Category: Auxilios parlamentarios

  • El triste espectáculo del presupuesto 1994

    La falta de discusión
    de las prioridades del gasto público es la manera más sencilla para caer en un
    caos fiscal.

    La atención del público
    estuvo puesta la semana pasada en la aprobación del presupuesto. El debate se
    centro en el tema de unas partidas presupuestales por cien mil millones de
    pesos y sobre su legalidad y moralidad. El monto total del presupuesto, su
    distribución por tipo de gasto, el efecto del gasto tanto en la asignación de
    recursos como en la estabilidad macroeconómica pasaron a segunda línea a pesar
    de su importancia.
    El triste espectáculo
    de la resurrección de los auxilios no puede ocultar el hecho de que la discusión
    del gasto público en Colombia es inexistente y consecuentemente, y que esto
    puede llevar a situaciones graves. La falta de discusión de las prioridades del
    gasto público es la manera más sencilla para caer en un caos fiscal.
    El proceso presupuestal
    anual debería ser la oportunidad para discutir cuales son las principales
    necesidades del país y como se van a satisfacer. Deberíamos discutir si lo que
    necesitamos es cañones o mantequilla. Si debemos reforzar los presupuestos de
    la defensa, si debemos construir más carreteras o si por el contrario lo que se
    requiere es mejorar las condiciones de la población colombiana mediante la
    inversión en capital humano reforzando los gastos en salud, educación y
    seguridad social.
    La discusión del
    presupuesto debería además servir para fijar compromisos entre el gobierno y el
    congreso. La entidad que fija el presupuesto para aprobar una partida debe
    conocer muy bien cuál es el objetivo que se va a cumplir con esa plata y debe
    además pedir cuentas de lo que se hizo en el pasado con los recursos asignados.
    No se puede seguir asignando partidas sin establecer unas metas físicas que
    puedan servir para evaluar posteriormente si se cumplió o no  con el objetivo propuesto. Cuando uno fija
    una partida para educación tiene que saber cuántos niños de primaria se van a
    educar, cuál va a ser la calidad de la educación que se va a impartir para
    poder evaluar si lo que se prometió obtener a cambio del dinero asignado
    efectivamente se logró. No podemos continuar asignado el gasto sin exigir al
    gobierno unos compromisos cuantificables y sin evaluar el impacto del gasto
    público.
    Las entidades del
    gobierno que reciben dinero deben ser responsables de cumplir con los
    compromisos adquiridos. Si su incumplimiento se vuelve crónico el país debe
    pensar en remedios drásticos para que funcionen bien o si no mejoran debe
    contemplarse su desaparición. La idea de un presupuesto base cero en el que las
    entidades deben justificar cada año su existencia es sin lugar a dudas un
    instrumento importante para mejorar le eficiencia del gasto público.
    La discusión del
    presupuesto es el momento propicio para evaluar si los recursos contemplados
    son suficientes y si realmente constituyen la mejor manera de obtener los
    recursos. Es el momento de pensar si se debe seguir dependiendo de impuestos
    indirectos o si se debe apelar más a los impuestos directos. También debe
    discutirse sobre la equidad de los tributos y por lo tanto es necesario pensar
    hasta que punto los impuestos que estamos usando son los más aconsejables desde
    el punto de vista de su efecto sobre la distribución de ingreso.
    Igualmente, la
    discusión del presupuesto debe contemplar el efecto que tiene sobre el entorno
    macroeconómico. No podemos ignorar que en las circunstancias actuales, cuando
    se ha abierto la economía,la política fiscal es el instrumento de política
    económica con mayor impacto. La tasa real de cambio, la tasa de inflación son
    determinados en muy buena parte por la política fiscal. Es inconcebible que
    estos temas no se mencionen cuando se discute el presupuesto ni que se ponga de
    presente el efecto pernicioso que pueda tener un desbordamiento del gasto
    público.

    Si el mico de los
    auxilios logra despertar la conciencia ciudadana sobre la importancia del
    presupuesto nacional habría prestado un buen servicio. Los candidatos a las
    corporaciones públicas y a la presidencia de la república deberían presentarnos
    propuestas creativas para mejorar la calidad de este proceso.
  • La Privatización de la ayuda a las Instituciones meritorias

    Para lograr una mejor
    asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin
    ánimo de lucro es necesario diseñar unos incentivos adecuados.
    En estos días se ha
    venido comentando las dificultades que han venido pasando las instituciones sin
    ánimo de lucro. Algunas de estas instituciones están prácticamente paralizadas,
    debido a que los auxilios no han podido ser girados pues no hay ningún
    funcionario que se atreva a enfrentarse a una posible demanda.
    Los abogados han venido
    proponiendo una serie de medidas que permitan resolver el problema jurídico que
    se presentó por el cambio en la Constitución. Indudablemente, es necesario que
    el Congreso defina la situación legal de los auxilios y que llene el vacío
    dejado en muchas materias. Las Corporaciones Regionales, por ejemplo, han
    quedado sin fuentes de recursos porque la constitución asignó a los municipios
    los impuestos sobre la propiedad raíz.
    Para un economista el
    problema creado por los auxilios tiene una solución diferente. El problema de
    la mala destinación de ellos es simplemente un caso típico de un abuso de la
    posición de monopolio. Los auxilios son mal utilizados porque no están
    reflejando las preferencias de los consumidores, sino más bien las preferencias
    de unos privilegiados, a quienes se les concedió el monopolio de la decisión
    del destino de estos.
    La triste realidad es
    que las preferencias de los que asignaban el gasto, casi nunca coincidían con
    las preferencias de los que ponían el dinero o sea los contribuyentes. Por lo
    menos en mi caso si me preguntaran que haría con mis impuestos, nunca se me
    hubiera ocurrido gastar mi dinero en beneficio de todos los proyectos en los
    que fueron gastados.
    El ponerle una
    cortapisa legal es muy probable que sirva para que en el futuro los auxilios
    tengan una mejor utilización. Sin embargo, el problema persistirá. El encargado
    de las decisiones siempre tendrá en cuenta sus preferencias, y no los de la
    comunidad. El querer poner demasiadas condiciones a la utilización de los
    auxilios conducirá a una situación en que muchas de las instituciones
    meritorias, como los hospitales, no gocen de auxilios suficientes porque
    incumplen con alguno de los requisitos.
    Adicionalmente, el
    exceso de regulación tiene un costo muy grande para la sociedad, pues el costo
    de administrar estos auxilios puede llegar a representar una fracción
    considerable del valor total. El neto que le queda a la institución, después de
    haber incurrido en altos costos en la tramitación, puede llegar a ser muy
    pequeño. Los administradores van a dedicar todo el tiempo a cumplir con una
    serie infinita de requisitos, y por lo tanto no podrán cumplir con sus labores
    de dirección.
    Para lograr una mejor
    asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin
    ánimo de lucro es necesario inyectar incentivos adecuados. El administrador
    debe concentrarse en prestar un buen servicio y el contribuyente debe expresar
    sus preferencias sobre las obras en las que se debe gastar el dinero. Una
    manera de lograr esto es haciendo que sea más atractivo el apoyar las
    instituciones meritorias. Si el ciudadano tuviera un buen incentivo tributario
    para apoyar la institución meritoria de sus preferencias, se podría lograr que
    las instituciones se dedicarán a conseguir el apoyo de los contribuyentes
    probablemente buscando prestar un buen servicio.

    Muchos podrían pensar
    que esta propuesta puede no tener validez, porque algunas instituciones no
    podrían contar con el apoyo suficiente, a pesar de un gran esfuerzo por
    despertar la solidaridad ciudadana. La respuesta a esta objeción sería que si
    se logra demostrar que dicha institución realmente debe existir, requería
    contar con un apoyo explícito del gobierno. Si se piensa que una entidad
    particular podría realizar más eficientemente la gestión, que una oficial,
    sería necesario realizar un contrato de administración con la entidad sin ánimo
    de lucro. El pago a este servicio debería reflejar el servicio prestado y no
    únicamente, un reconocimiento de los costos incurridos.