menos un 24 por ciento. Para mantener
    competitividad nuestros productores deberían haber aumentado su productividad
    en un 18 por ciento cifra que supera ampliamente lo observado en toda la
    historia reciente de Colombia.
    El desfase cambiario ocasionado
    por el desigual crecimiento de los costos laborales colombianos comparados con
    los de los principales socios comerciales, que en términos técnicos se conoce
    como la revaluación de la tasa de cambio real se convierte en un obstáculo
    importante para la política de ingresos y salarios propuesta por el actual
    gobierno con el nombre de Pacto Social o Acuerdo de Precios Salarios y Productividad.
    Así como la revaluación de la tasa de cambio real produjo un aumento del
    salario real, su retorno a una tasa de equilibrio deberá venir acompañada por
    un deterioro del salario real o lo que es lo mismo una situación en el que los
    precios suben por el ascensor y los salarios suban por las escaleras. Mientras
    ambos suban en el mismo medio de transporte vertical no habrá posibilidades de
    llegar a una tasa de cambio que proteja la actividad productiva colombiana.

    La idea de una política como la
    del Pacto Social en la que todos los precios y salarios suban al mismo ritmo es
    útil cuando uno piensa que existe un equilibrio en los precios relativos. Sin
    embargo, es un salto al vacío cuando existen marcados desequilibrios que se
    perpetúan causando efectos negativos en la asignación de recursos. Cuando la
    tasa de cambio está sobrevalorada  el
    precio de los bienes que no entran al comercio exterior está por encima del de
    los precios que se comercian internacionalmente. Por tanto para arreglar este
    desbalance lo que se requiere es un crecimiento más rápido del precio de los
    bienes comercializables que no se logra con pactos en los que todos los
    productores se comprometen a subir un 18 por ciento. Lo que se debería hacer es
    que los bienes comercializables suban a tasas por encima del 18 mientras que
    los bienes como la vivienda que no entran en el comercio exterior suban a tasas
    muy inferiores al 18 por ciento.
    Resulta paradójico que la
    Administración Samper que ha tenido un cierto tinte crítico de la política
    anterior Administración haya adoptado una política de ingresos y salarios que
    de hecho presupone que no existen desequilibrios sectoriales y que lo que se
    necesita es un acto de buena voluntad para que todos ganemos cambiando nuestro
    comportamiento para poder llegar a un ritmo de crecimiento  de los precios y de los salarios inferior al
    de los años anteriores.

  • Tampoco fue en 1994

    La pérdida de confianza
    en la política económica de un gobierno es en extremo grave.
    Las cifras del costo de
    vida correspondientes a septiembre muestran que en 1994 tampoco se pudo cumplir
    con la meta de inflación. En efecto, en nueve meses la inflación llegó a
    18.14%, cifra muy similar a la establecida para todo el año. Más aún, la inflación
    en los últimos doce meses es superior a la meta establecida para los años 91 a
    93. Llevamos cuatro años sin haber llegado a una inflación anual inferior al
    22% a pesar de todos los esfuerzos del gobierno y el Banco de la República.
    Ante este permanente
    fracaso de nuestras autoridades económicas, cabe preguntar qué tan grave ha
    sido esto para el país. Sin llegar a la posición extrema de que toda inflación
    es mala y que por lo tanto la única meta razonable en el frente inflacionario
    es la de estabilidad total de precios, se podría decir que la lucha contra la
    inflación ha sido el mayor fracaso de la Administración Gaviria y puede llegar
    a convertirse en una gran frustración durante la Administración Samper.
    La pérdida de confianza
    en la política económica de un gobierno es en extremo grave. En la medida en
    que los agentes económicos no confien en que se van a alcanzar las metas
    establecidas, comenzarán a alterar su comportamiento y con ello contribuirán a
    que no se puedan cumplir las metas propuestas. Si todo el mundo se convence de
    que las autoridades económicas no toman en serio las metas inflacionarias y que
    en consecuencia no tomarán las medidas necesarias para alcanzar dichas metas,
    comenzarán a protegerse aumentando sus precios y buscando aumentos salariales
    inconsistentes con las metas del gobierno. Con políticas poco creibles el
    quiebre de las expectativas inflacionarias se convierte en tarea poco menos que
    imposible.
    La falta de
    credibilidad en las autoridades monetarias no solo hace difícil el logro de las
    metas de inflación sino que abre paso a una lucha de todos contra todos que
    conduce a cambios en los precios relativos agravando el problema de asignación
    de recursos. La infructuosa lucha contra la inflación en los últimos cuatro
    años ha venido acompañada de una importante revaluación real del peso. Si es
    grave que la inflación esté por encima de la meta oficial del 19 por ciento,
    más grave aún es que durante estos últimos doce meses la devaluación haya sido
    inferior al cuatro por ciento. El exportador ha experimentado un costo en sus
    gastos locales superior al 22% mientras que sus ingresos en pesos apenas ha
    sido de un ocho por ciento. Una brecha de esta magnitud es imposible de cerrar
    con un aumento normal de productividad.
    El aumento de los precios
    relativos de los bienes no transables ha sido otra de las consecuencias
    desafortunadas de nuestra lucha con la inflación. Los precios de la vivienda y
    de los servicios locales han crecido más rápido que los de artículos que entran
    en el comercio exterior y como natural consecuencia las inversiones se han
    dirigido a estos sectores en detrimento de los sectores orientados al comercio
    exterior.

    El fracaso reiterado de
    las políticas orientadas a la lucha contra la inflación no solo han tenido
    consecuencias graves sino que también puede influir negativamente en el futuro.
    Los empresarios y los trabajadores al revisar las cifras de septiembre de 1994
    y al pensar en la inevitabilidad del pacto social no pueden menos que dedicarse
    a pensar en la mejor manera de protegerse. Los empresarios tratarán de subir
    sus precios para que la posible concertación no los sorprenda con precios
    demasiado bajos. Los trabajadores buscarán mejorar su posición antes de que se
    de comienzo a tan novedoso experimento. Esta lucha para mejorar su posición en
    el partidor lo único que producirá será una aceleración de la inflación en los
    meses anteriores a la iniciación del pacto social.