Category: Empleo

  • La crisis del empleo

    A mediados del período presidencial la situación de empleo no puede
    ser más desoladora
    .
    La campaña Samper quiso mostrar, aún en contra de la
    realidad, que la situación económica del país era bastante grave y que se
    requería de un gran estimulo para lograr alcanzar unas altas tasas de
    crecimiento.  El diagnóstico del plan de
    desarrollo especialmente en el tema del empleo mostraba una situación
    relativamente aceptable pues los indicadores eran bastante favorables.  El desempleo se había venido reduciendo de
    tal manera que al comienzo del gobierno de Samper se contaba con indicadores
    muy favorables.  Tal como se indica en
    “Las políticas del Salto Social”, el desempleo durante los últimos
    tres trimestres estaba mostrando los niveles más bajos de los últimos diez
    años, 7,6% en Septiembre de 1995; 7,9% en diciembre de 1994 y 8, 1 % en marzo
    de 1995.
    El mismo documento mostraba además que el problema
    de la informalidad se estaba reduciendo de manera sostenida.  De un valor de 57,1 en 1988 se había reducido
    a un 53,8% en 1994.  Más aún, gracias a
    las reformas de los noventa, el crecimiento se venia dando en el sector
    privado, habiendo dejado el gobierno el papel de empleador de última instancia.
    De la lectura del documento queda claro que la
    situación del empleo en Colombia era muy diferente a la retórica que nos tenía
    acostumbrados el Expresidente de ANIF. Las grandes frases acuñadas por el
    candidato liberal a lo largo de su carrera pública, no tenían ningún soporte en
    la realidad.  Las grandes promesas de la
    campaña se estaban cumpliendo aún antes de formular el plan de desarrollo pues
    la situación era mucho mejor de lo que siempre había hecho creer el Poder
    Popular.
    La creación de un millón seiscientos mil empleos en
    los cuatro años no parecía muy difícil de cumplir pues lo único que se
    necesitaba era proseguir en la senda de rápido crecimiento económico que se
    había logrado establecer en los últimos años de la Administración Gaviria.  Se calculaba que con un crecimiento de 5,7
    por ciento por año durante el cuatrenio Samper sería posible mantener un
    crecimiento del 2,8 por ciento del empleo lo que permitiría descensos
    adicionales en la tasa de desempleo o mejoras en la calidad de los puestos de
    trabajo.
    Infortunadamente, el plan Samper para la creación
    del millón seiscientos mil empleos no se tradujo en acciones especificas.  El gobierno le apostó a un crecimiento
    general de la economía en la que se esperaba que con buenas intenciones se
    lograría un crecimiento dinámico de la agricultura y la industria.  Se pensó que logrando una devaluación real se
    podría obtener un rápido crecimiento de las exportaciones industriales y
    agrícolas.  Más aún, se esperaba no solo
    aumentar el empleo sino lograr al mismo tiempo un aumento en la competitividad
    de la economía colombiana.  Se confiaba
    que creando un Consejo Nacional de la Competitividad se podría lograr una mayor
    dinámica de los sectores exportadores que permitirían el doble milagro de crear
    cuatrocientos mil empleos anuales y disminuir al mismo tiempo los costos
    laborales aumentando de paso la competitividad de la economía colombiana.
     A mediados
    del período presidencial la situación de empleo no puede ser más
    desoladora.  Los indicadores se han
    tornado negativos.  Trimestre a
    trimestre, el desempleo ha comenzado a aumentar, las empresas entran en
    concordato y licencian a los trabajadores. 
    El empleo industrial cada vez es menor, la agricultura acosada por la
    guerrilla cada vez genera menos empleo, las marchas campesinas y el descontento
    en el campo son la orden del día.  El
    país se encuentra aislado y el gobierno no puede garantizar ni la movilización
    de los alimentos a las ciudades principales.
    La posibilidad de mantener un crecimiento acelerado
    que permita incorporar a los nuevos trabajadores a un empleo productivo es cada
    vez más lejana.  La recesión es cada vez
    más notoria y el impacto de la parálisis de la construcción en el empleo se
    puede apreciar cada día más.  El aumento
    de los impuestos, la posibilidad de sanciones económicas no son buenas noticias
    para los trabajadores colombianos.
    En medio de este caos creado por la ausencia de
    políticas claras en el campo del empleo, la ciudadanía se siente
    desprotegida.  El Ministerio de Trabajo y
    Seguridad Social que debería guiar la política de empleo se empeña en utilizar
    su poder para mejorar la suerte de algunos de los sindicatos más fuertes.  Los grandes sindicatos no contentos con
    mantener sus prebendas han comenzado a fijar las políticas sectoriales.
    El Sindicato de Telecom decide cuando se debe abrir
    la competencia en larga distancia y cuando se puede entrar a competir en Bogotá
    por el mercado de la telefonía local.  El
    Ministro de Comunicaciones es impotente ante un gobierno que está dispuesto a
    comprar el apoyo del sindicato de las telecomunicaciones para mantenerse en el
    poder.  El Sindicato de Ecopetrol decide
    si se debe aumentar la participación de los asociados y define en general la
    política energética.  Los Sindicatos del
    Sector Eléctrico aprovechan la oportunidad para captar la reducción de los
    subsidios a los estratos cuatro, cinco y seis.
    El trabajador raso ve desaparecer su puesto de
    trabajos mientras que el afiliado a los grandes sindicatos mejoran
    considerablemente su suerte.  Esta
    situación no puede continuar por mucho más tiempo.  El crecimiento del desempleo es un lujo que
    no se puede dar el país en este momento de grave crisis institucional.

  • El seguimiento del Plan de Empleo del próximo gobierno

    El nuevo gobierno tiene
    la responsabilidad de precisar la meta de empleo, indicando cuáles son los
    sectores, las regiones y las ocupaciones en donde se van a generar los nuevos
    empleos.
    El seguimiento del
    cumplimiento de las promesas hechas por los candidatos debería ser una de las
    actividades prioritarias tanto para el gobierno como para la oposición. Si el
    gobernante de turno ha recibido el apoyo para un plan de generación de un
    millón y medio de empleos, es necesario establecer un esquema que permita
    seguir el cumplimiento de los ofrecimientos realizados en el campo laboral.
    Los nuevos encargados
    de la política económica muy pronto van a comprobar que la información sobre el
    empleo en Colombia es bastante deficiente. El DANE dentro de sus
    investigaciones regulares produce resultados solo a nivel de los principales centros
    urbanos. La encuesta de hogares de más amplio cubrimiento, que se realiza en el
    mes de diciembre, cubre las áreas metropolitanas de Barranquilla, Bucaramanga,
    Cali, Manizales, Medellín, Pereira, Cúcuta y las ciudades de Bogotá, Pasto,
    Ibagué y Montería.
    El número total de
    empleos en Colombia es una cifra casi imposible de obtener. Aunque en los
    Censos se indaga sobre el estatus laboral de la población colombiana, sus
    resultados no son comparables con los producidos en las encuestas de hogares.
    Los resultados del censo del 93 aún con las limitaciones anotadas podrían
    servir de base para conocer el número de empleos que recibe el próximo
    presidente. Ante la carencia de esta información es necesario proyectar a
    partir de la información del 85 y de mediciones sectoriales realizadas por el
    DANE.
    Si partimos de
    9’146.000 empleos registrados en el Censo de 1985 y utilizamos otra
    información, podemos calcular que el número de empleos pueden ser de unos 12
    millones 800 mil. De estos, unos 3 millones 300 mil corresponden al sector
    agropecuario, 3 millones 800 mil al sector asalariado y cuasi asalariado, casi
    2 millones 600 mil se ubican en el sector informal independiente y un poco
    menos de un millón corresponden al sector público.
    Para calcular el número
    esperado de empleos es necesario conocer en detalle el modelo de desarrollo que
    va a seguir el próximo gobierno. Una aproximación del número de empleos creados
    en el próximo cuatrenio se puede obtener considerando la tendencia histórica
    que podría servir de base para la evaluación del plan propuesto por el
    candidato triunfante. La experiencia ha mostrado que en condiciones normales,
    el número de empleos ha venido creciendo al 3 por ciento por año. En cuatro
    años el crecimiento compuesto sería del 12.6 por ciento lo que quiere decir que
    se habrán creado un millón seiscientos mil empleos nuevos.
    Estos cálculos burdos
    hechos en el reverso de un sobre podrían mostrar que el cumplimiento de la
    promesa puede ser relativamente fácil pues lo que se necesitaría sería mantener
    a la economía dentro de una trayectoria que permita sostener el crecimiento
    observado en el pasado. Es claro que el país no está interesado en crear un
    número determinado de empleos, lo que está buscando es que estos empleos sean
    productivos y que se elimine el gran problema de la informalidad. Por tanto, lo
    que se necesita es precisar cuáles van a ser los empleos que se quieren crear
    para que se pueda establecer si los programas tienen el éxito esperado.

    El nuevo gobierno tiene
    por lo tanto la responsabilidad de precisar la meta de empleo, indicando cuáles
    son los sectores, las regiones y las ocupaciones en donde se van a generar los
    nuevos empleos. Además, debe establecer a la mayor brevedad, un sistema de
    seguimiento a la creación de empleo. Debe dotar al DANE y al Ministerio de
    Trabajo de los recursos necesarios para hacer las encuestas que permitan
    establecer a nivel de todo el país la evolución del empleo. El gobierno debería
    comprometerse con el país a presentar en su informe al Congreso un estado del
    cumplimiento de las metas de empleo. El país podrá juzgar entonces, si las
    promesas se han cumplido o si todo se quedó en buenas intenciones.