Category: Entidades sin ánimo de lucro. Constitución del 91

  • La Privatización de la ayuda a las Instituciones meritorias

    Para lograr una mejor
    asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin
    ánimo de lucro es necesario diseñar unos incentivos adecuados.
    En estos días se ha
    venido comentando las dificultades que han venido pasando las instituciones sin
    ánimo de lucro. Algunas de estas instituciones están prácticamente paralizadas,
    debido a que los auxilios no han podido ser girados pues no hay ningún
    funcionario que se atreva a enfrentarse a una posible demanda.
    Los abogados han venido
    proponiendo una serie de medidas que permitan resolver el problema jurídico que
    se presentó por el cambio en la Constitución. Indudablemente, es necesario que
    el Congreso defina la situación legal de los auxilios y que llene el vacío
    dejado en muchas materias. Las Corporaciones Regionales, por ejemplo, han
    quedado sin fuentes de recursos porque la constitución asignó a los municipios
    los impuestos sobre la propiedad raíz.
    Para un economista el
    problema creado por los auxilios tiene una solución diferente. El problema de
    la mala destinación de ellos es simplemente un caso típico de un abuso de la
    posición de monopolio. Los auxilios son mal utilizados porque no están
    reflejando las preferencias de los consumidores, sino más bien las preferencias
    de unos privilegiados, a quienes se les concedió el monopolio de la decisión
    del destino de estos.
    La triste realidad es
    que las preferencias de los que asignaban el gasto, casi nunca coincidían con
    las preferencias de los que ponían el dinero o sea los contribuyentes. Por lo
    menos en mi caso si me preguntaran que haría con mis impuestos, nunca se me
    hubiera ocurrido gastar mi dinero en beneficio de todos los proyectos en los
    que fueron gastados.
    El ponerle una
    cortapisa legal es muy probable que sirva para que en el futuro los auxilios
    tengan una mejor utilización. Sin embargo, el problema persistirá. El encargado
    de las decisiones siempre tendrá en cuenta sus preferencias, y no los de la
    comunidad. El querer poner demasiadas condiciones a la utilización de los
    auxilios conducirá a una situación en que muchas de las instituciones
    meritorias, como los hospitales, no gocen de auxilios suficientes porque
    incumplen con alguno de los requisitos.
    Adicionalmente, el
    exceso de regulación tiene un costo muy grande para la sociedad, pues el costo
    de administrar estos auxilios puede llegar a representar una fracción
    considerable del valor total. El neto que le queda a la institución, después de
    haber incurrido en altos costos en la tramitación, puede llegar a ser muy
    pequeño. Los administradores van a dedicar todo el tiempo a cumplir con una
    serie infinita de requisitos, y por lo tanto no podrán cumplir con sus labores
    de dirección.
    Para lograr una mejor
    asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin
    ánimo de lucro es necesario inyectar incentivos adecuados. El administrador
    debe concentrarse en prestar un buen servicio y el contribuyente debe expresar
    sus preferencias sobre las obras en las que se debe gastar el dinero. Una
    manera de lograr esto es haciendo que sea más atractivo el apoyar las
    instituciones meritorias. Si el ciudadano tuviera un buen incentivo tributario
    para apoyar la institución meritoria de sus preferencias, se podría lograr que
    las instituciones se dedicarán a conseguir el apoyo de los contribuyentes
    probablemente buscando prestar un buen servicio.

    Muchos podrían pensar
    que esta propuesta puede no tener validez, porque algunas instituciones no
    podrían contar con el apoyo suficiente, a pesar de un gran esfuerzo por
    despertar la solidaridad ciudadana. La respuesta a esta objeción sería que si
    se logra demostrar que dicha institución realmente debe existir, requería
    contar con un apoyo explícito del gobierno. Si se piensa que una entidad
    particular podría realizar más eficientemente la gestión, que una oficial,
    sería necesario realizar un contrato de administración con la entidad sin ánimo
    de lucro. El pago a este servicio debería reflejar el servicio prestado y no
    únicamente, un reconocimiento de los costos incurridos.