Una Perspectiva Económica de la Actualidad Colombiana

Category: Emergencia Económica

  • Se reduce la incertidumbre económica

    El fallo de la Corte en
    la que declara inconstitucional el Decreto de Emergencia Económica permite
    mirar con mayor tranquilidad el futuro del país. Es reconfortante encontrar un
    fallo que demuestre que en Colombia todavía impera el Estado de Derecho. Los
    agentes económicos han recibido un importante mensaje. El poder del ejecutivo
    tiene un importante contrapeso en una institución que toma sus decisiones de
    acuerdo con la legalidad de las medidas y no con la conveniencia política.
    La confianza en las
    instituciones es de gran importancia para los agentes económicos y permite
    tomar decisiones de largo plazo. Para el país hubiera sido muy grave aceptar
    que la imprevisión del gobernante es motivo suficiente para tomar unas medidas
    improvisadas que tratarán de resolver a la hora de nona las graves dificultades
    causadas por una gestión improvisada. Sería muy grave que los problemas de
    fondo de la economía fueran resueltos por procedimientos extraordinarios en los
    que no puede haber ninguna  discusión por
    parte de los afectados por las reformas propuestas.
    Ahora que existe una
    mayor claridad en las reglas de juego es necesario comenzar a enfrentar los
    graves problemas económicos del país. Sin lugar a dudas, el más importante de
    todos es el grave déficit fiscal que se ha originado en un incremento acelerado
    del gasto público. A diferencia de lo que ocurre en el mundo, en Colombia el
    Estado sigue creciendo. La participación del Estado sigue aumentando sin que
    los resultados sean hoy mejores que hace cinco años.
    El incremento en los
    gastos del gobierno no han venido acompañados de mejoras en la calidad de vida
    de las personas. El incremento en el gasto en justicia no ha contribuido de
    manera significativa a garantizar a todos los colombianos una pronta y cumplida
    justicia. Hoy como ayer, la justicia sigue siendo para los de rana y como la
    prenda de nuestros altiplanos es cada vez menos popular la justicia llega cada
    vez a menos personas.
    Los gastos en defensa
    no nos han asegurado la victoria sobre la subversión. Por el contrario, la
    población se siente cada vez más indefensa. La guerrilla por el contrario se ha
    internacionalizado y ahora ha desarrollado alianzas estratégicas con fuerzas
    multinacionales para obtener millonarios rescates en moneda extranjera.
    La ineficiencia del
    gasto público ha resistido el embate de varias comisiones que han intentado ponerle
    freno a este     cáncer que absorbe todos los recursos que se le entreguen. Un
    gobierno tan débil como el actual se ha resistido a actuar sobre el gasto
    público y por el contrario lo ha incrementado para ganar el apoyo de los
    políticos, de los sindicatos oficiales, y de las fuerzas armadas.
    Infortunadamente, en
    circunstancias recesivas, las medidas encaminadas a recaudar más impuestos no
    parecen muy aconsejables. El aumento de los aranceles no solo ha puesto en
    peligro las relaciones comerciales de Colombia con algunos de sus socios
    comerciales sino que además ha dado una señal de alerta que parece estar
    mostrando el interés del gobierno por acabar con la apertura económica. Los
    industriales que le apostaron a la competencia internacional deben estar muy
    desilusionados. Deben sentirse tan frustrados como aquellos que después de
    haber hecho una cola larguísima se dan cuenta que hay unos vivos que están
    entrando por la puerta falsa.
    El aumento en las
    tarifas del IVA propuesto recientemente tampoco es la solución indicada.
    Aumentar las tarifas de un impuesto que tiene una evasión tan grande lo único
    que hace es castigar más a los que respetan la ley y premiar a los que la
    evaden. Quitarle los recursos al sector privado para darle los recursos al
    sector público es como quitarle el dinero a las hormigas que han trabajado
    durante todo el verano para dárselo al grillo que vivía en eterna rumba. Pero
    más grave aún, el aumento de impuestos en una situación recesiva es la receta
    adecuada para empeorar la situación. Tal como se demostró en el pasado
    reciente, el déficit fiscal se agrava durante las recesiones pues los recaudos
    tienen un fuerte componente cíclico.

    Si el gobierno quisiera
    eliminar la incertidumbre creada por la declaratoria de emergencia económica
    debería comenzar a enfrentar seriamente el problema del déficit fiscal. Con
    medidas coyunturales no será posible solucionar los problemas estructurales del
    país.

  • El Presidente si sabía

    La crisis política
    desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación
    económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a
    derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad
    fiscal.
    La declaratoria de la
    Emergencia Económica por la Administración Samper es un nuevo signo del mal
    manejo económico que ha tenido el país durante este gobierno. La falta de
    previsión y el querer tapar el sol con las manos han resultado en una
    experiencia traumática que ha dado al traste con la posible recuperación de la
    economía colombiana.
    La irresponsabilidad
    fiscal que caracterizó a Ernesto Samper durante su paso por el Concejo de la
    capital donde organizaba marchas para que los usuarios de los servicios
    públicos quemarán las fotocopias de las facturas y se negarán a pagar la
    valorización por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, fue, sin
    lugar a dudas, la principal característica del plan del salto social.
    El hueco fiscal del
    Plan de Desarrollo fue motivo de críticas por gran parte de los analistas
    económicos independientes del gobierno. La imposibilidad de financiar sanamente
    el plan de desarrollo dentro de las posibilidades que dejaba un aumento
    acelerado de las transferencias, inspirado por el primer Ministro de Hacienda
    del Gobierno Samper desde los salones de la constituyente, resultaba evidente
    para todo el mundo.
    El afán desmedido por
    aumentar el gasto para satisfacer el voraz apetito de la clase política llevó a
    romper la sagrada promesa hecha en la campaña electoral de no aumentar los
    impuestos. El gobierno, sin el más mínimo rubor, le anunció a la ciudadanía que
    el aumento temporal del IVA contemplado en la reforma tributaria de la
    Administración Gaviria se convertiría en permanente. Pero como la conversión de
    un aumento temporal en uno permanente no era suficiente para poder contar con
    el apoyo político del congreso fue necesario apelar a un aumento en dos puntos
    en el IVA.
    La crisis política
    desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación
    económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a
    derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad
    fiscal. Las voces que comenzaron a llamar la atención sobre la grave situación
    del país fueron desatendidas. El Ministro Perry, en lugar de tomar las medidas
    adecuadas, se dedicó a escribir cartas a los medios de comunicación en las que
    defendía su gestión, descalificaba a sus críticos y culpaba a la anterior
    administración por la situación existente.
    El cambio de Ministro
    de Hacienda ha permitido un cambio en la dirección de la política económica. La
    realidad ha sido reconocida y se han comenzado a realizar los ajustes en la
    política económica que el país necesitaba. Sin embargo, el camino adoptado, la
    Emergencia Económica, no parece ser el más apropiado. La Corte Constitucional,
    juzgando por las preguntas realizadas a los expertos en los temas económicos,
    tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de las medidas. Todos los
    expertos estarán de acuerdo que el Presidente si sabía que el país estaba en
    graves circunstancias y que las medidas adoptadas en los dos primeros años de
    gobierno nunca estuvieron encaminadas a arreglar el problema que ellos mismos
    habían diagnosticado en la campaña presidencial. Por el contrario, el afán de
    pagar favores al Grupo Santodomingo, a otros de los grandes aportantes y ganar
    el respaldo político para la preclusión en el juicio de la Cámara de
    Representantes, lo único que hizo fue agravar la situación fiscal.
    Más aún, muchas de las
    medidas no solo estaban anunciadas sino que, además se podían adoptar por otros
    medios. El freno al endeudamiento privado puede hacerse, y en realidad se ha
    hecho,  por atribuciones propias de la
    Junta Directiva del Banco de la República. Como muy bien lo ha demostrado el
    actual Ministro de Hacienda en un sesudo documento, el impuesto establecido al
    endeudamiento externo es equivalente a la utilización de los encajes sobre el
    endeudamiento externo.
    Esta interferencia con
    la independencia del Banco de la República es una pésima señal para la
    comunidad internacional. El Gobierno Samper no se ha esperado a febrero de 1997
    para poder nombrar dos miembros más en la Junta Directiva del Banco de la
    República con lo cual contaría con la mayoría en este importante organismo,
    sino que ha entrado por la puerta de atrás para acabar con la independencia de
    tan importante institución.

    Lo que es sorprendente
    es que por la declaratoria de la emergencia económica ha quedado en manos de la
    Corte Constitucional uno de los principales activos con cuenta la economía
    colombiana. La confianza de la comunidad internacional en la seriedad de la
    política económica depende de una declaratoria de inconstitucionalidad de la
    emergencia económica adoptada por el gobierno Samper. Si se aceptaran los
    argumentos del gobierno para acabar con la autonomía del Banco de la República
    y del Congreso, Colombia entraría a la lista de los parias no solo en el
    aspecto del narcotráfico sino también en el del manejo económico.