Category: Ley de Servicios Públicos.

  • El extraño mundo del Doctor Castro Caicedo

    Las Empresas de Servicio Público
    tienen obligación legal de mantener tarifas que cubran todos sus costos.
    Los gerentes de las empresas de
    servicios públicos tienen en Colombia muy mala imagen. Para el común de la
    gente, todos los que llegan a esta posición debido a la influencia política y
    solo buscan el enriquecimiento rápido por medios poco santos. Comer carne de
    gerente se ha vuelto la manera segura de aparecer en la televisión y los medios
    de comunicación masiva. Los contralores, procuradores, personeros y fiscales
    apelan a los juicios a los gerentes en los medios de comunicación cuando sus
    asesores de imagen encuentran que sus jefes no están apareciendo en los
    titulares de la prensa.
    Como solo ocurre en Colombia, el
    seguimiento del cumplimiento del pacto social se ha convertido en noticia de
    primera plana. El Señor Superintendente de Servicios Públicos, siguiendo la
    costumbre de comer gerente por lo menos una vez al mes, ha aprovechado el
    interés que ha despertado en los medios de comunicación el cumplimiento de la
    famosa meta del 18 por ciento y ha declarado a los enviados especiales de los
    noticieros y demás medios de comunicación oficialistas que no le temblará la
    mano para destituir a los gerentes que no cumplan con la meta del 18 por
    ciento.
    Esta desafortunada intervención
    del Superintendente en contra de los gerentes de las empresas de servicios
    públicos no solo contribuye a deteriorar una vez más la imagen de un segmento
    de funcionarios que han tenido que soportar pacientemente agravios infundados
    sino que va en contra de la misma ley que crea la superintendencia de Servicios
    Públicos.

    En efecto, si uno lee con
    cuidado la ley que reglamenta los Servicios Públicos en Colombia, es una
    obligación de las empresas fijar tarifas orientadas por los criterios de
    eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia
    financiera, simplicidad y transparencia. Para evitar una posible mala
    interpretación sobre lo que se entiende por suficiencia financiera, la ley
    manifiesta que se logra la suficiencia financiera cuando las fórmulas de
    tarifas garantizan la recuperación de los costos y gastos propios de operación
    incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento permitiendo remunerar
    el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría
    remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable y permitiendo
    utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor
    calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. Para no dejar dudas sobre la
    importancia de la suficiencia financiera, la misma ley afirma que los criterios
    de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del
    régimen tarifario.

    Para los legisladores el contar
    con tarifas de servicios públicos  que
    cubran todos sus costos es tan importante que expresamente se reconoce como una
    práctica discriminatoria abusiva y restrictiva el fijar tarifas que no cubran
    todos los costos. En el Artículo 34 el legislador muy sabiamente expresa que
    “se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, el
    cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio, la
    prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo de servicios
    adicionales a los que contempla la tarifa.”
    Teniendo en cuenta los
    anteriores argumentos, se puede afirmar que 
    El Pacto Social apenas refleja el interés de gobierno por bajar la
    inflación y de ninguna manera puede estar por encima de una norma de carácter
    superior. Si hubiera lógica el anuncio del Superintendente de Servicios
    Públicos debería haber sido diferente. Debería haber anunciado que estaría dispuesto
    a intervenir las Empresas que por cumplir con las metas del pacto social
    pusieran en peligro su suficiencia financiera. Más aún, debería haber anunciado
    que estaría  dispuesto a renunciar a su
    puesto si el Ministro de Desarrollo o el Presidente de la República quisieran
    poner en peligro la suficiencia financiera de las empresas de servicio público
    por cumplir con su meta del 18 por ciento.

    También debe quedar claro que el
    tratamiento dado al cumplimiento del 18 por ciento por parte de los medios de comunicación
    debe cambiar. No podemos pensar que en materia tan compleja de precios y
    tarifas la situación es tan clara como para poder clasificar a todo el mundo
    como bueno si cumple con el pacto social o malo si no lo cumple.