Category: Ernesto Rojas

  • Vivienda: Recordando a Currie

    Cursa en el Senado un
    proyecto de ley que busca subsanar algunas fallas que le quedaron a la Reforma
    Urbana. El proyecto sometido por el gobierno a la consideración del Congreso
    era muy sencillo. Buscaba cambiar la definición de vivienda de interés social para
    permitir que las Corporaciones de Ahorro y Vivienda pudieran financiar un
    segmento importante del mercado que se había quedado sin financiación.

    El Senador Rojas
    Morales, ponente del Proyecto de Ley y quien se ha caracterizado por su trabajo
    serio, le ha introducido al mencionado proyecto una serie de reformas que han
    venido siendo criticadas por los gremios de la construcción. Algunas de estas
    reformas como el esquema de dos créditos complementarios, constituye una
    solución ingeniosa a algo que ya resolvió el Sistema UPAC de una manera más
    clara y operativa. Sin entrar a discutir en detalle el Proyecto es indudable
    que su aspecto más preocupante es la complejidad. Puede afirmarse  que estamos ante una solución compleja de un
    problema aparentemente sencillo.  En la
    solución propuesta por el Senador Rojas es difícil establecer claramente quien
    va a cargar con el peso económico de la reforma. El argumento de que no va a
    haber subsidio a la vivienda porque los fondos se van a obtener a tasas de
    interés muy bajas, genera dudas entre los economistas.

    Para los que tienen
    algo de memoria este argumento no es enteramente nuevo. El sistema de
    financiación de la vivienda imperante en el pasado en Colombia, se sustentaba
    en la premisa de que era posible conceder créditos a tasas de interés bajas
    siempre y cuando se consiguieran fondos de bajo costo. Si bien algunas familias
    afortunadas podían solucionar su problema de vivienda, el sistema veía
    disminuir sus recursos pues el valor real (descontada la inflación) era cada
    día menor.

    El Profesor Lauchlin
    Currie, quien ha influido positivamente en la fijación de políticas en el
    sector de la vivienda, ha logrado convencer al País de la importancia de tener
    un sistema de financiación de la vivienda en el que los recursos mantengan su
    poder adquisitivo en términos reales. El Sistema de Ahorro y Vivienda diseñado
    en Colombia por el Profesor Currie durante la Administración del Presidente
    Pastrana hoy es admirado por el resto de Latino América. El sistema logró,
    mediante reajuste del principal y planes de amortización innovadores, mantener
    accesibilidad a la vivienda cobrando tasas de interés reales positivas. Dentro
    del sistema UPAC, el reajuste del principal permitió el cobro de cuotas
    crecientes sin que esto constituyera un pago de intereses sobre intereses.

    Como bien nos lo hizo
    ver el Profesor Currie en su oportunidad, una de las ventajas del sistema UPAC
    es el utilizar las tasas de interés como una herramienta para incentivar el
    ahorro de las familias y para hacer que las empresas utilicen mejor su
    liquidez. Por el contrario, castigar al ahorrador pequeño pagándole tasas de
    interés bajas, en aras de una política de subsidios, no solo lo trata
    inequitativamente sino que lo incentiva a realizar gastos en el presente, desestimulando
    el ahorro.

    Pretender que se puede
    hacer política de vivienda social ocultando los verdaderos costos de estas
    medidas es realmente preocupante, pues parecería que no se han aprendido las
    lecciones dolorosas del pasado, cuando se causaron considerables perjuicios con
    medidas aparentemente inocuas. Basta recordar las disposiciones sobre
    congelación de arrendamientos, anunciadas en 1976 con el propósito de controlar
    el costo de la vida, favoreciendo a algunos inquilinos a costa de los sufridos
    propietarios que habían dedicado sus ahorros a adquirir una vivienda. Algunos
    propietarios más pobres que sus inquilinos tuvieron que subsidiarles la
    vivienda durante casi diez años como consecuencia de una medida concebida con
    carácter temporal.

    La experiencia negativa
    con estos subsidios implícitos nos debería llevar a buscar otro tipo de
    solución. La tendencia moderna en el manejo de subsidios busca un efecto mucho
    más justo y eficaz estableciendo un esquema en que los costos son asumidos
    directamente por el Estado en forma explícita y dirigido a los grupos que
    realmente merezcan dicha ayuda. Al evitarse filtraciones de los fondos públicos
    hacia familias que no necesitan el subsidio es posible lograr efectos mayores a
    partir de fondos limitados.

    La vivienda de interés
    social debe ser subsidiada con fondos comunes provenientes de un sistema
    tributario equitativo y debe llegar únicamente a quienes no puedan alcanzar un
    mínimo de vivienda. Podría entonces pensarse en que una alternativa más clara
    es reducir explícitamente la deuda sobre la vivienda cobrando las tasas de
    interés del mercado sobre el valor del saldo efectivo de la deuda. El gobierno
    asumiría directamente el resto de la deuda. Por ejemplo, si se decide que una
    familia para vivir dignamente necesita una vivienda que en el mercado cuesta 2
    millones pero solo puede pagar la mitad de la deuda, el Estado debería
    contribuir con el otro millón. Para garantizar el pago de su parte la familia
    constituiría una hipoteca que amortizaría, a tasas del mercado, utilizando el
    plan que mejor se adapte a sus circunstancias.

    Los críticos del
    sistema UPAC han sostenido que éste no se concibió para financiar vivienda de
    interés social y en parte tienen razón. Por definición la vivienda de interés
    social es aquella vivienda cuyo valor no puede ser pagado directamente por el
    propietario. El sistema UPAC, como se mencionó anteriormente ha sido concebido
    para la conservación del valor real de los recursos dedicados a la financiación
    de la vivienda y por tanto presupone que el propietario debe cancelar el total
    del valor de la vivienda. Si se hicieran explícitos los subsidios, el sistema
    de valor constante sí podría servir para financiarle al propietario aquella
    parte del valor de la vivienda que se ha colocado bajo su directa
    responsabilidad. 

    Dentro de esta
    perspectiva, la solución técnica de este complejo problema es muy sencilla pues
    lo único que se debería discutir es cuánto financia el Estado y cuánto aporta
    el propietario. Adicionalmente, el Estado debe entonces determinar la manera
    como debe llegar el subsidio al propietario. En esto puede ayudar la ingeniería
    financiera de nuestros muchachos de la Avenida Chile. Propuestas como la de dar
    certificados de abono tributario a los beneficiarios podrían producir un resultado
    interesante. Por ejemplo, cuando se ha establecido que una familia tiene
    derecho a un subsidio de un millón de pesos, la agencia encargada expediría un
    CAT por un millón. El beneficiario buscaría dentro del mercado su vivienda y
    pagaría con su CAT y además haría una hipoteca por el resto con una Corporación
    de Ahorro. El Constructor, o el ICT, recibiría el CAT que podría entregar a la
    corporación como abono de su obligación hipotecaria. La Corporación podría a su
    vez redimirlo en bolsa o guardarlo para pagar sus impuestos de renta.