Una Perspectiva Económica de la Actualidad Colombiana

Category: Ernesto Samper

  • Tres años perdidos

    Completamos tres años de la Administración Samper. El balance de estos tres años no podía ser más pobre. Una descripción acertada de los tres años la hizo algún tiempo el Doctor Eduardo Sarmiento actual presidente de la Academia de Ciencias Económicas. Según su apreciación a  este gobierno todo le ha salido al revés.  Prometió subir la tasa de crecimiento de la economía y  lo que ha logrado es llevar la economía a una recesión. El gobierno prometió aumentar el empleo y lo que ha logrado es aumentar el desempleo. El gobierno prometió mejorar la distribución del ingreso y lo que ha hecho es favorecer a los grandes grupos económicos desmejorando la distribución del ingreso. El gobierno prometió mejorar la competitividad de la economía y después de tres años la tasa de cambio real se encuentra cada vez más lejana de su valor de equilibrio que permitiría la competitividad colombiana.

    Los pocos logros en materia económica como la disminución de la inflación se deben más a la Junta Directiva del Banco de la República y a la recesión que a una política propia del gobierno. El intento del Pacto Social resultó un fracaso total, podría decirse que todo el esfuerzo del Ministerio de Desarrollo fue inútil. Probablemente, los arreglos lo que han hecho es dilatar el proceso de ajuste y aumentar el costo del ajuste. Si se comparan los valores de la llamada relación de sacrificio, o sea la disminución en PIB por punto de la tasa de inflación, para Colombia y los Estados Unidos se podría concluir que la nuestra es tremendamente alta y que el Pacto social en lugar de disminuirla la aumentó considerablemente. Pareciera entonces que en el manejo de la inflación al gobierno también le salieron las cosas al revés pues en lugar de lograr una disminución en el costo del ajuste lo que obtuvo fue un incremento de este costo.

    Si los pecados de acción son grandes los de omisión también lo son. El gobierno ha frenado el proceso de reforma institucional Hoy en día, como no lo ha recordado Sebastián Edwards, Colombia se ha quedado atrás de los otros países latinoamericanos. El marco institucional colombiano tiene una serie de defectos que han debido atacarse en este gobierno para lograr mejorar la competitividad de la economía colombiana. Los inversionistas requieren de unas leyes que les garanticen sus derechos especialmente los derechos de propiedad. Esto hubiera requerido hacer una reforma a la constitución en lo que se refiere a la posibilidad de expropiación. Mientras que exista este artículo las relaciones entre el país y los inversionistas no sería clara.

    Igualmente importante es contar con unos esquemas regulatorios que garanticen la inversión en  los servicios públicos. Como lo muestra las dificultades en la privatización de larga distancia y con la ley de televisión, los inversionistas no pueden estar tranquilos con un marco regulatorio en el que se pueden presentar cambios importantes y que dependen de la interpretación de uno de los magistrados. No es posible hacer una planeación de grandes inversiones cuando no se puede garantizar la participación de los operadores de telefonía de larga distancia. Nadie va a  querer pagar 150 millones de dólares por una licencia cuando cualquier telefónica local puede  entrar al mercado.

    Otro gran error de omisión de este gobierno ha sido el dejar crecer el poder de los grandes monopolios. La debilidad del Presidente se ha traducido en un incremento del poder de los ahora llamados cacaos. Los grandes grupos económicos les ha ido muy bien con este gobierno. Han  tenido un tratamiento tributario muy favorable y algunos artículos de la reforma tributaria se hicieron para favorecer los interesados de los que han respaldado tanto la campaña como la presidencia de Samper.

    Las transferencias a las regiones se han mantenido sin tratar de ajustarlas a las posibilidades del gobierno central. Las reformas tributarias no han mejorado la situación del gobierno en parte porque un alto porcentaje debe destinarse a las transferencias. Siguiendo la tradición latina el gobierno siempre ha dejado para mañana el problema de las transferencias. Con gran desparpajo, el gobierno nos dice que este problema es mejor dejárselo a la próxima administración. El gobierno no ha tenido el valor de afrontar este problema esperando que los recursos del petróleo den para todo.

    La seguridad social se ha mantenido tal como la dejo el gobierno anterior, olvidando que era necesario hacer ajustes importantes para evitar que en poco tiempo se vuelva inmanejable. El dejar suelto al ISS con un régimen insostenible y mantener unas condiciones en las empresas públicas muy por encima de sus posibilidades financieras es un claro error de omisión. El país tiene que darse el lapo en las reformas institucionales a la mayor brevedad para poder competir con éxito en una economía globalizada. 

  • Una luz en las tinieblas

    Si la situación económica no ha llegado a extremos graves
    es porque afortunadamente el gobierno central ha perdido el monopolio del
    manejo económico.
    La Administración Samper no ha podido cumplir ninguna de sus
    promesas.  Las políticas económicas
    adoptadas no han tenido el efecto deseado. 
    Su plan de empleo no se ha cumplido ni siquiera en la cuarta parte.  El pacto social no ha logrado cumplir con su
    meta del dieciocho por ciento pues la inflación continua por encima del veinte
    por ciento.  El sano equilibrio de las
    finanzas no se ha podio lograr y el gobierno ha tenido que apelar a una nueva reforma
    tributaria con el fin de tapar el inmenso hueco fiscal dejado por un ambicioso
    plan de desarrollo.  El clima de los
    negocios y la confianza en el gobierno han entrado en barrena.  Los indicadores económicos cada vez son más
    negativos.
    Paradójicamente, el único logro ha sido el frenar la devaluación real
    del peso que, en realidad, es un reflejo de la desconfianza que tiene el
    público en las políticas del gobierno y que refleja más bien el manejo que le
    ha dado el Banco de la República a las políticas monetaria y cambiaria y que
    muestra las bondades de contar con un Banco de la República independiente que
    no ha sido afectado por el desprestigio de la Administración Samper.
    Si la situación económica no ha llegado a extremos graves es porque
    afortunadamente el gobierno central ha perdido el monopolio del manejo
    económico.  La descentralización y las
    reformas al Banco de la República han recortado los poderes omnímodos del
    gobierno central y, por tanto, han hecho menos vulnerable a la economía
    colombiana a una crisis política.  Los
    cambios institucionales han introducido elementos estabilizadores que dan una
    mayor confianza al sector privado.  En
    estas circunstancias, los cambios que puedan ocurrir en el gobierno nacional no
    tienen porque afectar ni a la autoridad monetaria ni a los departamentos y
    municipios.
    En estas circunstancias lo que se requiere es un gran esfuerzo por parte
    del Banco de la República y de los gobiernos locales para dar un ejemplo de
    manejo serio y responsable.  Los
    gobiernos locales tienen que mejorar su eficiencia sin apelar al fácil
    expediente de subir los impuestos para financiar un aparato totalmente
    ineficiente.  La autoridad monetaria
    tiene que obrar con mucho tino para evitar que la falta de confianza en el
    gobierno central lleva a la tan temida recesión.
    En estas circunstancias en
    que se ha perdido la confianza en el gobierno es preciso tener especial cuidado
    en el campo de la política cambiaria.  El
    dólar ha superado la barrera psicológica de los mil pesos sin que se haya logrado
    una estabilidad de precios.  La posibilidad
    de usar una paridad fija con relación al dólar se ha perdido pues a nadie en su
    sano juicio se le ocurriría en estas circunstancias recomendar una congelación
    de la tasa de cambio pues cualquier beneficio que se lograra en el frente
    inflacionario se perdería en el campo de la competitividad pues el peso en muy
    poco tiempo se sobre valoraría lo que llevaría a una pérdida de competitividad
    y a una crisis cambiaria.
    En estas circunstancias lo que se requiere en el frente cambiario es un
    cambio en la banda cambiaria buscando que el actual valor del peso quede en el
    punto medio de la banda.  La razón
    principal de este cambio es evitar que cualquier fluctuación en la cotización
    del dólar tenga efectos importantes en el frente monetario.  El estado de la economía no permite que una
    demanda transitoria de dólares tenga efectos nocivos como un aumento en la tasa
    de interés.  La recuperación del margen
    de maniobra en el frente cambiario por parte del Banco de la República es clave
    en este momento en el que se prevé una devaluación en Venezuela.
    La eliminación de las tasas de cambio múltiples en especial el cobro de
    un diez por ciento de retención a las exportaciones de servicios es muy
    conveniente en momentos en los que cualquier evento puede romper el precario
    equilibrio entre la oferta y demanda de divisas.  La eliminación de esta retención en la fuente
    puede contribuir a unir dos segmentos del mercado en los que hoy en día existe
    una diferencia del cinco por ciento.  La
    integración del mercado cambiario no solo mejora la eficiencia sino que,
    además, puede contribuir a una pequeña disminución en la inflación como
    consecuencia de una moderación en el crecimiento del dólar oficial.
    En estos momentos tan difíciles para el país lo que realmente se
    necesita es que las autoridades que tienen algo de credibilidad ejerzan su
    liderazgo.  El pueblo colombiano espera
    que el Banco de la República y los gobiernos locales que todavía conservan la
    legitimidad de su mandato llenen el vacío que ha dejado la crisis en el gobierno
    central.

  • Del ajuste ético y otras explicaciones

    Los libros de texto de
    principios de economía enseñan que, por regla general, una reducción en la tasa
    de inflación viene acompañada por un aumento en la tasa de desempleo. Más aún,
    con el fin de lograr que los estudiantes recuerden esta importante relación han
    acuñado el concepto de la relación de sacrificio. Para ilustrar la importancia
    de este concepto, algunos de los autores incluyen estimativos de cuanto pierden
    los Estados Unidos en términos del desempleo y del producto nacional por
    reducir cada punto porcentual de la tasa de inflación. Los estudiantes después
    de leer la explicación del libro de texto y de oír la explicación de su
    profesor queda convencido que la economía sirve para algo práctico y que puede
    servir de base para tomar decisiones de política económica pues lo lógico sería
    hacer un estudio costo beneficio para saber si vale la pena reducir la
    inflación.
    Desafortunadamente,
    este convencimiento que se logra con gran esfuerzo de profesores y alumnos
    comienza a desvanecerse cuando el alumno comienza a leer los periódicos. Los
    comentaristas que han atacado la apertura en lugar de reconocer que es el
    resultado de una decisión de disminuir la inflación reiteran por enésima vez
    que esto es consecuencia del modelo neoliberal del anterior gobierno. Las
    consecuencias nefastas del proceso de apertura se comienzan a manifestar, según
    estos comentaristas, a los siete años de su implantación y no de manera
    inmediata como argumentaron cuando defendieron la idea de la gradualidad y
    selectividad de la apertura.
    En su afán de
    justificar sus recomendaciones sobre el modelo de desarrollo más adecuado para
    el país política caen en el error de asignar causas estructurales a un fenómeno
    que obedece más a circunstancias coyunturales creadas por un mal manejo de la
    economía por parte del gobierno de turno. El fracaso de la política económica
    del Gobierno Samper es tan grande que ya se reconoce de manera unánime lo que
    un perspicaz analista describió como el mundo al revés. Un gobierno que
    prometió frenar la devaluación terminó aumentándola, un gobierno que prometió
    aumentar la tasa de crecimiento la redujo a niveles insospechados. El gobierno
    que prometió crear un millón seiscientos mil empleos ha logrado llevar el
    número de desempleados a la mitad de su meta de aumento de empleos.
    Pero lo que es más
    triste, el gobierno que ha aumentado el desempleo a niveles que para muchos
    comienza a ser preocupante en lugar de salir a decir que es la consecuencia de
    buscar una disminución de la tasa de inflación que es lo que enseña la lógica
    económica, trata de convencernos de que es la consecuencia de sus acciones.
    Como el Chapulín Colorado quiere convencernos que esto estaba fríamente
    calculado cuando inició el ajuste ético. Los errores de política económica se
    tratan de justificar como el costo que tiene que pagar la sociedad para
    librarse de uno de sus grandes problemas.
    Sin entrar a discutir
    si el ajuste ético tiene o no sus costos es necesario destacar que precisamente
    el objetivo de una política económica debe ser el compensar cualquier evento
    por fuera del control de las autoridades económicas. Si el país se decide
    lanzar a una guerra las autoridades económicas deben prever los ajustes
    económicos que tienen que hacer para que el aumento del gasto necesario para
    poder ganar la guerra no tenga efectos nocivos sobre la actividad económica. El
    gobierno del Presidente Johnson en los Estados Unidos ha sido encontrado
    culpable por los analistas económicos, precisamente por no haber elevado los
    impuestos a tiempo y por lo tanto por haber desatado una inflación galopante
    que solo pudo ser corregida con graves costos más de diez años después.
    El cuento del ajuste
    ético sería creíble en un gobierno que se hubiera destacado por su
    responsabilidad fiscal y que hubiera mantenido un control sobre los gastos. Ese
    gobierno podría alegar que sus prioridades estaban más por el lado de la
    responsabilidad fiscal que por mantener una demanda agregada alta y que había
    hecho una elección consciente entre la estabilidad de precios y el desempleo.
    Es muy triste que personas tan respetables como la Directora de Planeación y el
    Ministro de Hacienda estén envueltos en un juego de palabras que busca
    desorientar a la gente y ocultar la realidad que la disminución de la inflación
    se ha tenido que pagar con un aumento en el desempleo.

  • Se reduce la incertidumbre económica

    El fallo de la Corte en
    la que declara inconstitucional el Decreto de Emergencia Económica permite
    mirar con mayor tranquilidad el futuro del país. Es reconfortante encontrar un
    fallo que demuestre que en Colombia todavía impera el Estado de Derecho. Los
    agentes económicos han recibido un importante mensaje. El poder del ejecutivo
    tiene un importante contrapeso en una institución que toma sus decisiones de
    acuerdo con la legalidad de las medidas y no con la conveniencia política.
    La confianza en las
    instituciones es de gran importancia para los agentes económicos y permite
    tomar decisiones de largo plazo. Para el país hubiera sido muy grave aceptar
    que la imprevisión del gobernante es motivo suficiente para tomar unas medidas
    improvisadas que tratarán de resolver a la hora de nona las graves dificultades
    causadas por una gestión improvisada. Sería muy grave que los problemas de
    fondo de la economía fueran resueltos por procedimientos extraordinarios en los
    que no puede haber ninguna  discusión por
    parte de los afectados por las reformas propuestas.
    Ahora que existe una
    mayor claridad en las reglas de juego es necesario comenzar a enfrentar los
    graves problemas económicos del país. Sin lugar a dudas, el más importante de
    todos es el grave déficit fiscal que se ha originado en un incremento acelerado
    del gasto público. A diferencia de lo que ocurre en el mundo, en Colombia el
    Estado sigue creciendo. La participación del Estado sigue aumentando sin que
    los resultados sean hoy mejores que hace cinco años.
    El incremento en los
    gastos del gobierno no han venido acompañados de mejoras en la calidad de vida
    de las personas. El incremento en el gasto en justicia no ha contribuido de
    manera significativa a garantizar a todos los colombianos una pronta y cumplida
    justicia. Hoy como ayer, la justicia sigue siendo para los de rana y como la
    prenda de nuestros altiplanos es cada vez menos popular la justicia llega cada
    vez a menos personas.
    Los gastos en defensa
    no nos han asegurado la victoria sobre la subversión. Por el contrario, la
    población se siente cada vez más indefensa. La guerrilla por el contrario se ha
    internacionalizado y ahora ha desarrollado alianzas estratégicas con fuerzas
    multinacionales para obtener millonarios rescates en moneda extranjera.
    La ineficiencia del
    gasto público ha resistido el embate de varias comisiones que han intentado ponerle
    freno a este     cáncer que absorbe todos los recursos que se le entreguen. Un
    gobierno tan débil como el actual se ha resistido a actuar sobre el gasto
    público y por el contrario lo ha incrementado para ganar el apoyo de los
    políticos, de los sindicatos oficiales, y de las fuerzas armadas.
    Infortunadamente, en
    circunstancias recesivas, las medidas encaminadas a recaudar más impuestos no
    parecen muy aconsejables. El aumento de los aranceles no solo ha puesto en
    peligro las relaciones comerciales de Colombia con algunos de sus socios
    comerciales sino que además ha dado una señal de alerta que parece estar
    mostrando el interés del gobierno por acabar con la apertura económica. Los
    industriales que le apostaron a la competencia internacional deben estar muy
    desilusionados. Deben sentirse tan frustrados como aquellos que después de
    haber hecho una cola larguísima se dan cuenta que hay unos vivos que están
    entrando por la puerta falsa.
    El aumento en las
    tarifas del IVA propuesto recientemente tampoco es la solución indicada.
    Aumentar las tarifas de un impuesto que tiene una evasión tan grande lo único
    que hace es castigar más a los que respetan la ley y premiar a los que la
    evaden. Quitarle los recursos al sector privado para darle los recursos al
    sector público es como quitarle el dinero a las hormigas que han trabajado
    durante todo el verano para dárselo al grillo que vivía en eterna rumba. Pero
    más grave aún, el aumento de impuestos en una situación recesiva es la receta
    adecuada para empeorar la situación. Tal como se demostró en el pasado
    reciente, el déficit fiscal se agrava durante las recesiones pues los recaudos
    tienen un fuerte componente cíclico.

    Si el gobierno quisiera
    eliminar la incertidumbre creada por la declaratoria de emergencia económica
    debería comenzar a enfrentar seriamente el problema del déficit fiscal. Con
    medidas coyunturales no será posible solucionar los problemas estructurales del
    país.

  • Sin política económica

    La salida de Antonio
    Galán Sarmiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá será opacada por
    la que le harán los trabajadores oficiales al futuro candidato liberal.
    Después de declarar la
    emergencia económica el gobierno ha vuelto a sus malos pasos. La seriedad
    fiscal fue solo flor de un día y hoy acosado por el paro de los empleados
    oficiales comienza a negociar un aumento en la remuneración de los trabajadores
    oficiales. Para contribuir a la confusión y aumentar las probabilidades de
    llegar a un acuerdo más rápido, ha encargado de las negociaciones al Ministro
    del Interior quien buscará aprovechar los últimos días que le quedan en el
    gobierno para salir por la puerta grande. La salida de Antonio Galán Sarmiento
    de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá será opacada por la que le harán
    los trabajadores oficiales al futuro candidato liberal que aprovechará la
    ocasión para ganarse el respaldo de los principales sindicatos del país.
    Pero no solo en el
    manejo político de los conflictos laborales se nota la falta de coherencia sino
    también en el manejo de las situaciones internacionales. La Canciller anda por
    el mundo pegada a un micrófono haciendo diplomacia por los medios masivos de
    comunicación con tan mala fortuna que las relaciones comerciales colombianas se
    encuentran en su peor momento. Las peleas con Venezuela y Estados Unidos son
    tan frecuentes que muy pronto van a dejar de ser noticia. Ante los fracasos de
    nuestro cancillería los gremios han comenzado a asumir la representación del
    país. Los dirigentes gremiales se han lanzado a una ofensiva diplomática y han
    contratado agencias para que les ayuden a convencer a los americanos de que el
    gobierno colombiano si se ha portado bien el año pasado. Como los padres de los
    hijos calaveras, los gremios han acudido a sus palancas para que no les
    expulsen al hijo y le dejen repetir el año en el mismo colegio.
    La herencia que nos
    dejó Ernesto Samper en su paso por el Ministerio de Desarrollo no podría estar
    peor. Un Ministerio que en su época fue muy importante se convirtió al partirse
    en dos en un cero a la izquierda. Nadie sabría quien está al frente del
    Ministerio de Comercio Exterior si no fuera por la pequeña deuda que heredó el
    Ministerio de Defensa. Si no fuera por el Atlantic Coal nadie sabría que Morris
    Harf es el Ministro de Comercio Exterior pues sus ejecutorias han sido
    minúsculas. Del Ministro de Desarrollo lo único que se acuerda la gente es que
    en alguna época trabajó con uno de los grupos más poderosos de Colombia y que
    su nombramiento posiblemente sirvió para pagarle los favores recibidos a tan
    importante grupo económico.
    Los partidarios de la
    economía de mercado deben estar muy contentos pues parece que Planeación
    Nacional se acabó. Hace mucho tiempo que Planeación no fija su posición sobre
    los temas importantes de política económica. No sabemos si el DNP está en
    contra o a favor del Metro de Bogotá ni tenemos su opinión sobre tan importante
    tema como el Canal Interoceánico. Los grandes proyectos de infraestructura
    parecen que ya no necesitan el visto bueno de Planeación Nacional y ahora en el
    Gobierno de la Gente el mercado está tomando las decisiones sobre los grandes
    proyectos de infraestructura.
    Las grandes reformas
    del 90 han quedado en manos del Doctor Carlos Wolff quien ha dado muestra de
    una capacidad de trabajo tan grande como su ego. Las reformas en el régimen
    pensional y en el sistema de salud no han tenido quien las defienda y poco a
    poco podemos estar cayendo en una situación similar a la anterior a la reforma.
    Es increíble que el ISS no haya podido cumplir con el mandato de informar a sus
    afiliados sobre el estado de sus cuentas. Pensionarse del ISS sigue siendo tan
    difícil como antes y el afiliado sigue en manos de una burocracia que no le
    responde a nada.
    Las mejoras en la
    institución se han quedado en el piso donde funciona la Dirección General y el
    sufrido usuario del servicio médico sigue lo mismo que antes. Las grandes
    inversiones publicitarias del ISS le han ganado un tratamiento más favorable en
    los medios de comunicación pero no han influido en la mala percepción que
    tienen los usuarios del servicio que presta el Instituto.
    Si a lo anterior le
    sumamos la grave situación económica por la que estamos atravesando y que ha
    sido el fruto de un manejo equivocado del actual equipo económico al que le han
    salido todas las cosas al revés, estaríamos inclinados a solicitar la
    colaboración de los siquiatras ecuatorianos especialistas en determinar si los
    gobernantes están en capacidad de gobernarnos o si por el contrario sería
    necesario buscar otros que no se nos hagan los locos.

  • El Presidente si sabía

    La crisis política
    desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación
    económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a
    derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad
    fiscal.
    La declaratoria de la
    Emergencia Económica por la Administración Samper es un nuevo signo del mal
    manejo económico que ha tenido el país durante este gobierno. La falta de
    previsión y el querer tapar el sol con las manos han resultado en una
    experiencia traumática que ha dado al traste con la posible recuperación de la
    economía colombiana.
    La irresponsabilidad
    fiscal que caracterizó a Ernesto Samper durante su paso por el Concejo de la
    capital donde organizaba marchas para que los usuarios de los servicios
    públicos quemarán las fotocopias de las facturas y se negarán a pagar la
    valorización por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, fue, sin
    lugar a dudas, la principal característica del plan del salto social.
    El hueco fiscal del
    Plan de Desarrollo fue motivo de críticas por gran parte de los analistas
    económicos independientes del gobierno. La imposibilidad de financiar sanamente
    el plan de desarrollo dentro de las posibilidades que dejaba un aumento
    acelerado de las transferencias, inspirado por el primer Ministro de Hacienda
    del Gobierno Samper desde los salones de la constituyente, resultaba evidente
    para todo el mundo.
    El afán desmedido por
    aumentar el gasto para satisfacer el voraz apetito de la clase política llevó a
    romper la sagrada promesa hecha en la campaña electoral de no aumentar los
    impuestos. El gobierno, sin el más mínimo rubor, le anunció a la ciudadanía que
    el aumento temporal del IVA contemplado en la reforma tributaria de la
    Administración Gaviria se convertiría en permanente. Pero como la conversión de
    un aumento temporal en uno permanente no era suficiente para poder contar con
    el apoyo político del congreso fue necesario apelar a un aumento en dos puntos
    en el IVA.
    La crisis política
    desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación
    económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a
    derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad
    fiscal. Las voces que comenzaron a llamar la atención sobre la grave situación
    del país fueron desatendidas. El Ministro Perry, en lugar de tomar las medidas
    adecuadas, se dedicó a escribir cartas a los medios de comunicación en las que
    defendía su gestión, descalificaba a sus críticos y culpaba a la anterior
    administración por la situación existente.
    El cambio de Ministro
    de Hacienda ha permitido un cambio en la dirección de la política económica. La
    realidad ha sido reconocida y se han comenzado a realizar los ajustes en la
    política económica que el país necesitaba. Sin embargo, el camino adoptado, la
    Emergencia Económica, no parece ser el más apropiado. La Corte Constitucional,
    juzgando por las preguntas realizadas a los expertos en los temas económicos,
    tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de las medidas. Todos los
    expertos estarán de acuerdo que el Presidente si sabía que el país estaba en
    graves circunstancias y que las medidas adoptadas en los dos primeros años de
    gobierno nunca estuvieron encaminadas a arreglar el problema que ellos mismos
    habían diagnosticado en la campaña presidencial. Por el contrario, el afán de
    pagar favores al Grupo Santodomingo, a otros de los grandes aportantes y ganar
    el respaldo político para la preclusión en el juicio de la Cámara de
    Representantes, lo único que hizo fue agravar la situación fiscal.
    Más aún, muchas de las
    medidas no solo estaban anunciadas sino que, además se podían adoptar por otros
    medios. El freno al endeudamiento privado puede hacerse, y en realidad se ha
    hecho,  por atribuciones propias de la
    Junta Directiva del Banco de la República. Como muy bien lo ha demostrado el
    actual Ministro de Hacienda en un sesudo documento, el impuesto establecido al
    endeudamiento externo es equivalente a la utilización de los encajes sobre el
    endeudamiento externo.
    Esta interferencia con
    la independencia del Banco de la República es una pésima señal para la
    comunidad internacional. El Gobierno Samper no se ha esperado a febrero de 1997
    para poder nombrar dos miembros más en la Junta Directiva del Banco de la
    República con lo cual contaría con la mayoría en este importante organismo,
    sino que ha entrado por la puerta de atrás para acabar con la independencia de
    tan importante institución.

    Lo que es sorprendente
    es que por la declaratoria de la emergencia económica ha quedado en manos de la
    Corte Constitucional uno de los principales activos con cuenta la economía
    colombiana. La confianza de la comunidad internacional en la seriedad de la
    política económica depende de una declaratoria de inconstitucionalidad de la
    emergencia económica adoptada por el gobierno Samper. Si se aceptaran los
    argumentos del gobierno para acabar con la autonomía del Banco de la República
    y del Congreso, Colombia entraría a la lista de los parias no solo en el
    aspecto del narcotráfico sino también en el del manejo económico.

  • Un año en que todo salió al revés

    La circunstancia de
    darse la crisis seis años después de iniciado el proceso de apertura apunta más
    bien a encontrar los problemas en los actores de la reciente política
    económica.
    El desempeño de la
    economía en 1996 fue bastante flojo. La economía perdió todo el impulso que
    traía. Las metas económicas no se alcanzaron. La inflación resultó muy por
    encima de lo esperado al comienzo del año. La tasa de crecimiento de la
    economía obtenida en este año bisiesto fue muy inferior a la proyectada. El
    déficit fiscal fue superior al proyectado. El desempleo superó con creces el
    del año pasado y por si fuera poco la brecha externa se amplio.
    La historia económica
    reciente nunca había mostrado esta combinación de males, pues cuando la
    inflación se aceleraba por lo general iba acompañada de un aumento en las tasas
    de crecimiento de la economía y en una disminución en el desempleo. Por otro
    lado si la economía se desaceleraba y aumentaba la tasa de desempleo y el país
    crecía menos de lo esperado se lograban mejoras considerables en la disminución
    de la presión inflacionaria y se alejaba la posibilidad de una crisis
    cambiaria.
    Lo normal era entonces
    vivir en un mundo en el que los encargados de la política económica sopesaban
    cuidadosamente los costos y beneficios de una decisión y tomaban la que causaba
    el menor costo posible. Los libros de texto mostraban cuidadosamente la manera
    de evaluar los costos del aumento del desempleo en función de la llamada brecha
    del producto interno bruto y la comparaban con los costos reales de la
    inflación, calculados muchos veces como un aumento en el costo de acercarse con
    más frecuencia a los cajeros automáticos para convertir los depósitos en cuenta
    de ahorros o del sistema UPAC en dinero para poder pagar las transacciones.
    Este paradigma del
    balance entre dos males solo dejaba de ser cierto en los casos en los que se
    entraba o salía de una crisis. La llegada de la hiperinflación venía
    acompañada, en muchos casos, de un 
    aumento en el desempleo, una menor tasa de crecimiento y en algunos
    casos de una crisis externa. Los milagros económicos recibían su nombre no solo
    porque las economías recuperaban su ritmo normal de crecimiento y lograban
    volver a una situación de estabilidad sino porque se alcanzaba simultáneamente
    todo el equilibrio de la economía.
    Unos resultados tan
    pobres en 1996 estarían entonces mostrando que podríamos estar entrando en una
    situación muy complicada que puede requerir de una medicina fuerte para lograr
    su pronta recuperación. Infortunadamente, ni los encargados de la política
    económica, ni los analistas de la situación económica se han podido poner de
    acuerdo en las causas que nos han llevado a una situación tan grave.
    Explicaciones tan
    simplistas como un efecto retardado de la apertura o la existencia de un grave
    déficit fiscal han llevado a muchas discusiones de carácter ideológico han
    confundido tremendamente el debate económico. La ausencia de cifras sectoriales
    por demoras en su procesamiento han llevado a discusiones estériles sobre la
    situación de diferentes sectores.
    El comportamiento del
    sector industrial colombiano en la época post apertura no se ha podido precisar
    porque la mejor fuente de información está bastante atrasada. La última
    publicación del DANE se refiere a la encuesta anual manufacturera de 1991,
    mientras que la del 92 apenas se conoce en forma provisional. Ante la ausencia
    de las cifras sobre los cambios estructurales en la industria se ha tenido que
    apelar a cifras de carácter mensual que sirven. primordialmente, para medir los
    efectos coyunturales pero que contribuyen muy poco a un buen diagnóstico de
    carácter estructural.

    Los resultados de la
    muestra mensual manufacturera han servido para llegar a diagnósticos totalmente
    diferentes de la economía. Para algunos analistas, la apertura no contribuyó a
    mejorar la productividad y su crecimiento se debió a un aumento considerable en
    la formación de capital motivado por el cambio de los precios relativos de los
    bienes de capital y al período de bajas tasas de interés asociados con la
    puesta en funcionamiento de la Junta del Banco de la República. Para otros, el
    crecimiento de la industria se explica por un rápido crecimiento de la productividad
    causado por el reacomodo de las diferentes empresas a un entorno más
    competitivo y en cual era atractivo concentrarse en sectores en los que se
    tenía una ventaja comparativa.
    Esta explicación no
    solo parece más plausible desde el punto de vista teórica, sino que es
    compatible con estudios de caso de algunas industrias que lograron prosperar en
    los tiempos posteriores a la apertura económica. La industria automotriz
    colombiana es un caso claro de una adaptación exitosa a un cambio drástico en las
    reglas de juego. Más aún, la experiencia de las ensambladoras colombianas
    muestra claramente que la apertura no puede ser la principal explicación del
    rezago industrial de 1996. Si la apertura hubiera sido la causa de la crisis de
    la industria ésta se ha debido dar en 1992 o en 1993 y en ese caso hubiera sido
    un veredicto en contra de la apertura acelerada. Si la crisis de la apertura se
    hubiera dado en el Gobierno Gaviria los opositores hubieran tenido un resonante
    éxito en sus predicciones y los promotores de la apertura rápida y amplia
    habrían estado obligados a darle una explicación al país.
    La circunstancia de
    darse la crisis seis años después de iniciado el proceso de apertura apunta más
    bien a encontrar los problemas en los actores de la reciente política
    económica. El gobierno actual aparece como el principal culpable. La
    credibilidad de los ministros del equipo económico es muy baja. A los Ministros
    de Hacienda del Gobierno Samper no les ha ido bien. El déficit fiscal sigue
    siendo preocupante a pesar de contar con más recursos tributarios. La
    burocracia, los auxilios parlamentarios unidos a un incremento desmesurado en
    las transferencias a los gobiernos locales han sido los beneficiarios de los
    aumentos de los impuestos. El Gobierno a pesar de los ingentes recursos
    tributarios obtenidos en esta Administración es cada vez más impotente.
    Un gobierno en
    permanente crisis política dedicado buena parte de su tiempo a sostenerse ha
    sido incapaz de definir y poner en práctica una política económica coherente.
    La capacidad de convocatoria del gobierno en el campo económico es cada vez
    menor, lo que se refleja en buena parte en el estado lamentable de la economía.

    Todo parece indicar que
    la crisis económica del 96 es el efecto inmediato de la crisis de un gobierno
    que nadie respeta y en el que nadie cree. Lo más triste de la situación actual
    es que no tiene síntomas de arreglo y que la única solución posible a la vista
    es la que salvo la extinción del dominio. Los dueños de los tres grupos
    económicos va a tener que llamar al orden al gobierno para que tome las medidas
    que necesita el país. Los grandes grupos económicos no pueden prosperar si la
    economía del país está postrada. La gravedad de la situación económica unida a
    la total falta de gobernabilidad del Gobierno Samper debe llevar a un total
    replanteamiento en el manejo de la política económica.

  • Los noticieros de televisión de nuevo son noticia

    La manera de evitar
    problemas en la adjudicación de los espacios de televisión es a través de un
    mecanismo que permita asignar los recursos escasos a los que están dispuestos a
    pagar más.
    Cuando el Presidente
    Gaviria adjudicó los noticieros, Francisco Santos escribió una columna en la
    que denunció un tratamiento favorable a algunos de los principales
    contribuyentes a su campaña. Esta columna dio origen a diversos comentarios y
    sirvió de base para una investigación de la procuraduría que finalmente no
    concluyó en nada. Aprovechando la oportunidad brindada por la columna de
    Francisco Santos expuse nuevamente algunas de las ideas que he sostenido sobre
    la absurda manera como se adjudicaban los noticieros y demás programas de
    televisión.
    A nadie escapa que el
    privilegio de poder utilizar una franja de alta sintonía para transmitir
    noticias tiene un importante valor económico. Un noticiero bien manejado genera
    ingresos por encima de los gastos incurridos en su elaboración y permite a sus
    dueños disfrutar de unas ganancias importantes. Fuera de estos beneficios
    económicos, el concesionario puede llegar a tener una influencia decisiva en la
    política y gozar de un reconocimiento popular. El poder de una administración
    que tiene en sus manos la adjudicación de espacios de televisión y de unas
    frecuencias de radio es mayor que la de una a la que no puede adjudicar estos
    recursos escasos.
    El efecto económico de
    la adjudicación de estos recursos escasos tiene dos consecuencias diferentes
    desde el punto de vista económico. En primer lugar, si el adjudicatario no paga
    el verdadero valor económico el gobierno está haciendo una transferencia de
    recursos importante a sus amigos que por lo general no son los más necesitados.
    Esta asignación se puede convertir en una manera disfrazada de pagar el apoyo
    político pues el criterio de adjudicación muchas veces es el de compensar a los
    que más contribuyeron a la campaña del presidente de turno.
    Por otra parte, la
    adjudicación a dedo, por lo general no es hecha a los más capaces sino que se
    hace a los amigos más cercanos que no siempre son los mejores empresarios de
    televisión. El público tiene que pagar el favoritismo del mandatario de turno
    soportando una programación pobre en la que predomina la defensa del mandatario
    de turno que hizo famoso al llamado noticiero lambicolor.
    La manera de evitar estos
    dos problemas es a través de un mecanismo que permita asignar los recursos
    escasos a los que están dispuestos a pagar más por los espacios de televisión.
    Al igual que se hizo con la telefonía celular los futuros concesionarios deben
    hacer una oferta escrita en la que manifiesten lo que están dispuestos a pagar
    por cada uno de espacios disponibles. El que haya hecho la oferta más alta
    obtiene la concesión. De esta manera no solo no se está pagando por favores
    recibidos y fomentando el clientelismo sino que el público va a tener la mejor
    programación, pues es de suponer que quien está dispuesto a pagar más por un
    espacio tiene las cualidades requeridas para hacer el mejor noticiero.
    El adjudicar los
    noticieros de televisión por el método de subasta además de tener unas
    propiedades atractivas desde el punto de vista de la teoría económica puede ser
    una solución de compromiso entre los partidarios de la revocatoria y los
    defensores de la situación actual. En efecto, los buenos noticieros y en
    especial los que han hecho inversiones considerables estarían dispuestos a
    hacer una oferta más alta que la de los amigos del régimen pues, no solo
    cuentan con la experiencia sino que sus instalaciones se han amortizado en
    estos seis años. Por otra parte, los amigos del Presidente Samper que
    verdaderamente saben hacer televisión podrán ganarse el derecho ofreciendo una
    cifra justa por el espacio que pretendan.

    La confusión creada por
    los representantes amigos de Samper podría ser la ocasión para que la
    adjudicación de los recursos escasos del gobierno se haga por medio de una
    verdadera licitación lo que aseguraría una solución que cumpla con los
    objetivos de eficiencia y equidad. 

  • La crisis del empleo

    A mediados del período presidencial la situación de empleo no puede
    ser más desoladora    .
    La campaña Samper quiso mostrar, aún en contra de la
    realidad, que la situación económica del país era bastante grave y que se
    requería de un gran estimulo para lograr alcanzar unas altas tasas de
    crecimiento.  El diagnóstico del plan de
    desarrollo especialmente en el tema del empleo mostraba una situación
    relativamente aceptable pues los indicadores eran bastante favorables.  El desempleo se había venido reduciendo de
    tal manera que al comienzo del gobierno de Samper se contaba con indicadores
    muy favorables.  Tal como se indica en
    “Las políticas del Salto Social”, el desempleo durante los últimos
    tres trimestres estaba mostrando los niveles más bajos de los últimos diez
    años, 7,6% en Septiembre de 1995; 7,9% en diciembre de 1994 y 8, 1 % en marzo
    de 1995.
    El mismo documento mostraba además que el problema
    de la informalidad se estaba reduciendo de manera sostenida.  De un valor de 57,1 en 1988 se había reducido
    a un 53,8% en 1994.  Más aún, gracias a
    las reformas de los noventa, el crecimiento se venia dando en el sector
    privado, habiendo dejado el gobierno el papel de empleador de última instancia.
    De la lectura del documento queda claro que la
    situación del empleo en Colombia era muy diferente a la retórica que nos tenía
    acostumbrados el Expresidente de ANIF. Las grandes frases acuñadas por el
    candidato liberal a lo largo de su carrera pública, no tenían ningún soporte en
    la realidad.  Las grandes promesas de la
    campaña se estaban cumpliendo aún antes de formular el plan de desarrollo pues
    la situación era mucho mejor de lo que siempre había hecho creer el Poder
    Popular.
    La creación de un millón seiscientos mil empleos en
    los cuatro años no parecía muy difícil de cumplir pues lo único que se
    necesitaba era proseguir en la senda de rápido crecimiento económico que se
    había logrado establecer en los últimos años de la Administración Gaviria.  Se calculaba que con un crecimiento de 5,7
    por ciento por año durante el cuatrenio Samper sería posible mantener un
    crecimiento del 2,8 por ciento del empleo lo que permitiría descensos
    adicionales en la tasa de desempleo o mejoras en la calidad de los puestos de
    trabajo.
    Infortunadamente, el plan Samper para la creación
    del millón seiscientos mil empleos no se tradujo en acciones especificas.  El gobierno le apostó a un crecimiento
    general de la economía en la que se esperaba que con buenas intenciones se
    lograría un crecimiento dinámico de la agricultura y la industria.  Se pensó que logrando una devaluación real se
    podría obtener un rápido crecimiento de las exportaciones industriales y
    agrícolas.  Más aún, se esperaba no solo
    aumentar el empleo sino lograr al mismo tiempo un aumento en la competitividad
    de la economía colombiana.  Se confiaba
    que creando un Consejo Nacional de la Competitividad se podría lograr una mayor
    dinámica de los sectores exportadores que permitirían el doble milagro de crear
    cuatrocientos mil empleos anuales y disminuir al mismo tiempo los costos
    laborales aumentando de paso la competitividad de la economía colombiana.
     A mediados
    del período presidencial la situación de empleo no puede ser más
    desoladora.  Los indicadores se han
    tornado negativos.  Trimestre a
    trimestre, el desempleo ha comenzado a aumentar, las empresas entran en
    concordato y licencian a los trabajadores. 
    El empleo industrial cada vez es menor, la agricultura acosada por la
    guerrilla cada vez genera menos empleo, las marchas campesinas y el descontento
    en el campo son la orden del día.  El
    país se encuentra aislado y el gobierno no puede garantizar ni la movilización
    de los alimentos a las ciudades principales.
    La posibilidad de mantener un crecimiento acelerado
    que permita incorporar a los nuevos trabajadores a un empleo productivo es cada
    vez más lejana.  La recesión es cada vez
    más notoria y el impacto de la parálisis de la construcción en el empleo se
    puede apreciar cada día más.  El aumento
    de los impuestos, la posibilidad de sanciones económicas no son buenas noticias
    para los trabajadores colombianos.
    En medio de este caos creado por la ausencia de
    políticas claras en el campo del empleo, la ciudadanía se siente
    desprotegida.  El Ministerio de Trabajo y
    Seguridad Social que debería guiar la política de empleo se empeña en utilizar
    su poder para mejorar la suerte de algunos de los sindicatos más fuertes.  Los grandes sindicatos no contentos con
    mantener sus prebendas han comenzado a fijar las políticas sectoriales.
    El Sindicato de Telecom decide cuando se debe abrir
    la competencia en larga distancia y cuando se puede entrar a competir en Bogotá
    por el mercado de la telefonía local.  El
    Ministro de Comunicaciones es impotente ante un gobierno que está dispuesto a
    comprar el apoyo del sindicato de las telecomunicaciones para mantenerse en el
    poder.  El Sindicato de Ecopetrol decide
    si se debe aumentar la participación de los asociados y define en general la
    política energética.  Los Sindicatos del
    Sector Eléctrico aprovechan la oportunidad para captar la reducción de los
    subsidios a los estratos cuatro, cinco y seis.
    El trabajador raso ve desaparecer su puesto de
    trabajos mientras que el afiliado a los grandes sindicatos mejoran
    considerablemente su suerte.  Esta
    situación no puede continuar por mucho más tiempo.  El crecimiento del desempleo es un lujo que
    no se puede dar el país en este momento de grave crisis institucional.

  • Dos años de alta inflación

    Una inflación alta unida a una marcada desaceleración de la economía y a
    un persistente déficit en cuenta corriente nos han llevado a una situación de
    difícil manejo.
    Se completa el segundo año del gobierno Samper con una inflación muy
    parecida a la que se tenia en el momento del cambio de gobierno.  En efecto, de una inflación de año corrido de
    15,73 por ciento al comienzo del mandato se llega al cabo de veinticuatro meses
    de una criticada gestión a una inflación de 15,7ó por ciento para los primeros
    siete meses del 9ó.
    La inflación registrada en los últimos siete meses no solo está muy
    cercana a la meta actual del diecisiete por ciento sino que resulta demasiada
    alta para un país que busca integrarse a la economía mundial y que para lograr
    una estabilidad en la tasa de cambio requiere de inflaciones cercanas al cuatro
    por ciento.  Una inflación anual del
    20.57 en los últimos doce meses dista mucho de cifras que revelen un manejo
    adecuado de la economía.
    Una inflación alta unida a una marcada desaceleración de la economía y a
    un persistente déficit en cuenta corriente nos han llevado a una situación de
    difícil manejo.  Si las autoridades
    económicas abandonan la lucha contra la inflación para tratar de reactivar la
    economía aumentan las expectativas de inflación y hacen por lo tanto más
    difícil el cumplimiento de las metas de inflación en el futuro.  Además, estas condiciones pueden precipitar a
    la economía en una crisis cambiaria, pues el estimulo generado por un aumento
    en la oferta monetaria puede desencadenar una fuga de capitales y agudizar el
    desequilibrio externo.
    Si tenemos en cuenta el deseo de aumentar el nivel del gasto militar la
    complejidad del manejo económico se agudiza. 
    El aumento de la participación del sector público planeado no deja de
    ser preocupante pues continua una tendencia muy preocupante iniciada en la
    administración anterior.  A partir del
    gobierno Gaviria y de la constitución del 91 se han incrementado de manera
    alarmante los gastos del gobierno sin haberse obtenido a cambio mejoras en los
    servicios prestados.
    El notable incremento en el presupuesto de gastos en los sectores
    sociales no se han traducido en mejoras en el nivel de vida de los
    colombianos.  Los incrementos en los
    gastos del sector justicia no se han visto reflejados en una mejor
    administración de la justicia y los incrementos en el gasto militar no se ha
    traducido en mejoras notables en la seguridad ciudadana.
    Por el contrario la mayor ineficiencia asociada con un sector público
    cada vez mayor y cada vez más ineficiente ha sido la principal razón de los
    desequilibrios macroeconómicos que se reflejan en una inflación alta acompañada
    de un aumento del desempleo. La inflación persistente acompañada de altos
    niveles de desempleo es el resultado de una incompatibilidad entre las metas
    monetarias y fiscales.  El gobierno se ha
    empeñado en aumentar su gasto por encima del margen monetario acordado con la
    Junta Directiva del Banco de la República.
      
    El manejo de la inflación de los dos últimos años no puede continuar
    pues hoy en día nadie está creyendo en las metas de inflación.  El Gobierno por su debilidad ha tenido que
    ceder a los grupos de presión y en consecuencia el gasto público ha aumentado
    considerablemente.  Los recursos
    generados por las reformas tributarias han desaparecido muy rápidamente sin
    lograr los propósitos buscados en el frente de la estabilización.  Las reiteradas promesas del Presidente y de
    algunos de sus ministros más el intento de completar el período presidencial a
    costa del presupuesto nacional han impedido lograr la reducción de la
    inflación.  Se han perdido dos años
    preciosos para avanzar en la reducción de la inflación.