Category: Constitución 1991

  • ¿Qué pasó en 1991?

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    Cuando se hace un
    análisis retrospctivo de las las políticas y metas económicas el resultado es
    muy desalentador.
    Al finalizar el año es
    útil hacer un análisis retrospectivo de lo que pasó en los últimos doce meses.
    Este análisis retrospectivo suele venir acompañado de una confrontación de lo
    realizado contra los que se había planeado al comienzo del año. Cuando se hace
    este ejercicio con las políticas  y metas
    económicas el resultado es muy desalentador. La meta de inflación que el
    gobierno de manera optimista fijó en el 22 por ciento no se pudo cumplir. Los
    resultados hasta noviembre muestran que la inflación terminará entre el 27 y el
    28 por ciento.
    A pesar de todo el
    esfuerzo de restricción en el crédito, no se pudo controlar el crecimiento de
    los medios de pago. Al comienzo del año los medios de pago estaban creciendo a
    una tasa anual de más del 30 por ciento. La triste realidad es que al final del
    año se conserva la misma tasa de crecimiento del dinero. Las restricciones del
    crédito tuvieron como consecuencia un aumento considerable de las reservas
    internacionales muy por encima de lo que se había proyectado al comienzo del
    año.
    Estos últimos quince
    meses no solo se han perdido en el control inflacionario sino que además han
    pasado en vano en el frente de la apertura. Como se quejan los amantes del buen
    vino, los precios de los bienes importados se han resistido a descender al
    mismo ritmo en que lo han hecho los aranceles. El poder monopólico de algunos
    importadores les ha permitido apropiarse de las rentas que antes iban al
    Estado. El consumidor sigue enfrentado a las mismas opciones. Los precios de
    los bienes producidos en Colombia no se han alterado en respuesta a una mayor
    competencia de los bienes importados. A pesar de las rebajas en los aranceles
    de los vehículos, nuestros carros siguen siendo los más caros del mundo.
    La privatización ha
    sido una gran frustración. Realmente en un año no se ha avanzado en este
    proceso. Las presiones sindicales han impedido avanzar en la privatización de
    las telecomunicaciones. Los servicios públicos locales siguen siendo manejados
    ineficientemente y continúan en manos del Estado. La privatización del servicio
    de recolección de las basuras en Bogotá se frenó a pesar de los óptimos
    resultados obtenidos. En la privatización de los ferrocarriles y de los puertos
    los costos de la liquidación de los trabajadores al servicio del Estado ha sido
    elevado. En el corto plazo los egresos por liquidación de personal han
    sobrepasado los ahorros en costos de operación. Los únicos ingresos a las arcas
    del gobierno debidos a la privatización se han originado en la venta de algunos
    bancos oficiales.
    La expedición de la
    nueva constitución si bien promete una mejora en el nivel de vida tiene un alto
    costo fiscal para el gobierno central al haber aumentado considerablemente el
    monto de las transferencias. Los cambios son de tal magnitud que van a requerir
    de un largo proceso de ajuste al nuevo marco normativo.
    Si el año 91 se perdió
    en muchos aspectos esperamos que el próximo sea mucho mejor. Hoy en día el
    equipo económico es mucho más homogéneo. Las peleas entre los integrantes del
    equipo económico parecen una cosa del pasado. El manejo macroeconómico
    evidentemente ha ganado con la creación de la Junta Directiva del Banco de la
    República. El asignarle las funciones de control monetario y cambiario a la
    nueva Junta Directiva de nuestro Banco Central indudablemente ha hecho más
    creíble la política de estabilización.
     
    Lamentablemente, la
    separación del Ministerio de Desarrollo en dos partes va a dificultar el manejo
    económico. Después de mucho tiempo el Ministerio de Desarrollo había logrado
    establecerse como una verdadera fuerza importante que podía liderar el proceso
    de apertura. El poder contar con el equivalente colombiano al legendario MITI
    japonés estaba comenzando a verse como una contribución importante en el
    proceso de apertura. La creación de un nuevo Ministerio en estas circunstancias
    puede llegar a convertirse en una serie de conflictos innecesarios para la
    inserción de Colombia en la economía mundial.
  • En espera de un nuevo “revolcón”

    El aumento en la
    responsabilidad del Estado y la transferencia de funciones a los niveles
    locales puede representar una magnífica oportunidad para mejorar el nivel de
    vida de los colombianos.
    Después de cinco meses
    de arduos trabajos, el 4 de julio se promulgó la nueva constitución. La
    Constitución del 91 consagra unas nuevas prioridades del gasto público. La
    nueva carta de navegación muestra una mayor prioridad en el gasto social que
    refleja el sentir ciudadano.
    La nueva constitución
    no solo reorienta las prioridades del gasto sino que cambia la responsabilidad
    de la prestación de muchos de los servicios sociales. La ejecución del gasto
    público se transfieren de la Nación a los Departamentos y Municipios.
    La transición hacia el
    nuevo orden constitucional puede causar algunos traumatismos. El aumento en las
    transferencias del gobierno central a las entidades territoriales va a causar
    un impacto negativo en las finanzas del gobierno central. Pues el monto de las
    transferencias a los gobiernos locales es superior al ahorro en los gastos
    transferidos a los niveles inferiores del gobierno.
    Para cubrir este faltante
    será necesario elevar los tributos a nivel nacional.  Infortunadamente, este aumento en los
    impuestos ocurre en una época en la que las finanzas públicas están siendo
    fuente de inestabilidad macroeconómica. Con ocasión de la visita del Fondo Monetario
    Internacional, el gobierno encontró que en lugar de tener unas finanzas
    equilibradas tenía un hueco del dos por ciento del PIB.
    Además de cubrir los
    gastos recurrentes que implican las nuevas responsabilidades, el gobierno
    central deberá contar con recursos para respaldar los pasivos de los
    trabajadores que se transfieran a los Departamentos y Municipios. El proceso de
    ajuste también va a implicar el pago de indemnizaciones a los empleados
    redundantes existentes hoy en día.
    El aumento en la
    responsabilidad del Estado y la transferencia de funciones a los niveles
    locales puede representar una magnífica oportunidad para mejorar el nivel de
    vida de los colombianos. Para esto es indispensable que el aumento del
    cubrimiento de los servicios venga acompañado de importantes aumentos en la
    eficiencia en la prestación de los servicios a cargo del Estado. Los cambios
    ordenados por la nueva Constitución, deberán por tanto, ser el resultado de un
    sistema en el que se minimice la ineficiencia natural del Estado. Este sistema
    debería tener al menos los siguientes elementos. Primero, en lo posible, el
    gobierno debería ser el financiador del gasto más bien que el responsable de la
    prestación de los servicios. Por ejemplo, sería deseable que el gobierno en vez
    de ampliar los cupos en los colegios oficiales, otorgara becas para que los
    jóvenes de escasos recursos asistan a colegios privados. La gran diferencia
    entre los costos reales de los dos tipos de instituciones educativas permitiría
    que con el mismo dinero se atendieran un mayor número de estudiantes si estos
    van a los colegios privados.
    Segundo, la eficiencia
    del gasto aumentaría en la medida en que el gobierno central estableciera un
    mecanismo de transferencias ligado a los resultados. Bajo este esquema, los colegios
    oficiales recibirían un reembolso por estudiante matriculado, en vez de obtener
    recursos para cubrir todos los gastos. En la medida en que los padres de
    familia tuvieran la libertad de elegir entre el sector privado y el público se
    introducirían factores de competencia que permitirían mejorar la eficiencia del
    gasto público.

    El revolcón en la
    prestación de los servicios públicos podría llegar a ser espectacular. Si los
    estudiantes de la Universidad Nacional recibieran directamente los subsidios
    del gobierno y lo pudieran gastar en cualquier Universidad del país es muy
    probable que muy pocos decidirían continuar en el claustro dirigido por el
    excéntrico Doctor Mockus.