Category: Empresas públicas

  • Época de presupuestos

    La necesidad de mejorar la eficiencia del gobierno se hace más evidente
    en el manejo de sus empresas, donde no existe la disculpa de que los resultados
    de los programas son difíciles de cuantificar.
    Por esta época el sector privado ya tiene listos sus planes para el
    9ó.  Después de m largo proceso de
    concertación ha logrado establecer su presupuesto de ingresos y gastos para el
    próximo año.  Este ejercicio es tomado en
    serio y como resultado de este importante proceso anual la gerencia se
    compromete con la Junta Directiva a cumplir una serie de metas que, por lo
    general, implican una mejora considerable con relación al año anterior.
    Por el contrario, el proceso de programación en el sector público no
    solo es demorado sino que, casi siempre, se limita a reflejar el aumento en el
    costo de la vida.  Las entidades se
    contentan con tener un aumento en el presupuesto y para ello en los ó1timos
    meses se lanzan a gastarse los restos del presupuesto para que el Ministerio de
    Hacienda no les quite las partidas no ejecutadas.  Esta orgía de gastos que se está viviendo en
    este año causada por las reformas en el proceso presupuestal de ninguna manera
    se compadece con la tramitación de un proyecto de reforma tributaria que busca
    aumentar los impuestos.
    La falta de capacidad de ejecución de los programas del gobierno que se
    repite año tras año y que se hace más evidente en los 
    últimos meses continúa
    siendo un grave problema que no ha sido enfrentado por los gobiernos nacionales
    y locales.  La necesidad de mejorar la
    eficiencia del gobierno se hace más evidente en el manejo de sus empresas,
    donde no existe la disculpa de que los resultados de los programas son
    difíciles de cuantificar.
    Los bancos oficiales tienen siempre unos resultados inferiores a los de
    sus contrapartes en el sector privado. 
    Los intentos de control de las entidades oficiales han resultado
    fallidos.  En buena parte las
    dificultades en el control nacen de un esquema equivocado introducido en la
    reforma administrativa de 1968.  Como se
    recuerda en esa época las entidades oficiales se adscribieron a un Ministerio
    al que se le asigno su tutela y vigilancia.
    Esa tutela nunca se pudo ejercer por varias razones.  En primer lugar, porque el vigilado muchas
    veces tuvo mayor poder que el propio ministro. 
    Los Gerentes de Ecopetrol, de Telecom y otras empresas del Estado casi
    siempre fueron más poderosos que el Ministro de turno.  Aún si el Ministro contaba con el pleno
    respaldo del Presidente por sus múltiples actividades no podía ejercer la
    tutela sobre las empresas y tenia que delegar la vigilancia a uno de sus
    subalternos.
    En segundo lugar, las entidades casi nunca se fijaban unas metas que
    fueran posibles de seguir.  Solamente
    cuando entraban en crisis, se lograba concretar el cumplimiento de unas metas
    de desempeño.  Debido a presiones
    políticas el incumplimiento de las metas nunca se traducía en cambios en la
    dirección de las empresas ni en verdaderas reestructuraciones de las entidades.
    La falta de incentivos unida a la preponderancia de consideraciones
    políticas en el nombramiento de los gerentes han afectado de manera adversa el
    desempeño de los que llegan a la dirección de las empresas.  A diferencia de lo que se estila en el sector
    privado la remuneración de los gerentes es independiente de los resultados.  El gerente público que cada vez más está
    sometido a mayores castigos cuando su desempeño resulta inferior a las
    expectativas de los encargados del control fiscal y político no tiene un premio
    cuando su desempeño es excelente.  Debido
    a esta asimetría en su evaluación el gerente público nunca toma riesgos ni
    mucho menos considera caminos de acción que lo enfrenten a los poderosos
    políticamente.
    Las consecuencias para el bienestar de la nación no pueden ser más
    graves.  Las empresas públicas continúan
    siendo una de las principales causantes del tremendo déficit fiscal que tiene
    que ser cubierto con impuestos nacionales y locales cada vez mayores.  El país no puede continuar indiferente a la
    suerte de las empresas del estado ha llegado el momento de darles un manejo
    gerencial.  No podemos continuar año tras
    año engañados con la farsa presupuestal que se da en estos últimos meses del
    año.  Los planes de las empresas no
    pueden seguir siendo una expresión de buenos deseos.  Las empresas o cumplen lo que se comprometen
    a hacer o desaparecen.

  • El costo de las elecciones

    No solo es importante
    considerar la posibilidad de privatizar los servicios, sino que también es
    necesario ponerle límites claros a 
    lo que se puede
    negociar en las convenciones colectivas.
    En Colombia, a medida
    que se acercan las elecciones se agudizan los problemas laborales. La agitación
    laboral está a punto de acabar con la poca paciencia de los sufridos usuarios
    de los servicios públicos. No solo deben sufrir el deterioro en los niveles de
    servicio, sino que después tienen que pagar los logros laborales de los
    sindicatos. En elecciones anteriores, era normal esperar huelgas en Teléfonos y
    la Registraduría, hoy en día, hay agitación laboral en la Energía de Bogotá y
    otras entidades del sector eléctrico al mismo tiempo que en varias
    instituciones financieras. Las magníficas condiciones de los trabajadores de
    Teléfonos y de la Registraduría han inspirado a otros líderes sindicales para
    negociar con las autoridades en vísperas electorales.
    El mal servicio
    imperante en estas épocas de negociaciones colectivas, hace ganar a la
    privatización de las Empresas Públicas muchos adeptos. El mal servicio de la
    Empresa de Teléfonos que he podido apreciar por la falla de más de un mes en
    una de las líneas telefónicas de mi oficina, me ha hecho pensar en los
    argumentos que ha dado el Doctor Miguel Urrutia para la privatización de la
    Empresa de Comunicaciones de Bogotá. La buena voluntad y la capacidad técnicas
    de un gerente como el Doctor Carrizosa, se enfrentan a problemas de carácter
    estructural que claman por una solución diferente a la de montar un Canal
    Local.
    No solo es importante
    considerar la posibilidad de privatizar los servicios, sino que también es
    necesario ponerle límites claros a lo que se puede negociar en las convenciones
    colectivas. Sin lugar a dudas, es muy importante realizar un cambio radical en
    el sistema  de seguridad social. Las
    directivas de las empresas, con un horizonte de planeación corto, tienden a
    conceder muy buenas condiciones para la jubilación de sus trabajadores.
    Algunos gerentes caen
    en la tentación de transferir al futuro los problemas, concediendo unas
    condiciones generosas que terminan acabando las empresas. Colpuertos y los
    Ferrocarriles, son ejemplos claros de los problemas que se generan cuando por
    la presión del día se cede en materia de jubilaciones. Los altos costos
    laborales, no solo llevan a la ruina de unas empresas, sino que le ponen un
    punto de negociación a los demás sindicatos. 
    Esta espiral de salarios termina arruinando todas las empresas públicas.
    Después de haber mirado, así sea por encima, la caótica situación
    pensional, es muy fácil concluir que es necesario llegar a unas condiciones
    idénticas para todos los trabajadores. El régimen de jubilación debería ser
    uniforme para todos los trabajadores. Las convenciones colectivas no podrían
    cambiar estas reglas y deberían centrarse en el nivel de salarios, en políticas
    de promoción y capacitación, y en las condiciones mismas del trabajo, dejando
    al sistema de seguridad social y a los fondos de pensión el problema de cómo
    pagar al trabajadores en su jubilación.
    Afortunadamente, el
    sistema electoral va a entrar en un receso hasta mayo de 1994. Durante este
    período, las autoridades deberían hacer algunas reformas para romper la
    vinculación entre las elecciones y los pliegos laborales. Por ejemplo, los
    procedimientos de votación deberían sistematizarse para disminuir la amenaza
    constante de los funcionarios de la registraduría.

    Las elecciones deberían
    realizarse en días laborales, sin tener que 
    paralizar todo el país. Si el censo de población se pudo realizar en un
    día ordinario, no hay ninguna razón para que no se pueda cumplir con el deber
    ciudadano de la votación en un martes cualquiera, como se hace en los Estados
    Unidos.