Category: Credibilidad

  • Un año perdido

    La poca credibilidad que ha despertado la política económica del gobierno es, sin lugar a dudas la principal causa de los problemas que se están viviendo.

    Está para cumplirse el
    primer aniversario del nombramiento del actual Ministro de Hacienda y es hora
    de comenzar a hacer el balance de la gestión realizada en estos doce meses. Las
    noticias aparecidas recientemente en los periódicos confirman la opinión de
    los críticos del Doctor Perry. El clima de los negocios se ha deteriorado de
    manera tan grave que si 
    aplicáramos el indicador R desarrollado por la famosa
    revista The Economist, deberíamos concluir que nos enfrentamos a una penosa
    recesión. Para los que no conocen los secretos de la medición económica, debo
    aclararles que este indicador R se obtiene contando el número de veces que
    aparece mencionada la palabra recesión en los medios de comunicación.
    Un repaso a los
    indicadores confirman de manera fehaciente el tremendo fracaso de la política
    económica. Las metas de inflación parecen incumplibles. Las medidas adoptadas
    por el gobierno han sido insuficientes para lograr contener la inflación. El
    pacto social solo ha sido de obligatorio cumplimiento para las empresas de
    servicios públicos. El grave deterioro en sus finanzas que han puesto al país
    en peligro de un nuevo apagón no han servido de ejemplo para el resto de los
    agentes económicos. Los maestros, médicos y los productores en general, no han
    aceptado ajustar el crecimiento de sus ingresos a las metas fijadas en el Pacto
    Social.
    La desaceleración de la
    inflación lograda ha sido mínima y de ninguna manera compensa la revaluación
    del peso. Mientras que en el último año la inflación ha sido de casi un 
    veintidós por ciento la devaluación del peso no llega ni a un cuatro por
    ciento. En junio de 1994 cuando fue elegido Samper la tasa representativa era
    de 842 pesos por dólar mientras que la semana pasada casi un año después la tasa
    representativa era de 875 pesos por dólar. Si suponemos una inflación externa
    de cuatro por ciento y le añadimos la devaluación del cuatro por ciento
    tendremos que los exportadores están recibiendo hoy un ocho por ciento más que
    hace un año mientras sus costos han subido un veintidós por ciento. Esta
    pérdida de catorce por ciento en la competitividad externa del país contradice
    las promesas hechas por el gobierno a los exportadores y explican en buena
    parte el mal desempeño de la economía colombiana.
    El poco control sobre
    los precios y la revaluación real del peso tienen su origen en los altos
    niveles del gasto público. En una economía abierta la revaluación de la moneda
    y el incremento de los precios domésticos tienen su origen en un alto nivel de
    gasto público. La contracción monetaria solo tiene efectos transitorios sobre
    la economía pues la elevación de las tasas de interés atrae capitales que
    repercuten en incrementos en la oferta monetaria y en la revaluación de la
    moneda. En las economías abiertas, el incremento del gasto del gobierno termina
    desplazando, tanto el gasto en inversión privada como la demanda del resto del
    mundo.
    La poca credibilidad
    que ha despertado la política económica del gobierno es, sin lugar a dudas la
    principal causa de los problemas que se están viviendo. El público está
    pensando que los niveles de gasto público son incompatibles con una meta de
    inflación del 18 por ciento, con una devaluación del 15 por ciento y unas tasas
    de interés que permitan mantener altos niveles de inversión. La necesidad de
    replantear la política económica para asegurar un crecimiento dinámico de la
    economía debería ser evidente para el gobierno. Pretender desviar la discusión
    hacia la autonomía del Banco Central y a la necesidad de una coordinación mayor
    entre el Banco de la República no ayuda mucho. El gobierno debería poner su
    casa en orden aceptando que sus deseos de gastar están muy por encima de las
    posibilidades reales de la economía colombiana.

  • Tampoco fue en 1994

    La pérdida de confianza
    en la política económica de un gobierno es en extremo grave.
    Las cifras del costo de
    vida correspondientes a septiembre muestran que en 1994 tampoco se pudo cumplir
    con la meta de inflación. En efecto, en nueve meses la inflación llegó a
    18.14%, cifra muy similar a la establecida para todo el año. Más aún, la inflación
    en los últimos doce meses es superior a la meta establecida para los años 91 a
    93. Llevamos cuatro años sin haber llegado a una inflación anual inferior al
    22% a pesar de todos los esfuerzos del gobierno y el Banco de la República.
    Ante este permanente
    fracaso de nuestras autoridades económicas, cabe preguntar qué tan grave ha
    sido esto para el país. Sin llegar a la posición extrema de que toda inflación
    es mala y que por lo tanto la única meta razonable en el frente inflacionario
    es la de estabilidad total de precios, se podría decir que la lucha contra la
    inflación ha sido el mayor fracaso de la Administración Gaviria y puede llegar
    a convertirse en una gran frustración durante la Administración Samper.
    La pérdida de confianza
    en la política económica de un gobierno es en extremo grave. En la medida en
    que los agentes económicos no confien en que se van a alcanzar las metas
    establecidas, comenzarán a alterar su comportamiento y con ello contribuirán a
    que no se puedan cumplir las metas propuestas. Si todo el mundo se convence de
    que las autoridades económicas no toman en serio las metas inflacionarias y que
    en consecuencia no tomarán las medidas necesarias para alcanzar dichas metas,
    comenzarán a protegerse aumentando sus precios y buscando aumentos salariales
    inconsistentes con las metas del gobierno. Con políticas poco creibles el
    quiebre de las expectativas inflacionarias se convierte en tarea poco menos que
    imposible.
    La falta de
    credibilidad en las autoridades monetarias no solo hace difícil el logro de las
    metas de inflación sino que abre paso a una lucha de todos contra todos que
    conduce a cambios en los precios relativos agravando el problema de asignación
    de recursos. La infructuosa lucha contra la inflación en los últimos cuatro
    años ha venido acompañada de una importante revaluación real del peso. Si es
    grave que la inflación esté por encima de la meta oficial del 19 por ciento,
    más grave aún es que durante estos últimos doce meses la devaluación haya sido
    inferior al cuatro por ciento. El exportador ha experimentado un costo en sus
    gastos locales superior al 22% mientras que sus ingresos en pesos apenas ha
    sido de un ocho por ciento. Una brecha de esta magnitud es imposible de cerrar
    con un aumento normal de productividad.
    El aumento de los precios
    relativos de los bienes no transables ha sido otra de las consecuencias
    desafortunadas de nuestra lucha con la inflación. Los precios de la vivienda y
    de los servicios locales han crecido más rápido que los de artículos que entran
    en el comercio exterior y como natural consecuencia las inversiones se han
    dirigido a estos sectores en detrimento de los sectores orientados al comercio
    exterior.

    El fracaso reiterado de
    las políticas orientadas a la lucha contra la inflación no solo han tenido
    consecuencias graves sino que también puede influir negativamente en el futuro.
    Los empresarios y los trabajadores al revisar las cifras de septiembre de 1994
    y al pensar en la inevitabilidad del pacto social no pueden menos que dedicarse
    a pensar en la mejor manera de protegerse. Los empresarios tratarán de subir
    sus precios para que la posible concertación no los sorprenda con precios
    demasiado bajos. Los trabajadores buscarán mejorar su posición antes de que se
    de comienzo a tan novedoso experimento. Esta lucha para mejorar su posición en
    el partidor lo único que producirá será una aceleración de la inflación en los
    meses anteriores a la iniciación del pacto social.