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  • Concesión de aguas

    El Departamento del
    Valle, el Gobierno Distrital y el Ministerio del Transporte han comenzado a
    estudiar la posibilidad de adelantar obras por el sistema de concesión.
    Uno de los temas más
    debatidos en Colombia pero que desafortunadamente no ha tenido los resultados
    esperados ha sido el de la Privatización. El Gobierno ha disminuido su
    participación en el sector Financiero y ahora está experimentando con la posibilidad
    de venderles Alcalis a sus empleados. A pesar de estos avances en el camino de
    la privatización, la participación del gobierno se mantiene en actividades que
    podrían ser desempeñadas mejor por el sector privado.
    La semana anterior el
    Presidente Gaviria en su viaje por los feudos electorales del Senador Víctor
    Renán Barco puso en funcionamiento el Proyecto Hidroeléctrico de La Miel. De
    esta manera, el Gobierno ha tratado de poner en funcionamiento esquemas de
    participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. El
    Departamento del Valle, el Gobierno Distrital y el Ministerio del Transporte
    han comenzado a estudiar la posibilidad de adelantar proyectos de
    infraestructura de transporte por el sistema de concesión. Con el esquema de concesión
    se busca que el sector privado construya, opere y transfiera después de unos
    años unas obras a cambio de la oportunidad de cobrar por la utilización de la
    obra.
    Los esquemas anteriores
    conocidos en inglés con las sigla B. O. T., presentan interesantes
    posibilidades para el caso colombiano. En primer lugar, este esquema permite
    liberar recurso del gobierno para atender otros frentes prioritarios. En
    segundo lugar, el concesionario tiene un buen incentivo para realizar las obras
    lo más rápido posible y al mínimo costo pues sus ganancias van a ser mayores en
    la medida en que se hagan ahorros en la construcción y operación de la obra. En
    este esquema el concesionario tiene un incentivo a minimizar los costos de
    construcción y operación, mientras que el contratista de obra pública casi
    nunca lo tiene. Unas buenas cláusulas de reajuste le pueden permitir a un
    contratista transferir los costos de las demoras al tesoro nacional. Una
    ventaja adicional del sistema BOT es el facilitar una verdadera transferencia
    de tecnología pues la contraparte colombiana tiene la oportunidad de ir
    aprendiendo la mejor manera de operar el servicio público.
    Para que el sistema de
    concesión funcione es necesario que el proyecto escogido tenga una rentabilidad
    económica clara. El sector privado y en especial una empresa extranjera busca
    asegurar la recuperación de su inversión y por lo tanto prefiere participar en
    proyectos en los que los ingresos directos sean la principal fuente de
    ingresos. En igualdad de circunstancias, el concesionario internacional
    prefiere un proyecto en el que pueda recuperar su inversión a través de tarifas
    a uno en que dependa del subsidio del gobierno. La experiencia le muestra que
    los gobiernos no siempre cumplen lo que prometen y que los giros de la tesorería
    son mucho menos predecibles y controlables que los pagos de un usuario
    satisfecho.
    Para ilustrar el
    enunciado anterior podríamos considerar la reacción de un consorcio extranjero
    que quisiera participar en una concesión en el Distrito Especial. Supongamos
    que las autoridades han contemplado dos posibles obras para ser construidas y
    operadas por el sistema de concesión. Si las dos posibilidades son un sistema
    de transporte masivo y la ampliación del acueducto de Bogotá, es muy posible
    que consideren más atractivo la ampliación del acueducto de Bogotá pues su
    inversión la pueden recuperar primordialmente a través de las tarifas. Muy
    pocos preferirían participar en el Proyecto de Transporte Masivo sabiendo que,
    de acuerdo con la experiencia internacional, ningún sistema de transporte
    masivo recupera todos sus costos y que por lo tanto tendrían que depender de un
    subsidio del gobierno distrital.

    Las preferencias de los
    posibles concesionarios podrían coincidir con las de los bogotanos. Los
    estudios de la CAR nos muestran que estamos cercanos a copar la capacidad del
    sistema de acueducto de Bogotá. El análisis de la CAR también muestra que el
    proyecto de ampliación del nuevo acueducto deben comenzarse a la mayor brevedad
    para poder asegurar el suministro futuro de agua potable de la capital y sus
    alrededores. Por todo lo anterior, parecería acertado empezar a analizar una
    posible concesión para la construcción de la ampliación del acueducto
    simultáneamente con el tema del transporte masivo. La convocatoria al sector
    privado a participar en la construcción de un sistema de transporte masivo
    debería ampliarse buscando la participación de constructores y operadores
    nacionales y extranjeros en la ampliación del acueducto de Bogotá.